El pleno del Concello de Ourense (el ayuntamiento de la ciudad) ha respaldado este lunes una moción del BNG (el Bloque Nacionalista Galego) que exige a la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico) que asuma íntegramente la financiación del futuro plan de transporte metropolitano, un proyecto que lleva meses encallado por su elevado coste. La iniciativa, que contó con los votos favorables de los nacionalistas y del PSdeG (el Partido Socialista de Galicia, federación gallega del PSOE), y la abstención de Democracia Ourensana (DO, el partido del alcalde), supone un nuevo capítulo en la tensión territorial sobre quién debe pagar la movilidad supramunicipal.
La corporación municipal rechazó previamente una enmienda del PP que pretendía centrar el debate únicamente en el ámbito del Concello, sin abordar la financiación autonómica. El resultado dejó al descubierto la compleja aritmética política local: el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se abstuvo pese a que su formación gobierna en minoría, lo que permitió que la moción saliera adelante con los trece votos conjuntos de BNG y PSdeG.
Durante la sesión, el portavoz del BNG, Xosé Manuel Puga, calificó la situación de «acta de defunción» del transporte metropolitano y reprochó al regidor que considerase el proyecto económicamente inviable. Jácome reconoció las dificultades: según las estimaciones de la Diputación de Ourense (el gobierno provincial), el servicio movería solo 270 viajeros al día, lo que dispara el coste por trayecto.
La diputada popular Ana Méndez puso cifras al despropósito: 29 euros por viaje, frente a los 16 euros que costaría poner un taxi a cada usuario. El PP instó al Concello a sentarse con la nueva concesionaria del autobús urbano para realizar un estudio de costes más minucioso, pero su enmienda fue tumbada. Desde el PSdeG, Alba Iglesias lamentó la «marxinación» de Ourense respecto a otras ciudades gallegas que sí disfrutan de planes de transporte financiados por la Xunta.
Puga insistió en que «non pode ser cuestión de cartos» y recordó que el proyecto piloto, diseñado con técnicos del Concello y de la Xunta, costaría tres millones de euros anuales. La réplica de Jácome fue que ese dinero es «desorbitado» y que, en su opinión, bastaría con que la Xunta reforzara las frecuencias actuales y compensase al Concello por los transbordos gratuitos con el bus urbano.
Ourense es la gran ciudad gallega que aún no tiene un plan de transporte metropolitano con respaldo financiero de la Xunta, y la votación de este lunes evidencia que el descontento por esa discriminación empieza a unir a fuerzas políticas muy dispares.
El resultado final de la votación deja claro que el pleno considera que la responsabilidad financiera debe recaer en el gobierno autonómico. La moción, aprobada en sus términos, reclama literalmente que «o proxecto piloto debe correr a cargo da Xunta», un coste que los técnicos han cifrado en esos tres millones de euros al año.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El pleno del Concello de Ourense ha aprobado una moción del BNG para exigir a la Xunta que financie íntegramente el plan de transporte metropolitano.
- ¿Quién está detrás? La moción fue impulsada por el BNG, apoyada por el PSdeG y se aprobó con la abstención de DO; el PP votó en contra.
- ¿Qué impacto tiene? Abre un pulso entre el Concello y la Xunta sobre quién debe pagar el servicio, cuyo coste anual se estima en tres millones de euros, y podría sentar precedente en otras ciudades gallegas.
El Laboratorio Gallego
La pugna por la financiación del transporte metropolitano es un clásico de la política autonómica española, pero en Galicia adquiere un cariz particular. La Xunta, controlada por el PPdeG (el Partido Popular de Galicia) con mayoría absoluta, ha extendido este tipo de planes en A Coruña, Vigo o Santiago de Compostela, mientras que Ourense –la ciudad con menor población de las cuatro capitales– sigue esperando. Esta discriminación, denunciada por PSdeG y BNG, alimenta un malestar local que el lunes consiguió mayoría en el pleno.
El contexto político gallego actual muestra a un PPdeG que retiene todo el poder institucional autonómico y que, en materia de transporte, mantiene un modelo de financiación centralizado. El BNG, como principal fuerza de la oposición en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa autonómica, con 75 diputados), intenta convertir cada episodio municipal en una cuestión de modelo territorial, mientras el PSdeG aprovecha el descontento para erosionar al gobierno de Alfonso Rueda. La votación de Ourense refleja ese juego de espejos: el PP local quedó aislado, el BNG capitalizó la iniciativa y el alcalde de DO, que suele alinearse con la Xunta, optó por la abstención táctica.
A nivel nacional, el caso ourensano conecta con el debate sobre la suficiencia financiera de los entes locales y la necesidad de que las comunidades autónomas asuman los costes de los servicios supramunicipales. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local sigue generando roces entre ayuntamientos y gobiernos regionales por todo el país. Si Ourense logra arrancar el compromiso de la Xunta, otras ciudades medias podrían imitar la estrategia, aunque la fortaleza presupuestaria de la administración autonómica gallega –con un déficit controlado y una presión fiscal moderada– hace que la respuesta no sea sencilla. La próxima reunión del Consello de Goberno (el ejecutivo autonómico) podría revelar si hay margen para abrir una negociación o si, como teme el BNG, el proyecto queda definitivamente enterrado.
Ficha del Caso
- El caso: El pleno del Concello de Ourense aprueba una moción del BNG para reclamar a la Xunta la financiación íntegra del plan de transporte metropolitano, estancado por su alto coste.
- Datos importantes: Coste estimado por viaje: 29 euros según la Diputación, frente a 16 euros en taxi. El proyecto piloto costaría 3 millones de euros al año. La moción se aprobó con los votos de BNG y PSdeG y la abstención de DO; el PP votó en contra.
- Resumen: La votación muestra un frente común ourensano para que el gobierno autonómico asuma el gasto, pero el alcalde y la Xunta dudan de su viabilidad. La desigualdad con otras ciudades gallegas añade presión al PPdeG.
