La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha decidido anular el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público al entender que se ha dado una falta de motivación para que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le propusiera para el cargo. La decisión llega después de que se presentaran dos recursos al respecto, el de la Asociación de Fiscales (AF) y el de uno de los aspirantes a ese puesto, el fiscal José Miguel de la Rosa.
Ambos recayeron en la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, quien tras deliberar sobre las ponencias sobre esos recursos –que se han visto de forma conjunta pero no acumulada– ha decidido que se retrotraigan las actuaciones para que se motive en forma.
Cabe recordar que el texto de la AF, que ha criticado públicamente la «querencia» de Delgado por los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que perteneció– a la hora de acordar nombramientos discrecionales, ponía el foco en la designación de Esteban Rincón soslayando a De la Rosa, candidato que –a su juicio– atesoraba la mayor experiencia práctica y los mejores conocimientos jurídicos en la materia y que, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala.
Esteban Rincón ingresó en la carrera fiscal en 1988. Entre 2008 y 2013 fue Fiscal Jefe de Madrid, la Fiscalía más numerosa y compleja de todo el territorio nacional, que dirigió «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos», según tuvo en cuenta Delgado para su nombramiento. Además, fue fiscal ante el Tribunal Constitucional durante una década.
En un comunicado emitido el pasado marzo, la AF denunció que, como «norma general» en el comportamiento de Delgado, «sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los vocales electivos por la lista de la Unión Progresista de Fiscales, y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remita al Consejo de Ministros».
La asociación, presidida por Cristina Dexeus, se quejaba de que «transcurrido más de un año desde su toma de posesión, los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la fiscal general del Estado».
