La ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha aclarado si España recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que fija que se vulneró el derecho a un proceso justo del miembro de ETA Xavier Atristain y ha pedido que se deje «trabajar con tranquilidad» a la Abogacía del Estado, que todavía está analizando la viabilidad del recurso.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Llop ha subrayado que ni el Ministerio que dirige ni el Ejecutivo gobiernan a «golpe de titular». Así, ha insistido en que se trata de «un asunto muy grave» y «muy complejo» que es necesario que los servicios jurídicos del Estado puedan «reflexionar tranquilamente».
En este sentido, la ministra ha destacado que «todavía no ha transcurrido el plazo». En concreto, España tiene hasta el 18 de abril para presentar su escrito ante el tribunal con sede en Estrasburgo. «No debemos precipitarnos», ha dicho para después asegurar que es necesario «dejar a la Abogacía del Estado trabajar con tranquilidad».
El pasado 22 de marzo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se dirigió a Llop para preguntarle qué harían los servicios jurídicos del Estado. El magistrado Manuel Marchena elevó su pregunta al Ministerio antes de resolver el recurso de revisión que ha presentado Atristain contra la sentencia del Supremo de 2014 que confirmó la resolución emitida por la Audiencia Nacional en 2013 y por la que se le condenó a 17 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada y tenencia-depósito de armas y municiones.
Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, explicó que la viabilidad del recurso de revisión planteado por Aristain está condicionada a la firmeza de la sentencia dictada por el TEDH y que dicha firmeza depende de si la Abogacía del Estado recurre o no la resolución de Estrasburgo.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ya ha alertado de una «posible excarcelación masiva» de presos de ETA, con el correspondiente pago de indemnizaciones, si el Gobierno de España no recurre la sentencia del TEDH. Este martes, la titular de Justicia ha querido dejar claro que el Gobierno «está siempre con las víctimas».
«ES GRAVE QUE EL PP NO TENGA INTENCIÓN» DE RENOVAR EL CGPJ
Llop también se ha referido en el turno de preguntas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejando claro que «es grave que el Partido Popular no quiera cumplir con la Constitución» y «no tenga intención» de hacerlo. «Porque es una cuestión de Estado», ha recordado.
La ministra se ha expresado así tras ser preguntada por una entrevista en ‘El País’ del coordinador general de los ‘populares’, Elías Bendodo, que aseguró que el desbloqueo de la renovación «no es una prioridad» para el partido que lidera Alberto Núñez-Feijóo. «Hay una fecha en que se plantea, el 12 de junio. Ojalá llegue a buen puerto cuanto antes, pero la prioridad no es esta. Porque la gente no entendería que la prioridad fuera esta», añadía.
En este contexto, la titular de Justicia ha insistido en que la no renovación «está afectando directamente a los derechos de los ciudadanos» en tanto que es el órgano de gobierno de los jueves el encargado de «nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, que son quienes hacen la jurisprudencia que se aplica en los tribunales de instancia».
«Ya tenemos varias vacantes por jubilación. Está produciéndose un retraso de más de 1.000 asuntos al año que redunda en un perjuicio indudable para los ciudadanos», ha continuado Llop, que también ha puesto el foco en el «desprestigio institucional que puede ocasionar a la Justicia todas esas sospechas que algunos lanzan sobre la falta de independencia» del CGPJ.
