El acuerdo del Gobierno con Junts para la publicación inmediata de las balanzas fiscales es la antesala de la creación de la Agencia Tributaria catalana. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) acaba de alertar sobre las graves consecuencias que tendrá la publicación «inmediata de las balanzas fiscales», según acordó el Gobierno con Junts para sacar adelante dos de los tres anteproyectos presentados esta semana en el Congreso de los Diputados.
A la postre, la cesión que acaba de hacer Sánchez a los independentistas de Junts es que Hacienda renuncia a elaborar las balanzas fiscales y va a permitir que no existan unos datos oficiales avalados por el Estado que midan la situación de las comunidades autónomas de forma objetivable y homogénea.
Para los Inspectores de Hacienda esta medida va a permitir a la Generalitat «cocinar» sus propias cifras para sustentar «el bulo victimista de que ‘España nos roba’» y exigir una financiación singular, así como pedir la creación a la carta de su propio Cupo, al estilo del vasco.
Los inspectores recuerdan que los independentistas catalanes comenzaron exigiendo la transferencia de todos los impuestos y a no mucho tardar comenzarán a crear la Agencia Tributaria catalana, lo que desde la IHE va a afectar a la «gestión y recaudación de impuestos», además de a la lucha contra el fraude fiscal y el papel de la propia Agencia Estatal de la Administración Pública (AEAT) de dicha comunidad. Para la IHE estos pasos serán un «camino sin retorno con graves perjuicios para los ciudadanos».
LOS INSPECTORES CONFIRMAN QUE LAS BALANZAS FISCALES NO SE PUBLICAN DESDE 2014
Uno de los portavoces de la Asociación de Inspectores de Hacienda, José María Peláez, recuerda que las balanzas fiscales que se ha comprometido a publicar el Gobierno con Junts no se han publicado desde 2014. Reconoce que estos datos podrían ser útiles para el futuro reparto del sistema de financiación. Sin embargo, pone en duda de que este sea el verdadero propósito de los independentistas de Junts, ya que Peláez cree que el propósito es más bien respaldar su narrativa de agravio con el lema ‘España nos roba’.
Desde la asociación del IHE se ha elaborado un documento en el que se recoge la advertencia que los inspectores hicieron en su día sobre las posibles consecuencias negativas de trocear la Agencia Tributaria, como ocurrirá también a otros cuerpos de la Administración General del Estado.
Ante todos los peligros derivados del último avance de Junts en sus pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez, la asociación de inspectores recuerda que la independencia fiscal no está amparada por la Constitución al ir contra el artículo 14 de la Carta Magna, que consagra la igualdad de los españoles ante la Ley. Y alertan que «tendría como consecuencia más grave la desaparición de la AEAT de dicho territorio, iniciando un camino sin retorno con graves perjuicios para los ciudadanos».
Desde Junts aseguran haber logrado el compromiso de Hacienda de publicar las balanzas fiscales, que recogen unas cifras que no se actualizan desde hace 10 años, para clarificar las diferencias entre comunidades que consagra el vigente sistema de financiación autonómica, que había caucado en 2014, y sobre todo, pone en evidencia la situación favorable de País Vasco y Navarra gracias a su propio sistema Foral. Es este sistema por el que ahora se están peleando Junts y ERC con el Gobierno para que también se le autorice a Cataluña.
ARTUR MAS YA LO HABÍA INTENTADO CON MARIANO RAJOY EN 2012
Que Cataluña tenga su propio Cupo es un objetivo que se había marcado Artur Mas en 2012, proponiéndoselo a Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno y que el entonces presidente del Gobierno español se negó en redondo a pactar. Carles Puigdemont lo ha rescatado 22 años más tarde aprovechando la necesidad de Pedro Sánchez de la abstención de Junts para salvar sus primeros decretos de la legislatura.
No va a haber datos oficiales avalados por Estado para medir la situación financiera de cada comunidad autónoma de forma objetivable
Con la renuncia de Hacienda a elaborar sus propias balanzas fiscales, lo que va a ocurrir es que no va a haber datos oficiales avalados por Estado para medir la situación financiera de cada comunidad autónoma de forma objetivable, lo que como dicen los Inspectores de Hacienda va a permitir a Cataluña ‘cocinar’ sus datos con sus propios criterios para ser utilizados como «propaganda y presión política».
Y todo esto se produce en la antesala de la reforma de financiación autonómica que se ha propuesto la vicepresidenta primera María Jesús Montero para la presente legislatura. La propia Montero ha reconocido recientemente que no hay consenso con Junts sobre la metodología a seguir para realizar estos análisis.
Pese a no haberse hecho públicos, los datos están disponibles para quienes quieran consultarlos a investigadores, analistas y políticos. Tras el acuerdo con Junts, según ha explicado Montero, es «abrir esa fuente de información» para los que investigan, para las Administraciones que quieran disponer de estos datos.
También se supone que son la base de los cálculos de la Generalitat, que sostiene que tiene un déficit fiscal de cerca de 22.000 millones en 2021, según las últimas estimaciones que ha proporcionado el pasado septiembre. Las balanzas de Hacienda de 2014 lo fijan en 9.900 millones. Estos datos se publicaron en 2017, según las conclusiones de Ángel de la Fuente (Fedea y CSIC), Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia), con la ayuda de funcionarios del Ministerio.
Dichos investigadores llegaron a la conclusión que el cambio de situación no ofrecerá grandes novedades, aunque reconocen que el privilegio de País Vasco y Navarra se ha ido incrementando con el paso de los años, que ya en 2014 mostraban superávits de gasto por una financiación regional por habitante muy superior a la del resto del país. En aquellos datos también se pudo comprobar que Cataluña se encuentra algo mejor que la Comunidad de Madrid, siendo los déficits más elevados los de Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
