El PSOE de Pedro Sánchez se alía con su socio de legislatura más duro, Junts, para exigir la vuelta de las 8.000 empresas que se marcharon de Cataluña en 2017. El Gobierno busca conseguirlo como sea y su primera opción apunta a una penalización. No obstante, legalmente no se puede. Junts olvida el funcionamiento de las empresas, que lo único que buscan es estabilidad y protección para sus clientes y accionistas para desarrollar su negocio y el independentismo, hoy por hoy, no da estabilidad, por mucho que negocie su viabilidad y amnistía con el Gobierno de Pedro Sánchez.
La nueva exigencia del prófugo Carles Puigdemont choca frontalmente con el argumento del Gobierno y de la Generalitat, que negaron sistemáticamente la marcha de empresas con sede en Cataluña. «Hasta ese punto era cierto que el ‘procés’ ha empobrecido a Cataluña que ahora están buscando fórmulas que obliguen a volver a las empresas», ha denunciado Carlos Carrizosa, presidente de Ciudadanos en Cataluña. Es «alucinante» e «increíble» que sea el Gobierno el que decida dónde tienen que ubicar la sede social. «El ‘procés’ no ha terminado hasta que vuelvan las empresas», ha destacado.
Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, ha dejado claro a Pedro Sánchez que si no logra que regresen las empresas catalanas que se marcharon será difícil que apoye sus leyes a lo largo de esta legislatura. La primera prueba han sido los tres reales decretos que estuvo a punto de hacer fracasar, como si Pedro Sánchez pudiera sacarse de la chistera una medida que hiciera olvidar a las cerca de 8.000 empresas por qué abandonaron Cataluña.
Una de las claves para sacar adelante dos de los tres decretos fue el acuerdo entre el PSOE y Junts -en la reunión también estuvo presente además de Santos Cerdán, la vicepresidenta primera María Jesús Montero- fue reformar la Ley de Sociedades de Capital para revertir el Real Decreto del PP de 2017, que facilitó la ‘fuga’ de empresas catalanas por la inestabilidad creada por el procès.
El acuerdo también incluye la reforma de los artículos 9 y 10 de la citada ley para forzar el regreso inmediato de dichas empresas: «Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación».
Con esta opción, ni Junts ha sacado adelante su propuesta de penalizar a las empresas que no quieran regresar, ni el Gobierno deberá dar incentivos a las que lo hagan. Se deja en manos del Consejo de Administración de cada empresa la decisión. Es decir, la última palabra la tendrán las propias empresas, que ya han comenzado a reconocer que recurrirán a los tribunales porque no se las puede obligar por ley a regresar a Cataluña. Hasta el recién nombrado ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que la seguridad jurídica de las empresas está por encima de cualquier medida.
«Las empresas tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran», aseguera Antonio Garamendi
Hasta el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha estallado diciendo que ante las amenazas de penalizar a las empresas sería mejor que no se creen ya que la única verdad es que «las empresas tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran». El líder de la CEOE ha subrayado que las empresas no abandonaron Cataluña «por placer», sino porque «no les quedaba otro remedio y con muchísimo dolor».
«Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo ‘usted vuelve porque si no le multan’. No sé ni si es constitucional, pero es que esos planteamientos son de aurora boreal», ha afirmado. En su opinión, lo único que se puede hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña «con auténtica tristeza» puedan volver a su tierra.
CUALQUIER FÓRMULA QUE ELIJA EL GOBIERNO Y JUNTS SERÍA ILEGAL PORQUE PRIMA LA LIBERDAD DE EMPRESA
La clave de la fórmula elegida por Gobierno y Junts se centra en la reforma del artículo 9 de la Ley de Sociedades de Capital, que expresamente reconoce que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Si bien se olvidan de una máxima más sencilla es que la libertad de empresa, adeemás de que en el ámbito jurídico se explica que también supone un atentado contra la libre competencia. Es más, ni la Unión Europea lo acepta.
No se pude obligar a una empresa a establecer su sede en un lugar determinado, es libre elección de la propia empresa. Un ejemplo claro el Gobierno en 2023 con Ferrovial. La empresa decidió trasladarse a Países Bajos y pese a todos los intentos desde el Ejecutivo para evitarlo, lo único cierto es que la sede de Ferrovial ya no está en España.
No se puede obligar a una empresa a establecer su sede donde el Gobierno diga, Ferrovial es un claro ejemplo de ello
La propia legislación española reconoce que la sede de una compañía debe estar en el centro real de operaciones, pero las compañías cuentas con suficientes viricuetos legales para realizar su traslado donde quieran. Además, es práctica habitual que empresas cambien su sede hacia Cataluña y ninguna comunidad las ha ‘castigado’ cuando ha ocurrido.
En todo caso, lo único que conseguirá su Junts con su empeño en recuperar las empresas que se fueron es que aquellas que se vayan a crear elijan cualquier otro lugar de España antes de registrarse en Cataluña a fin de evitar problemas en el futuro dada la incertidumbre en esa comunidad y el anuncio de los líderes independentistas de su intención de realizar un referéndum de autodeterminación.
Los datos registrados en los últimos seis años muestran que todas las empresas cotizadas catalanas, excepto Grifols, abandonaron Cataluña por la incertidumbre política e inestabilidad económica que generó el procés, que hasta llegaron a temer que se podían quedar fuera de la zona euro y hasta que se creara un corralito.
De esta forma, el 9 de octubre de 2017 comenzaron a salir las empresas. Primero, Banco de Sabadell, CaixaBank y su fundación y a continuación Abertis, SugurCaixa, VidaCaixa, Applus+, Cellnex, Colonial, Catalana Occidente, Cementos Molins, Codorniu, Hotusa, Planeta, Bimbo, Allianz, Axa, Zurich… hasta 2.175 empresas dejaron Cataluña hasta el 31 de diciembre de ese 2017. Luego la sangría continuó hasta alcanzar a día de hoy la cifra de 8.000 empresas, la mayoría pymes.
Miriam Nogueras recordó en tono autoritario, durante el debate sobre los decretos ley, que «lo que se hizo en 2017 de mala fe, ahora se repara». La ‘mala fe’ a la que se refería es la aprobación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de un decreto que facilitó el cambio de domicilio de las empresas con el simple acuerdo del consejo de administración de la empresa, sin requerir el visto bueno de la junta de accionistas. Entonces se llegó a culpar incluso a la Casa Real de animar a las empresas a que salieran de Cataluña.
El resultado de los acontecimientos de 2017, incluido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fue que junto a la salida de empresas abandonaron Cataluña más de 30.000 millones de euros en depósitos de empresas y millones de particulares. Dichas cantidades se traspasaron a las ‘cuentas espejo’ o a las oficinas centrales de los bancos donde estaban depositados dichos fondos.
TAMPOCO LAS AYUDAS O SUBVENCIONES ANIMAN A LAS EMPRESAS A REGRESAR
Otra de las vías utilizadas por los partidos independentistas ha sido fijar ayudas y subvenciones como reclamo para que las empresas regresen, pero esta opción no ha tenido ningún resultado. Según publicó Moncloa.com, el acuerdo de Sánchez con Junts incluía un apartado destinado a desarrollar un plan para «facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», según aparece escrito en el acuerdo de ambas formaciones políticas.
Desde CEOE ya han defendido el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica.
NADA MÁS CONOCERSE EL ACUERDO ENTRE SÁNCHEZ Y JUNTS LAS EMPRESAS DIJERON QUE NO REGRESARÁN A CATALUÑA
Nada más conocerse este plan, numerosas empresas ya han manifestado de forma directa o con un silencio cómplice que no regresarán a Cataluña. La ley de la amnistía y algunos de los puntos polémicos firmados por Sánchez y Puigdemont lejos de tranquilizar el clima político y empresarial han vuelto a enrarecer el ambiente político y de estabilidad jurídica y consideran que no es el momento idóneo.
Pese a las recomendaciones del Cercle d’Economia catalán y de las peticiones de Pere Aragonés y hasta los razonamientos de la patronal catalana Foment del Treball, de momento las más de 7.000 empresas que se marcharon no tienen intención de volver. La inseguridad jurídica e inestabilidad política vuelven a aparecer en su horizonte.
De momento, las únicas empresas que han regresado atraídas por las ayudas y subvenciones han sido Blue Sun, fabricante de marcas tan populares como Ariel se trasladó, en 2018, de Mataró (Barcelona) a Alcalá de Guadaira (Sevilla) y a finales de 2023 regresó a Mataró tras recibir una ayuda de 313.000 euros de la Generalitat de Cataluña. Las otras empresas que han vuelto a Cataluña son Font Salem, productor de cervezas, que se había trasladado a Valencia, y AGBAR, que regresó parcialmente a Cataluña retornado solo las sedes de las empresas que tuvieran concesiones públicas.
