Funcionarios de la Administración de Justicia se han encerrado este miércoles en varios juzgados y sedes de Justicia en diversas comunidades autónomas y han avisado -en un comunicado emitido por CCOO- de que estarán «hasta que el Ministerio no convoque al comité de huelga para negociar».
«En los casos de las asambleas de Madrid, Barcelona y Murcia se ha acordado la permanencia en las sedes judiciales sin abandonar las mismas como medida de presión«, ha señalado el sindicado.
Fuentes cercanas a la negociación han precisado que la medida ha sido secundada por al menos dos de los cuatro sindicatos que conforman el comité de huelga -CCOO y STAJ-, no así por CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios de la Administración de Justicia.
Cabe recordar que el comité de huelga está integrado por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT y que hasta ahora todos han participado unidos en las medidas de presión acordadas para reclamar sus reivindicaciones ante el Ministerio. Los cuatro participaron en las tres reuniones que se han celebrado con el equipo de Pilar Llop y están detrás de la huelga que empezó el pasado 17 de abril con paros parciales y que se endureció el 22 de mayo con paros totales.
Según han informado CCOO, los encierros se han acordado, entre otros, en la sede de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid y en las Ciudades de la Justicia de Barcelona y Murcia «como una nueva medida de presión en el conflicto que se alarga ya más de dos meses», a su juicio, por la «irresponsabilidad» del Ministerio de Justicia y del Gobierno.
Desde STAJ han indicado que varios grupos de funcionarios «protagonizan encierros en sedes judiciales de Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Barcelona», al tiempo que han recalcado también que esta medida continuará «hasta que el Ministerio de Justicia convoque al comité de huelga para negociar».
El encierro ha tenido lugar en el marco de la celebración de una serie de asambleas por parte del personal de la Administración de Justicia. Los cuatro sindicatos que conforman el comité de huelga convocaron estas asambleas en todo el país para «informar sobre las nuevas medidas de presión acordadas por el comité de huelga», en referencia a las manifestaciones programadas en Madrid para el 27 de junio y el 13 de julio y las manifestaciones previstas en las capitales de provincia el próximo 29 de junio.
Según han indicado, también han acordado continuar con los «contactos» con los partidos políticos «para que se pronuncien y asuman las reivindicaciones si llegan al Gobierno». Asimismo, han considerado pertinente limitarse a realizar las funciones que les atribuye la ley, «exigiendo la presencia de jueces y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en las actuaciones procesales en las que la ley así lo dispone«.
Desde CCOO han afeado que ahora el comité de huelga solo haya podido mantener tres reuniones con el equipo de Llop: una el 20 de abril; otra el 24 de abril; y una última el 6 de junio. A su juicio, el Ministerio ha adoptado una «actitud incomprensible, irresponsable e ilegal», que ha sido «amparada» por el Ministerio de Hacienda y el presidente del Gobierno.
En ninguna de las tres se ha debatido una oferta económica; en la última, Justicia ofreció a los sindicatos el compromiso de retomar la negociación una vez superadas las elecciones del 23 de julio y conformados los gobiernos autonómicos y central. El comité de huelga rechazó este ofrecimiento y optó por encerrarse en la sede del Ministerio, aunque tres días después abandonó el edificio avisando que el conflicto aún no ha terminado.
El pulso de los funcionarios tiene lugar después de que el Ministerio de Justicia firmara un acuerdo con los LAJ en el que se aprobó una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes tras dos meses de huelga en la que, según los datos de las asociaciones convocantes, se suspendieron unos 356.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 424.000 demandas y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.
Tras aquel pacto adoptado con los Letrados de la Administración de Justicia, otros sectores -como el de jueces, fiscales y funcionarios- avisaron de que pedirían también subidas de salarios en la misma línea. De hecho, las asociaciones de jueces y fiscales llegaron semanas después a un acuerdo en el que firmaron una subida similar.
En cifras absolutas, los letrados consiguieron un incremento total de 22,7 millones de euros para unos 4.000 LAJ, mientras que jueces y fiscales lograron unos 46,7 millones de euros para los 8.000 miembros de ambas carreras. Los dos importes están por debajo de los 200.000 millones de euros que reclaman los 45.000 funcionarios, lo que se traduciría en un incremento de hasta 430 euros brutos al mes.
