Pedro Sánchez se muestra incapaz de negociar por sí mismo con la oposición de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. El presidente del Gobierno alardea de talante para sacar adelante sus medidas, sea vendiendo el catalán en toda España, entregando Pamplona y otros municipios a los herederos de ETA, rompiendo la caja única de la Seguridad Social o la amnistía a un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont, investigado por terrorismo.
Hacer de la necesidad virtud se ha convertido en una premisa constante para el jefe del Ejecutivo. Cinco años lleva sin modificarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lejos de llegar a un entendimiento con la oposición, como sí hace con Junts, ERC, PNV y los herederos de ETA de Bildu, Pedro Sánchez menosprecia cualquier propuesta de los ‘populares’. La negativa y el rechazo por bandera, también la mofa sobre Feijóo en el Congreso de los Diputados. Todo vale para atacar a los ‘populares’ por tierra, mar y aire.
Tal es el punto de desencuentro, que el PP ofrece la posibilidad de que Bruselas medie en la reforma del CGPJ. Se trata de un movimiento sorprendente y trataría de tú a tú a Sánchez con Bruselas como árbitro de la contienda. El ofrecimiento y la aceptación, no obstante, ponen a España al mismo nivel que países tercermundistas, necesitados de mediadores para lograr acuerdos ante la incapacidad de negociar entre dos posiciones claramente enfrentadas.
ESPAÑA, A LA ALTURA DE PAÍSES DE ÁFRICA
Pasa en países de África, controlados por dictadores y una oposición levantada en armas para intentar derrocarles, pero no se había visto hasta ahora en la Europa del s. XXI. La imagen de España sale muy dañada con esta estrategia de negociación, más cuando la Comisión Europea no se ha cansado de repetir que se trata de un «asunto interno de España», como ha reiterado en numerosas ocasiones el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El propio Reynders ha sido el nombre de consenso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pero el comisario aún no se ha pronunciado al respecto sobre esta elección para llevar a cabo la reforma más esperada de los últimos años en la justicia.
De hecho, el hombre encargado de mediar para que el Gobierno y el PP lleguen a un acuerdo lleva meses pidiéndolo en todas las instituciones, pero siempre apostilla: «Es un tema interno de España». El CGPJ lleva desde 2018 con cargos en funciones, pero nadie dimite ni abandona el prestigioso asiento. Cada una de las dos instituciones tiene derecho a escoger a diez miembros -seis jueces y cuatro juristas-, pero se necesita un quórum mínimo de tres quintas partes.
Desde el PSOE alimentan la confrontación con el PP alegando que el sistema de cuotas no funciona, como si el CGPJ fuera un reparto de asientos entre partidos políticos. La Constitución y la normativa deja muy clara la fórmula para designar a los miembros del CGPJ. Los veinte miembros deben ser designados por el Rey y elegidos las dos Cámaras, tanto Congreso como Senado, entre jueces y juristas reconocidos como competentes. Ni PSOE ni PP ni tampoco el bloque de derecha y de izquierda logra alcanzar el 60% en ninguna de las dos Cámaras, aunque más cerca están los ‘populares’ en la Cámara Alta al ostentar el 54% del total.
LA PRESIÓN DEL GOBIERNO Y EL PSOE AL PP SIN CESIONES
El Gobierno ha tratado de presionar al PP, acusándole de saltarse la Constitución, pero las maniobras de Pedro Sánchez no tienen buenas intenciones respecto a la justicia y separación de poderes. La amnistía, anticonstitucional hasta tres días antes de las elecciones del 23-J, es ahora la solución a dar el encaje a Cataluña dentro de España.
«Sánchez intenta de nuevo negociar al margen de las instituciones en vez de cumplir el procedimiento que marca la Constitución», afirman fuentes europarlamentarias consultadas por MONCLOA respecto a la petición de un negociador para reformar al CGPJ. Asimismo, lamentan que el Gobierno de España traslade una imagen nefasta hacia el resto de Europa ante la «incapacidad» de poder llegar a acuerdos con la oposición, a la que tienen atravesada por la amnistía y los pactos de Bildu en Pamplona y otros municipios navarros.
Los ‘populares’ creen que los serios avisos desde Bruselas aprietan a Sánchez, pero el presidente del gobierno tiene un as
«Es un daño a la imagen de España en Europa; veremos si irreparable», prosiguen las mismas fuentes. Y es que, poner a todo un comisario europeo como Reynders como si fuera un árbitro en vez de hacer cumplir la ley vigente sitúa al país en un lugar relegado y similar al de Uganda o el Congo, donde los verificadores están a la orden del día.
EL PSOE Y PEDRO SÁNCHEZ, AL COMPÁS DE LA AMNISTÍA
El propio Reynders esperaba la reforma del CGPJ para el inicio de la Presidencia de España en el Consejo Europeo, pero ni está ni se le espera hasta que no se dé luz verde a la amnistía. El PP exigía que la reforma se aprobara al mismo tiempo que se realizarían los cambios en el órgano de gobierno de los jueces, pero la vía nace muerta ante el rechazo del PSOE y especialmente de Sumar, aunque sus votos no serían necesarios pero provocaría un cisma de consecuencias impredecibles en el seno del Ejecutivo.
Reynders lo ha pedido ante el Rey Felipe VI y los ministros de Justicia de esta y la pasada legislaturas, Pilar Llop y Félix Bolaños, respectivamente. Para el hombre de consenso que piden ahora PP y PSOE se trata de una «prioridad» para adaptar el nombramiento en el CGPJ siguiendo los estándares europeos, pero la Constitución es muy clara al respecto, y por más que se quiera, Bruselas ni ningún partido están por encima de la Carta Magna.
REYNDERS TENDRÁ QUE DECIDIR ENTRE PSOE O PP
El PP avala esta tesis de Reynders, mientras las advertencias llegan al Gobierno de Pedro Sánchez por su intención de entrometerse en el poder judicial. Los ‘populares’ creen que los serios avisos desde Bruselas «aprietan» a Sánchez, pero éste ni se inmuta y prosigue con el desafío, como si el PP tuviera que ceder en la negociación. Aún no se conoce en qué cederá el Gobierno, como sí ha hecho con los independentistas vascos y catalanes.
La reforma propuesta por el PP es que el Congreso y el Senado aprueben solo la mitad de los miembros del CGPJ, una medida que evita la injerencia y las cuotas, ya que como mucho la parte conservadora tendría el apoyo del 25%, el mismo porcentaje que la progresista. No obstante, todo se rompió cuando el Gobierno dio luz verde a la reforma del delito de sedición, por el que se rebajaron las penas a los condenados por el ‘procés’ y pudieron ser posteriormente indultados.
EL PP TIENE MUY PRESENTE EL ENGAÑO DE BOLAÑOS
Los ‘populares‘ insisten en una renovación independiente del CGPJ, donde los jueces elijan a los jueces, pero para ello son necesarios los cambios en Ley Orgánica del Poder Judicial, una petición que el PSOE descarta, por el momento. Así, la mediación de Bruselas sería un punto añadido de presión para que el Gobierno ceda, pero hay que recordar que Bolaños y Sánchez siempre encuentran su as en la manga y podría suponer un revés para los ‘populares’. El riesgo, además, no solo se encuentra en la situación en la que quedaría Feijóo, sino España ante sus socios.
Desde el PP recuerdan los «engaños» de Bolaños y los tienen muy presentes. Por este motivo se dio marcha atrás a la reforma, pese a haberse pactado con la anterior. Y es que, la desconfianza es total tras las constantes mentiras, como con la introducción de personas afines a la política para el Tribunal Constitucional.
