El Consejo de Ministros aprobará este martes 15 de noviembre, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Estrategia de Erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, según han informado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
Esta Estrategia viene dada como mandato de la Ley integral de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), también conocida como ‘Ley Rhodes’ —por el pianista del mismo apellido (James Rhodes), que sufrió abusos en su infancia–, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2021.
Tras la aprobación de esta norma, la Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia busca ser la hoja de ruta para que las diferentes administraciones, entidades y actores trabajen para fortalecer el trabajo de prevención, detección e intervención temprana de todas las formas de violencia.
De esta forma, el Gobierno cumplirá con la obligación que aparece recogida en la LOPIVI, donde se puede leer que «la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades locales elaborará una Estrategia nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de erradicar la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
Además, la ley precisa que esta Estrategia se aprobará por el Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial de infancia y adolescencia y se acompañará de una memoria económica en la que los centros competentes identificarán las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que habrá de financiarse.
Asimismo, la ley establece que en la elaboración de la Estrategia se contará con la participación de niños, niñas y adolescentes a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia.
Por otra parte, tal y como mandata la ley, anualmente, el órgano al que corresponda el impulso de la Estrategia deberá elaborar un informe de evaluación acerca del grado de cumplimiento y la eficacia de la Estrategia.
