España espera llegar a un 1,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en gasto militar en el año 2023 con el aumento del 25,8 por ciento de la dotación destinada a la política de Defensa en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobado por el Gobierno esta semana. En total, el Presupuesto de Defensa alcanzará los 12.825 millones de euros en 2023. Según justifica el Ministerio dirigido por Margarita Robles, se trata de «un presupuesto para la paz y un impulso a las capacidades militares y a la base industrial y tecnológica de la defensa y el empleo».
Defensa explica que el incremento de su dotación permitirá a las Fuerzas Armadas mantener las capacidades operativas disponibles en la actualidad y además adquirir nuevos sistemas de armas y sustituir los que se vayan quedando obsoletos. El apartado que más sube es el de los denominados programas especiales de modernización (antes planes especiales de armamento), que aumentan un 72% más respecto a lo presupuestado en 2022. Defensa sostiene que se trata de «un estímulo» para la industria militar y la creación de empleo.
En concreto, el proyecto de Presupuestos contiene para estos programas 4.902 millones, que Defensa asegura que contribuirán a crear 22.667 empleos de forma directa o indirecta. Entre los proyectos contemplados para el próximo año se encuentran el programa EF-2000 en Getafe; el programa A-400M que ha permitido contar con una línea de ensamblaje final en Sevilla; el programa S-80, en Cartagena; el programa BAM-IS en la bahía de Cádiz; los programas asociados F-110, en Ferrol o los programas asociados VCR 8×8, repartido entre Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid.
Pero además, se prevé poner en marcha nuevas inversiones, como el programa para el Avión Patrulla marítima MPA, el programa para los Buques hidrográficos o el programa para el Avión Vigilancia Marítima VIGMA, entre otros. Además, la partida destinada a gastos de personal experimenta una subida del 6,2% respecto al presupuesto base del año 2022 al incluir el crecimiento del 3,5 por ciento previsto para todos los empleados públicos.
