El PP quiere ejercer su mayoría absoluta en el Senado contra todo lo que proceda del Gobierno de Pedro Sánchez. No va a ser solo contra la ley de amnistía, sino que está decidido a acorralar al Gobierno con una oposición sin ninguna línea roja. Con su mayoría absoluta tiene derecho a vetar cualquier ley. La primera va a ser la del techo de gasto; luego el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado. Esto no quiere decir que no podrán ser aprobados, pero el departamento de María Jesús Montero deberá dar una vuelta a las cuentas públicas para su aprobación definitiva.
En el Ministerio de Hacienda al mismo tiempo que han trabajado para elaborar los Presupuestos Generales del Estado también han estudiado la forma de evitar el rechazo del Senado al techo de gasto, paso imprescindible para poder sacar adelante las cuentas públicas. Ya tiene la experiencia de los presupuestos de 2019, en que tuvo que recurrir a los objetivos fijados en las cuentas públicas del año anterior.
MONTERO HA ENCARGADO A LA ABOGACÍA DEL ESTADO QUE BUSQUE UNA VÍA PARA SALVAR EL VETO DEL SENADO
En esta ocasión, María Jesús Montero ha recurrido a la Abogacía del Estado para que no haya problemas, ya que el texto de la abogacía se contempla que en el caso de que «las cámaras legislativas no aprueben los objetivos de déficit que se someten a su consideración, los que valen son los que se comprometieron con Bruselas en el Plan de Estabilidad».
Del papel a los hechos. Cuando el Gobierno envíe el techo del gasto al Congreso y sea aprobado, se enviará al Senado, que lo rechazará, y transcurrido un mes, sin tener que cambiar ni una coma, el Gobierno volverá a enviar el techo de gasto al Congreso y desde éste al Senado, y cuando la Cámara Alta vuelva a recharzlo, entonces entrará automáticamente en vigor el techo de gasto remitido a Europa en la primavera pasada.
El Plan de Estabilidad es el que se envía a Bruselas por parte del Gobierno para que las autoridades comunitarias evalúen si España cumple la normativa de estabilidad presupuestaria y, por tanto. Y esas cifras no se pueden cambiar porqueson los objetivos marcados sobre déficit.
Para agregar más oposición a las cuentas públicas que presente Montero, las comunidades (en su mayoría del PP) y los ayuntamientos se van a encontrar con una restricción del déficit (encima el Ecofin ha vuelto a la senda de déficit y deuda de antes de la pandemia tras el acuerdo alcanzado el 20 de diciembre) mucho más acusado que en los últimos años y, con el efecto arrastre, tanto los gobiernos regionales como las autoridades locales se ven obligados también a cambiar sus cuentas para 2024.
MONTERO HA ADVERTIDO A LAS CCAA QUE SI NO SE ACEPTAN LOS PGE DE 2024 LES FIJARÁ UN DÉFICIT MÁS RESTRICTIVO
Según les concretó Montero en la Consejo de Política Fiscal y Financiera de mediados de mes a los consejeros de Economía autonómicos, o le aceptan sus Presupuestos, o tendrán que cambiar sus presupuestos. En juego está una décima menos de déficit para las comunidades, ya que la desviación permitida pasaría del -0,1% al 0,0%, mientras las entidades locales pasarían de tener que registrar un equilibrio de sus cuentas a un superávit de dos décimas. A Hacienda estos cambios sólo le afectarían en tiempo, tardaría un par de semanas en cuadrar las cuentas.
Además, argumenta la vicepresidenta cuarta, si no se acepta el techo de gasto, los presupuestos de las comunidades autónomas «serían ilegales», al haberse aprobado sin objetivos de estabilidad. «Si el gobierno no puede aprobar objetivos de estabilidad se caen los presupuestos de todos los subsectores», les ha explicado Montero, que ha agregado que «si ellos juegan a torpedear los presupuestos no les voy a acompañar en ese juego», ha añadido.
Montero ha reprochado a las comunidades gobernadas por el PP que hayan votado en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de unos objetivos de estabilidad que son más favorables que los que se les aplicarían si no hay acuerdo en el Senado. No obstante, ese voto negativo no ha sido un obstáculo para que el Gobierno haya aprobado los objetivos de estabilidad y el techo de gasto no financiero para el Estado en la penúltima semana del año. El techo de gasto para 2024 ha quedado fijado en 199.120 millones de euros.
EL PP ESTÁ DECIDIDO A VETAR LOS PGE PESE A LAS AMENAZAS DE MONTERO
Pese al avance dado por el Ministerio de Hacienda, en Génova insisten en que harán todo lo posible por tumbar los Presupuestos en el Senado. La decisión es firme y está consensuada entre Génova y los barones autonómicos. Incluso antes de que tuviera lugar el Consejo de Política Fiscal, el responsable económico del PP, Juan Bravo, mantuvo diversos encuentros con los consejeros de Hacienda de las regiones gobernadas por su partido para unificar posturas y que no hubiera fisuras delante del Gobierno.
Y de producirse este rechazo, el reglamento establece en su artículo 15.6 que el Consejo de Ministros debe remitir a las Cortes sus objetivos de estabilidad, que deben ser aprobados por el Congreso y también por el Senado. «Si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento», como establece la LO 2/2012. Por tanto, un hipotético bloqueo continuado por parte del PP forzaría a Sánchez, si no logra deshacerlo, a abordar una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ya está en Bruselas, o simplemente a realizar algunos ajustes para poder pasar el trámite. Montero está convencida que 2024 tendrá sus presupuestos.
La conclusión de este galimatías se hacía evidente en la cara de satisfacción de la ministra de Hacienda, quien aseguraba a los consejeros autonómicos que «se tirarían piedras en su propio tejado» si en el Senado el PP rechaza los Presupuestos Generales del Estado de 2024, ya que se encontrarían con «objetivos más exigentes». De momento, solo las comunidades de Asturidas y Castilla-La Mancha, las únicas gobernadas por el PSOE, han mostrado su apoyo a Montero.
TODAS LAS CCAA ESTÁN EN CONTRA DE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA A CATALUÑA
Otra de las cuestiones que hablaron los consejeros con la ministra de Hacienda fue la condonación de la deuda a Cataluña. Todas las comunidades autónomas, incluida la de Castilla-La Mancha, están en contra esa condonación. Montero (tal y como se comprometió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando cerró el pacto de investidura con ERC y Junts) se comprometió a que esta medida se haría extensible a todas las comunidades que los solicitaran.
El problema es que Montero propone que esa negociación sea comunidad por comunidad, en reuniones biltarerales, y desde Génova han dado instrucciones a sus comunidades a que no pidan cita. Incluso en los gobiernos autonómicos donde Vox está presente los representantes de Abascal se cierran en banda a aceptar esa posibilidad.
Otra cosa es que muchos presidentes autonómicos no ven con malos ojos que se les quite ese 20% de deuda. Este sería el caso de la Comunidad Valenciana, la segunda autonomía con más deuda después de Cataluña, cuyo presidente Carlos Mazón está dispuesto a negociar antes con el propio Feijóo para que le autorice a reunirse con Montero.
Montero ha asegurado a todos los consejeros autonómicos que no existe ninguna reunión bilateral con Pere Aragonès para la quita de la deuda, pero desde ERC le han recordado que el tema de la condonación de la deuda forma parte de una de las mesas abiertas de negociación en el acuerdo para la investidura de Sánchez.
