Uno de los peores daños que ha hecho la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a Venezuela fue la destrucción de la economía y el quiebre de la institucionalidad de ese país, que dejó al sistema financiero prácticamente en ruinas, con los índices de inflación más altos del mundo, un montón de billetes de la moneda local -bolívar- que no tenía ningún valor, y una dolarización de facto que ha sido la única alternativa de la población, para subsistir. Todo este panorama, aunado a la gran cantidad de venezolanos que han tenido que emigrar, generó la proliferación de envíos de remesas hacia el país suramericano, bajo un clima de total opacidad y poco regulado, sobre todo en España, donde hay más de 440.000 venezolanos residenciados.
El férreo control de cambio, instaurado en Venezuela desde 2003, limitó al máximo el acceso a las divisas dentro del país, y desde que la migración comenzó a ser importante, el flujo de envío de dinero, a través de canales «irregulares» se disparó de la misma manera. En la actualidad, en el país suramericano solo hay tres operadoras cambiarias que cuentas con los permisos de la Superintendencia de la Actividad Bancaria (Sudeban) para que los venezolanos puedan enviar o recibir moneda extranjera, por lo que 85% de las transacciones de recepción remesas se hacen de manera informal.
¿Cómo? Es muy común conseguir en redes sociales y grupos de whatsapp anuncios de un sinnúmero de plataformas y cuentas a través de las cuales se mueve, de manera informal, el dinero que sale desde España en euros y llega a Venezuela en forma de bolívares o dólares, con el respectivo cobro de comisión. En muchas ocasiones el precio al que se cambia la moneda europea apenas alcanza el precio de la norteamericana, y las transacciones se mueven dentro del sistema financiero como si se tratara de una operación entre particulares, que no tributa ni requiere mayor información sobre el origen o destino de los fondos, lo que se presta, evidentemente para el lavado de dinero.
En Venezuela existen solamente tres casas de cambio que oficialmente pueden operar: Italcambio, Zoom y Peninsular. Estas compañías, avaladas por el régimen de Nicolás Maduro, ofrecen la opción de comprar y vender divisas, a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela y su beneficio está en el cobro de comisiones que oscila entre 3 y 5 dólares por operación. Esta fue la única salida que tuvo el Gobierno venezolano para dinamizar un poco la economía de ese país y captar dólares, a partir de 2017, cuando la situación económica era extrema y se quedaban sin recursos, pero la población no confía cuando de por medio está la mano del Gobierno metida.
Fue precisamente ese «vacío» legal que existe en Venezuela el que propició el nacimiento de Shasta, una aplicación móvil creada por el español Alex Sicart y el venezolano Leonardo Montbrun, que sirvió para estafar a un importante número de personas y para sacar dinero de Venezuela, mediante una triangulación de lavado, que derivó en sendas investigaciones en ambos países.
Aunque Shasta ya fue desmantelada, en España todavía existen plataformas como Curiara, que básicamente hace lo mismo que hacía la aplicación de Montbrun, y utilizan la plataforma de pago de EasyPayment and finance EP, que era precisamente la que utilizaban en Shasta para hacer la triangulación del dinero que recibían en Venezuela, a través de el Banco Venezolano de Crédito y movían en España a través de esta plataforma, de manera irregular.
A principios de 2021, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos realizó una encuesta en la que determinó que 75 % de los venezolanos que vivían en España para ese momento hacían envío de remesas. Este estudio determinó que el envío promedio que hacen los venezolanos es de 150 euros mensuales, aproximadamente, lo que se traduce en que al ser tan pequeñas las cantidades de dinero que se mueven de manera informal, evidentemente el sistema financiero español no tendría ninguna alarma que le sugiera que podría haber alguna irregularidad en estas operaciones.
El problema se genera cuando se mueven cantidades superiores a los 3.000 euros, que las entidades bancarias están obligadas a notificar las sospechas al Banco de España, para que este organismo a su vez notifique a la oficina de Hacienda, que es la institución encargada de hacer las investigaciones correspondientes ante los posibles casos de fraude o lavado de dinero.
Al final, lo que sucede es que, a menos que haya movimientos exageradamente llamativos, las transacciones informales que procuran el envío de dinero a Venezuela no parecen estar monitoreadas por ninguna institución española.
