La Audiencia Nacional juzgará desde este jueves a parte del clan de los charlines por blanqueo de capitales derivados del tráfico de droga cometido en el seno de una organización delictiva. En total se sentarán en el banquillo diez miembros del clan, si bien el principal investigado en esta causa, el capo de la droga y patriarca de esa familia, Manuel Charlín, falleció en 2021 a los 89 años.
La Fiscalía Antidroga, en su escrito de acusación solicita penas que van de los 5 a los 6 años de prisión para cada uno de los acusados, entre los que se encuentran hijos y nietos del capo, y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno.
Interesa asimismo el decomiso definitivo en favor del Estado de la totalidad de los elementos patrimoniales que se usaron para posibilitar el blanqueo de dinero logrado por el narcotráfico, y en concreto se refiere a una depuradora de marisco en la Isla de Arosa (Pontevedra), varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suiza y cantidades equivalentes a lo invertido en China y que ascendería a casi 2 millones de euros.
Antidroga explica que como consecuencia de la actividad del narcotráfico «los acusados integrantes del clan familiar de los charlines se han venido enriqueciendo con el producto de la venta de sustancias estupefacientes», y con la finalidad de ocultar el «importante patrimonio ilícitamente obtenido (…) crearon todo un entramado de personas, sociedades y otras formas jurídicas interpuestas que obedecían a la finalidad de evitar que el producto de esa actividad ilícita llegara a figurar en algún momento a su nombre».
Así, continúa la Fiscalía, pudieron introducir en el tráfico mercantil «ingentes ganancias» y crearon una apariencia de licitud de tales ingresos y lograron la ocultación de su origen. Añade que quien tenía la última palabra siempre era el capo Manuel Charlín Gama a pesar de que estuviera cumpliendo pena de prisión, porque «era consultado acerca del destino y de la actuación en relación con determinados bienes».
El Ministerio Público recuerda que ya en 2003 hubo una primera sentencia por blanqueo contra varios de los componentes del clan, pero apunta que esto no impidió que con posterioridad la actividad de ocultación y transformación de la titularidad y origen de los bienes continuó.
En concreto, Antidroga explica que en mayo de 2008 se subastó por orden judicial una depuradora de marisco y los terrenos adyacentes a la misma que habían pertenecido a Teresa Charlín Pomares, hija del capo. Y explica que a esa subasta asistió la hija de Teresa, Natalia Somoza -encausada- que se hizo con todo por 795.000 euros. «Sin embargo fue consciente en todo momento de no ser más que un simple testaferro de su madre que era quien realmente ponía el dinero y adquiría para sí los bienes subastados», señala el fiscal para luego apuntar que la cantidad abonada provenía del narcotráfico.
Suma a esto que los terrenos adquiridos en subasta fueron finalmente adjudicados una constructora para colocarlos a nombre de otro hombre de paja, Ramón Rodríguez Paz -también encausado-, «a pesar de continuar siendo en realidad de Teresa Charlín.
Con el mismo propósito de ocultar el origen ilícito de las cantidades procedentes de la droga, el clan invirtió 1,95 millones de dólares en una planta de elaboración y transformación de productos del mar en la ciudad china de Qingdao.
El Ministerio Público indica que los acusados invirtieron en la puesta en funcionamiento de la fábrica y en el arrendamiento de los terrenos circundantes por 50 años. «Se trataba de una operación de inversión arrendaticia a largo plazo, no de la compra de la planta», recuerda el escrito que añade que la inversión se hizo desde una mercantil ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
Sobre esa planta, se explica que el clan subarrendó su explotación tras varios años por el precio de 7.000 euros mensuales, por lo que lograban rentas de apariencia lícita. Y añade que en 2009 trataron de traspasar el negocio para reintegrar en su patrimonio lo invertido. Sin embargo, las autoridades chinas les han quitado los derechos sobre esa planta al retirarles la licencia de actividad por no pasar las revisiones a las que estaban obligados.
Fiscalía señala que la investigación policial permitió dar con varias cuentas abiertas en entidades bancarias suizas donde se ingresaron importantes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico. Las nutrieron entre 2000 y 2010, y el objetivo era ocultar esos fondos al fisco español y a las autoridades que persiguen el blanqueo.
Según el Ministerio Público, en la cuenta titulada ‘Malla’ hallaron 1,3 millones de euros, en ‘Viauton’ un total de 757.844 euros, y en la cuenta ‘Blue’ 239.424 euros.
