El octavo investigado en la presunta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar (Almería), en este caso por «beneficiar» supuestamente al PP, es funcionario municipal, además de tener «vinculación al partido».
Fuentes de la investigación han indicado que su arresto el pasado domingo se debe a la requisitoria que pesaba sobre él y que se activó al ser «identificado» cuando acudió, previa citación, a declarar ante los agentes de la Guardia Civil.
La orden de busca y captura la emitió el Juzgado de lo Penal 1 de Almería en agosto de 2020 a raíz de ser condenado a seis meses de prisión como autor de un delito de receptación, y le fuera denegada la suspensión de la pena ya que, en el momento de esos hechos, contaba con diferentes antecedentes penales por delitos de amenazas, robo con violencia, falsedad en documento público y apropiación indebida.
Fuentes del caso han precisado que la condena que ha llevado a prisión al investigado, que ejercería de sepulturero en el municipio, fue por adquirir un saxofón que había sido robado por terceras personas en un establecimiento hostelero de Mojácar y, posteriormente, hacer entrega por «250 euros» el instrumento musical a su legítima dueña.
El nuevo imputado, que responde a las iniciales L.M.L.R., había quedado «fuera del radar» de los investigadores de la UCO en el transcurso de las diligencias practicadas por orden del juez que explotaron el día 25 con la detención de siete personas, entre ellas los números 2 y 5 de la candidatura del PSOE en Mojácar.
Fue uno de los arrestados el que le señaló como «implicado» en la supuesta compra de votos, pero a «beneficio del PP» en declaración que hizo en el juzgado de instrucción, y después de negarse a prestar testimonio ante la Guardia Civil.
El juez ofició entonces a la UCO para que lo citase a declarar como investigado y, una vez compareció, se comprobó que le constaba la requisitoria que le ha llevado a prisión.
Fuentes de la investigación han precisado que el juez mantiene el secreto de actuaciones en la pieza separada que ha incoado a raíz de estas nuevas revelaciones y que la investigación para que se esclarezcan los hechos está aún en marcha y «abierta».
No obstante, si ha alzado el secreto de sumario de las diligencias abiertas en relación al PSOE por la que están investigadas diez personas, seis de nacionalidad española y tres ciudadanos de Paraguay, Ecuador y Colombia.
De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.
La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio. Previamente, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Manuel Zamora, había dirigido un escrito a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera ese mismo domingo para pedir que se custodiaran los sobres de cara a su «análisis pericial y judicial».
Zamora incidía en su denuncia en el «extraordinario» número de votos por correo en estas elecciones locales en Mojácar, con diferencias «notables porcentuales» con las nacionales y autonómicas, lo que se unía a los «acontecimientos acaecidos», por lo que consideraba esta medida podía «constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa».
Cabe recordar que el candidato del PSOE también interpuso una denuncia el pasado 16 de mayo en relación a otro presunto fraude ligado a las votaciones, esta vez, en relación al PP no solo a través del voto por correo sino también por supuestos beneficios a través de cestas de comida para los usuarios de los Servicios Sociales, conforme al escrito presentado ante la Guardia Civil.
Al respecto, el titular del mismo juzgado, en el que ha recaído la denuncia al estar en funciones de guardia, ha acordado remitir al Decanato de los Juzgados de este partido judicial la denuncia presentada por el PSOE contra el PP. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación al respecto.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que posteriormente se sumaron otras de particulares. Así, en el marco de la misma el juez que autorizó la intervención del teléfono de, al menos, Cristóbal Vizcaíno, quien aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia germen de la operación.
La desarticulación de una supuesta trama para la compra de voto por correo entre residentes de origen latinoamericano en el municipio se saldaba con el arresto de siete personas, la imputación a otras tres, y la incautación de «abundante» documentación indiciaria en la decena de registros que se practicaron en domicilios y locales.
En las primeras horas, buena parte de las pesquisas se orientaron a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos habían mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.
Las actuaciones, que se han prolongado durante un mes y en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se esta produciendo o no fraude electoral en este municipio habría recabado «indicios claros» sobre la de captación previo pago económico o prebendas del voto por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.
Entre los investigados constan seis personas de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores.
En los registros, los agentes se incautaron de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos. Los implicados en la presunta trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos esta se elevaría a 200 euros.
