El Congreso prevé decidir la primera semana de octubre si da vía libre al Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Este es el calendario que maneja la Cámara después de que este jueves la Comisión del Estatuto del Diputado haya dado de plazo a Casero hasta el próximo lunes para presentar alegaciones ante el suplicatorio solicitado por el alto tribunal.
Fuentes parlamentarias han adelantado a Europa Press que, en principio, Casero no tiene previsto comparecer ni presentar escrito alguno. En cualquier caso, la comisión encargada de tramitar el suplicatorio, volverá a reunirse el próximo martes, día 27, para votar el asunto y elevar su acuerdo al Pleno de la Cámara.
Según el Reglamento del Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara pero, en este caso, como en ocasiones anteriores, se ha optado por un procedimiento exprés. Así las cosas, la previsión es que el Pleno vote el suplicatorio el día 6 de octubre y autorice a Supremo a proseguir con su investigación al diputado ‘popular’.
INDICIOS DE DELITO POR SU ETAPA DE ALCALDE
En concreto, el magistrado Andrés Palomo quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.
El diputado extremeño, un estrecho colaborado del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, era precisamente el representante del PP en la comisión que estudia los suplicatorios hasta que fue relevado en los cambios introducidos en el Grupo Popular tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. Ahora la portavocía está en manos de Ángel Luis González.
El debate y votación de los suplicatorios, tanto en la Comisión del Estatuto del Diputado como en el Pleno del Congreso, se desarrolla a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
TODO A PUERTA CERRADA
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio. Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
32 SUPLICATORIOS CONCEDIDOS, EL ÚLTIMO EL DE BORRÀS
El último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En una votación secreta, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; en contra se posicionaron los 14 que suman Junts y el PNV y se registraron también cinco abstenciones.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
