El Pleno del Congreso debatirá este martes 12 de diciembre una iniciativa de Vox para volver al Código Penal anterior a la ley del ‘sólo sí es sí’, que distingue entre agresión y abuso sexual y modificarlo para aumentar las penas.
Según expone la formación en la exposición de motivos, resulta «urgente» endurecer «la respuesta jurídico penal aparejada a la comisión de ciertos delitos contra la libertad e indemnidad sexuales», así como «retomar la diferenciación tipológica entre la agresión y el abuso sexual», dos conductas que, a su juicio, «son distintas y merecen un diferentes reproche penal».
En esta línea, el grupo parlamentario Vox defenderá la «preocupante» tendencia al alza de las violaciones perpretadas por dos o más personas y de los delitos sexuales cometidos contra menores o personas con discapacidad. «Se trata de conductas que generan una gran alarma social por lo aborrecible de estos delitos, en las cuales la víctima se encuentra en situación de particular vulnerabilidad por la superioridad numérica de sus agresores o por la inocencia propia de su edad o condición», señala.
También recalca que otro de los objetivos es «restaurar la diferente calificación penal de las conductas de agresión y abuso sexuales», ya que considera que es una normal «injusta» por tratar igual dos acciones que «son desiguales en gravedad» y por haber sido la herramienta que «ha propiciado la excarcelación prematura y la reducción de condena de cientos de delincuentes sexuales».
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y VIOLACIÓN CONJUNTA
Por ello, Vox pide hablar de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en lugar de hacer referencia exclusiva a la libertad, así como de retomar la denominación del Capítulo II del Título VIII, referente al delito de abuso sexual.
En cuanto a las violaciones grupales, propone que se califiquen como delito de violación conjunta, haciendo de esto un tipo penal independiente y específico que lleve aparejado la pena de prisión permanente revisable.
En lo que se refiere a los delitos sexuales cometidos contra menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, la proposición de ley contempla aumentar las penas privativas de libertad y eliminar la opción de satisfacer la responsabilidad criminal con el pago de una multa.
Por otro lado, propone añadir que si la persona física culpable es extranjera residente en España, «la comisión del delito será causa inmediata de revocación de su permiso de residencia». En el caso de no disponer de permiso de residencia en España, explica que «constituirá causa inmediata de expulsión del territorio nacional y de repatriación a su país de origen».
Respecto a los menores, la formación propone penas de entre dos y tres años para aquellos que haciendo uso del engaño o el abuso de una posición de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con una persona de 16 años y menor de 18 años.
También advierte que «el que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de uno a dos años».
La Ley de ‘solo sí es sí’ se aprobó definitivamente en el Congreso el 25 de agosto de 2022 y, desde entonces, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han producido más de 1.200 bajas de pena y más de 120 excarcelaciones.
