Los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, que dirigen Irene Montero e Ione Berlarra, han mostrado su «preocupación» por el cierre de un centro para víctimas de violencia de género. Lo hicieron este miércoles una carta a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa. Han lamentado el «eventual cierre del Centro de Atención y Recuperación Integral de Mujeres y sus hijos víctimas de violencia en el municipio de Coslada, en marcha desde 1991».
La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas alertó esta semana del peligro que corría este centro que, según ha explicado, ha visto cómo la subvención que le llega del 0,7% procedente de los impuestos de la Renta a las Personas Físicas se ha reducido este año en un 75%.
«Las trabajadoras, en un gesto de solidaridad excepcional están sin cobrar, los proveedores atienden los pedidos a crédito, pero es inaceptable e intolerable que la cuantía que se concede para un año en curso se vaya a entregar más de cuatro meses después, es decir, estamos a finales de abril y todavía no hemos percibido un céntimo», ha advertido la propia presidenta de la entidad, Ana María Pérez del Campo.
Desde Igualdad, recuerdan al Ejecutivo madrileño que en este ejercicio se han puesto en marcha líneas de subvenciones específicas para que las entidades «puedan ver complementados los fondos mediante esta vía».
ASISTENCIA INTEGRAL
De hecho, menciona de forma específica la convocatoria puesta en marcha por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género con subvenciones específicas por valor de 6,5 millones de euros en e laño 2022 para formación, investigación y sensibilización contra las violencias machistas, a la que, según ha indicado, «podrán concurrir entidades como la que gestiona el citado Centro».
Del mismo modo, ha señalado que la asistencia integral a estas víctimas es un mandato que se incluye en el Ley de violencia de género, aprobada en 2004, y también dentro del Pacto de Estado contra esta lacra renovado en esta legislatura.
«Nuestro deber, como administraciones públicas, es garantizar el acceso y el ejercicio de este derecho», apunta la misiva, firmada por la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, y su homólogo de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez.
El documento pide así la «atención urgente» de la consejera para «proteger la red de servicios de atención directa creada en la Comunidad de Madrid frente a la violencia de género y el trabajo que las entidades sociales realizan en el este sentido». «En este importante objetivo no dude en contar con la colaboración tanto del Ministerio de Igualdad como con el de Derechos Sociales y Agenda 2030», concluye la carta.
ACUERDO CON CCAA Y TERCER SECTOR
Precisamente, desde el departamento que dirige Ione Belarra han recordado que esta situación viene del acuerdo firmado en julio de 2021 con las CCAA y la Plataforma del Tercer Sector, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, que en el año 2017 resolvió que el Estado no tiene competencias para financiar atención social directa en el reparto del 0.7.
Según ha apuntado el Ministerio, la necesidad de firmar este acuerdo ha prolongado los plazos con respecto a años anteriores y, aunque según han explicado, la convocatoria gestionó «en tiempo record», las organizaciones sabían «desde hace tiempo» que iban a recibir un importe menor porque había que solucionar esta imposibilidad jurídica que existía.
Esta situación es la que llevó al Ministerio de Igualdad a proponer, en noviembre de 2021, en la renovación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que las entidades feministas con atención a víctimas reciban un porcentaje de los fondos del Pacto, según ha apuntado.
