El juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘operación Titella’ interrogará nuevamente la próxima semana al productor de televisión José Luis Moreno, el presunto cabecilla de la macroestafa, y hará lo propio con otro de los investigados: el expresidente de Radio Televisión Española José Antonio Sánchez Domínguez.
Así consta en una providencia, en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, cita como investigado a Sánchez Domínguez el lunes a partir de las 09.30 horas. Ese mismo día, además, tomará declaración como imputados a Antonio Gómez Carnicer, y a los exdirectores de Contenidos y Programación del ente público Fernando López Puig y Antonio Luis Sevilla.
El turno de Moreno llegará el miércoles a partir de las 09.30 horas. Será la segunda vez que el ventrílocuo declare en fase de instrucción -se acogió a su derecho a no declarar tras ser detenido en julio de 2021– después de que el magistrado le interrogase en febrero del pasado año, precisamente, a petición del propio productor televisivo.
En aquella declaración Moreno negó cualquier ilegalidad en relación con la presunta macroestafa asegurando que no era «capo» de nada sino un empresario con una larga trayectoria.
Cabe destacar que estas declaraciones traen cuenta del análisis de las agendas que Moreno guardaba en su domicilio de Boadilla del Monte en el momento de su detención y que revelan, según sostienen los investigadores, que recurrió al actor Santiago Segura como «garantía» para firmar un contrato con Televisión Española por valor de más de 6 millones de euros.
Así se desprende de un informe elaborado por la Guardia Civil en el que los agentes explican que Moreno y su número dos, Antonio Aguilera, utilizaron la sociedad Integral Mundo Producciones para firmar un acuerdo con el ente público gracias a la «colaboración» de Segura y tras mantener «numerosos contactos y reuniones con el entonces presidente de RTVE José Antonio Sánchez y los directores de Contenidos y Programación Antonio Luis Sevilla y Fernando López Puig.
Un día antes, el martes de la próxima semana, el magistrado interrogará como investigados a Juan José Manzano, Vicente Velasco y Diego Casado. Por último, el viernes el juez tomará declaración como testigo a un inspector.
Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.
