Presión sobre Pedro Sánchez. Carles Puigdemont y Podemos, el prófugo de Waterloo y los ‘morados’ liderados aún por Pablo Iglesias, se oponen a los últimos ‘decretazos‘ de Pedro Sánchez y ponen en apuros la legislatura. El líder de Junts se niega a aceptar el decreto que pone en riesgo la amnistía, mientras los ‘morados’ exigen una negociación de tú a tú con el Gobierno de Pedro Sánchez, quien ha pagado favores tanto al PNV como a Bildu, pero también a ERC, con estas tretas para esquivar el debido debate parlamentario.
Con estos decretos, el Gobierno de Pedro Sánchez se salta el paso del Senado, donde el PP de Alberto Núñez Feijóo ostenta una holgada mayoría absoluta. Para su convalidación, se realiza únicamente en el Congreso de los Diputados, donde una mayoría simple -más síes que noes- o una mayoría absoluta serían suficientes, sin necesidad de introducir enmiendas.
Los independentistas más irredentos no han obtenido tajada alguna de los últimos decretos del Gobierno, que entre otras medidas, incrementa el IVA a la luz y el gas, obliga a tributar en el IRPF a todos los autónomos, aunque no lleguen al mínimo exigido, y revaloriza las pensiones por debajo del IPC. Y es que, el pasado 20 de diciembre modificó la ley de Enjuiciamiento Civil, que permite paralizar un proceso si un tribunal eleva una cuestión o duda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
PEDRO SÁNCHEZ DEJA EN EL LIMBO LA AMNISTÍA
En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha introducido un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Civil para cubrirse las espaldas con la amnistía. «Cuando un tribunal estime que para poder emitir su fallo, en cualquier fase del procedimiento, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión dictará providencia en la que, concretando suficientemente la duda interpretativa o de validez del Derecho de la Unión, dará audiencia por un plazo común de diez días a las partes y, en los casos en los que legalmente proceda, al Ministerio Fiscal», señala el cambio realizado en el artículo 43 bis de la normativa.
«El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial. Contra la providencia y el auto mencionados en este apartado no cabe recurso», destaca.
De esta forma, si un tribunal planteara una cuestión habría que esperar la respuesta de las instancias europeas, un hecho que podría demorarse meses o años. Todo ello ha pasado casi desapercibido en el espectro independentista, hasta el punto que ni el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha referido a este asunto ni en su tradicional mensaje de Navidad ni tampoco en las entrevistas concedidas.
JUNTS Y SU AMENAZA CONSTANTE PONEN EN RIESGO AL GOBIERNO
Estos cambios no han sentado nada bien en Junts, hasta el punto de que Míriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que no solo se abstendrían en la votación de este decreto el próximo mes de enero, sino que votarían en contra. El PSOE necesita sí o sí sus votos para asegurarse el apoyo, pero también le bastaría una abstención de PP o Vox para sacarlo adelante.
El decreto es una profunda reforma de la parte procesal de la Justicia, incluyendo la digitalización de la Justicia. Tal y como expone Elisa Beni en un artículo de opinión, la nueva normativa implicaría una más que posible invasión de competencias, obligando a las Comunidades Autónomas a compatibilizar los sistemas informáticos, una migración que supone un alto coste, pero que sin especificar a qué nuevo sistema se migra. Es básicamente hacer una mudanza de una vivienda sin conocer el destino de la nueva, pero sacando ya todos los muebles de la casa.
La nueva chapuza está firmada por el propio Pedro Sánchez y afecta también a otros estamentos judiciales como a los propios funcionarios. De hecho, se establece ahora un nuevo intervalo de niveles para pertenecer a los distintos grupos de la Administración de Justicia. Así, para estar en el rango más elevado hay que obtener como mínimo el nivel 24 de los 30 posibles; mientras que en el A2 se especifica que podría situarse únicamente entre el 20 y el 26; para el B, entre 18 y 24.
LOS FUNCIONARIOS, AFECTADOS POR EL DECRETO DE SÁNCHEZ
En una de las disposiciones finales del mismo decreto se imponen las reglas para teletrabajar en el ámbito de la justicia. Así y previa negociación colectiva, se regulará el teletrabajo y el puesto de trabajo deslocalizado como modalidades de prestación de servicios a distancia en el ámbito de la Administración de Justicia. «El desarrollo reglamentario de dicha modalidad de trabajo se efectuará por las administraciones competentes en materia de medios personales y materiales», afirma el texto. De nuevo, la falta de concreción es la tónica, como en el resto del extenso decreto.
El Gobierno de Pedro Sánchez, además, ha pasado por alto el debate en estas cuestiones, hasta el punto de facilitar a Junts únicamente un borrador del mismo. Los sindicatos, por su parte, tampoco han dado un golpe encima de la mesa pese a que se busca imponer el uso de los juicios telemáticos como la norma y no como la excepción, como lo fue durante la pandemia.
REFORMA DE LA JUSTICIA A CAMBIO DE FONDOS EUROPEOS
El Gobierno debe aprobar este decreto por la vía de urgencia, un trámite que tendría que superarse a mediados de enero para poder recibir una nueva remesa de los fondos de la Unión Europea. No obstante, al ser cambio de leyes y prácticamente una reforma en sí misma de la Justicia, el Gobierno debería utilizar la vía de la ley orgánica para poder realizar su debate parlamentario, como corresponde en estos casos.
Sin embargo, el tiempo apremia, pero en Junts no están por la labor de seguir el juego al PSOE. Ya lo advirtió el propio Puigdemont al señalar que la palabra dada por Pedro Sánchez solo genera desconfianza. Por este motivo, y no otro, se exige la figura de un verificador para poder desencallar el bloqueo. «Estos movimientos y decretos no ayudan en nada», apuntan fuentes de Junts a este medio. De hecho, señalan que este tipo de actuación solo apuntala más el inmovilismo de Carles Puigdemont en sus propias posiciones.
Cabe destacar que los independentistas de Junts mantienen firme su amenaza de presentar una moción de censura contra Sánchez si el Gobierno no accede a sus pretensiones. El Ejecutivo, en este momento, está prácticamente atado de pies y manos para poder hacer leyes al necesitar apoyos de sus socios y en muchas de las medidas no hay acuerdos con la parte de la derecha independentista vasca y catalana. Por este motivo se utiliza la vía del decreto, una acción que evita tener que negociar con los partidos y acalla el debate en la opinión pública.
PODEMOS EXIGE UNA NEGOCIACIÓN CON PEDRO SÁNCHEZ
Desde Podemos ponen en riesgo el escudo social del Gobierno de Pedro Sánchez al no garantizar su apoyo al decreto aprobado el pasado miércoles por el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la inflación. Los ‘morados’ se niegan a aceptar la rebaja fiscal para los grandes propietarios, así como las modificaciones en el impuesto a la banca y eléctricas. En este sentido, exigen medidas «más valientes» y «ambiciosas» para que sus cinco diputados voten a favor.
La portavoz de Podemos, Isa Serra, ve necesaria la prórroga de las medidas, pero insiste en la ampliación del bono social y rebajar el precio del transporte, así como intervenir el mercado para tratar de rebajar el precio de los alimentos.
