Hasta 13 organizaciones sociales, como Salud por Derecho, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) o Ecologistas en Acción, se han unido para pedir al Gobierno que durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea tenga como una prioridad la aprobación de esta nueva directiva sobre calidad del aire.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo está trabajando en una revisión de la directiva de la Unión Europea sobre calidad del aire. En julio, el Parlamento emitirá un informe y a partir de ahí comenzarán las negociaciones entre los tres organismos europeos: la Comisión, el Parlamento y el Consejo.
En una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al ministro de Sanidad, José Miñones, las organizaciones han pedido al Gobierno «liderazgo y acción política» para impulsar esta nueva norma, que, a su juicio, «debe estar alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los valores límites de calidad del aire y el cumplimiento por parte de los países en 2030«.
En la misiva, las entidades recuerdan que el nivel de vulnerabilidad de las personas frente a la contaminación atmosférica «escapa al control individual, ya que evoluciona con la edad, el estado de salud, la situación socioeconómica y el lugar donde se vive, estudia o trabaja».
Por ello, piden que la directiva establezca unos límites sobre la exposición a la contaminación que sean «legalmente vinculantes» y que permitan proteger, especialmente, a las poblaciones más vulnerables; así como un aumento de las estaciones de control de la calidad del aire donde estén representadas las desigualdades sociales; un aumento de las sanciones en caso de incumplimiento; y más transparencia e información pública sobre la calidad del aire como «medida de salud pública que ayude a prevenir y proteger a la población«.
Asimismo, destacan que se trata de un asunto «urgente» y reclaman no desaprovechar este momento para «prevenir la muerte prematura de miles de personas, así como evitar la carga sanitaria que suponen las enfermedades crónicas (incluidas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, los ataques de asma, etc.) como consecuencia del aire que respiramos».
