Tras haber pasado el primer mes desde que entraron en vigencia las medidas de ahorro energético, impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, las promesas que había hecho el Ejecutivo de imponer multas de entre 60 mil y 100 millones de euros para quienes no cumplieran con lo establecido por las autoridades, se quedaron en meras amenazas.
El Gobierno se comprometió con Bruselas a reducir en 15% el consumo de gas, como parte del plan de emergencia desarrollado a consecuencia de la invasión militar de Rusia a Ucrania y las consecuencias que ello trajo a la Unión Europea, en materia energética. Entre las medidas que impuso el Gobierno de Pedro Sánchez se estableció que la temperatura de los aires acondicionados debía mantener se a 27 grados durante el verano y a 19 grados durante el invierno, así como la orden de apagar los escaparates de los establecimientos comerciales a las 10 de la noche y la instrucción de instalar puertas corredizas para mantener la temperatura dentro de los locales.
Desde la Confederación Española de Comercio (CEC), los portavoces han indicado que hasta este momento solo 10% de los comercios han podido cumplir con la exigencia de instalar las puertas corredizas que las autoridades españolas señalaron que debían adquirir para la ejecución del plan de ahorro energético. El organismo pide al Ejecutivo un plazo de por lo menos tres meses para poder hacer las adecuaciones necesarias para poder cumplir con lo establecido, pues para muchos de los locales significa una inversión importante que no podrían asumir en el corto plazo.
Al final, el Gobierno jugó al juego del lobo feroz, con las amenazas que anunciaron para tratar de obligar a los comercios de todo el país a cumplir con las medidas impuestas por el Ejecutivo, que entraron en vigencia el pasado 10 de agosto y para el momento en el que fueron aprobadas y anunciadas, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo había advertido que harían cumplir la ley, en pro de la promesa que España le había hecho a Bruselas.
Sin embargo, esta misma semana la ministra Reyes Maroto aseguró, en declaraciones a algunos medios de comunicación, que el Gobierno sería «más flexible» y que no sancionaría tan pronto a los comercios que no logren adecuarse a las medidas exigidas desde el Ejecutivo, y que además serán otorgadas algunas ayudas para colaborar con los comercios, para que finalmente puedan adaptarse a lo que establece la ley.
Desde la Confederación Española de Comercio aseguran que serían por lo menos 120 mil comercios en todo el país los que necesitarían adecuarse a lo que consideran que es la medida más complicado de cumplir, que es la instalación de la puerta corrediza para conservar la temperatura dentro de los establecimientos. «Hay negocios que fueron creados para no tener puertas y la nueva ley exige un completo replanteamiento del local que va más allá de instalar una puerta” explicó Rafael Torres, presidente de CEC.
Desde el organismo advierten además que los plazos que dieron las autoridades para que los comercios pudiesen adecuarse a las medidas era completamente inalcanzable para muchos de los establecimientos del país. La CEC recordó que el Ejecutivo había prometido que las Comunidades Autónomas recibirían por lo menos 100 millones de euros para contribuir con los comercios, para que lograran adecuarse al cumplimiento de las medidas, pero consideran que se necesitaría, por lo menos, el doble de recursos para que todos los negocios que deben hacer las adecuaciones pudiesen ser beneficiados con esta ayuda, con la intención de que puedan cumplir con lo establecido. Estas medidas impuestas por el ejecutivo estarán vigentes hasta noviembre de 2023.
Las sanciones a las que hacía referencia la ministra Reyes Maroto cuando amenazaron a los comercios con imponer multas, son las contempladas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y que a su vez son recogidas en los artículos que van del 30 al 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio sobre infracciones administrativas.
De acuerdo con lo que dijo recientemente la ministra Maroto a una radio regional, el Gobierno ha decidido ser consecuente con los tiempos que los comercios necesitan para ir adecuando sus infraestructuras para poder cumplir con las medidas y será después de este tiempo que se comiencen a contemplar las posibilidades de imponer las sanciones a quienes se nieguen a incumplir con lo que manda el decreto.
Hay que recordar que el decreto ley donde fueron aprobadas las medidas que están obligadas a cumplir los comercio españoles y las instituciones públicas va a ser tramitado finalmente como proyecto de ley por lo que las enmiendas presentadas introducirán cambios en el mismo por lo que “lo lógico y sensato – a juicio del presidente de la Confederación Española de Comercio- es esperar que se apruebe la ley definitiva para que el sector sepa con certidumbre qué obligaciones han de cumplir”.
