El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado este jueves el «acuerdo» alcanzado por los equipos técnicos de la Junta y del Ministerio de Transición para cambiar la redacción de uno de los artículos del decreto de simplificación administrativa, el que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y al uso de suelos forestales y agrícolas, que ha supuesto el último desencuentro entre las dos administraciones en torno a Doñana y la regularización de regadíos en la comarca norte.
En declaraciones a los medios en Carmona (Sevila) con motivo de los actos en torno al Día del 112, Sanz ha defendido que el acuerdo es «positivo» y supone «un nuevo impulso a un acuerdo ya histórico», como ha calificado el pacto rubricado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Un acuerdo que «había que consolidarlo» ya que supondrá, entre otras cosas, inyectar 1.400 millones de euros a la provincia de Huelva.
El consejero de Presidencia ha aplaudido la «buena disposición» de ambos equipos» para «lograr ponernos de acuerdo inmediatamente» en torno al «objetivo prioritario» de la Junta, ha dicho, aludiendo a la defensa del Parque Nacional de Doñana. Era prioritario, ha subrayado Antonio Sanz, «seguir desarrollando este acuerdo para proteger el espacio natural; para garantizar el desarrollo económico y social de los municipios del entorno de Doñana y para garantizar inversiones por 1.400 millones de euros».
Los equipos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España se reunían de manera telemática este miércoles para abordar el contenido del citado artículo, después de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, expresara en la últimas horas su «preocupación» por el contenido del mismo e hiciera una llamada al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar el asunto. Ambas administraciones informaban horas después de que la reunión había sido «cordial y breve» y la Junta precisaba que ha sido «muy fácil» llegar a este acuerdo.
La redacción inicial del citado artículo en el decreto ley de simplificación administrativa señalaba «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta».
«Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta Ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas. Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor», según se señalaba.
La Junta había argumentado que con esa redacción se perseguía la «armonización» de la Ley Forestal andaluza con la estatal. La nueva redacción que han acordado ambas administraciones consiste en que «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta».
«Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas». Se señala que «lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo, cumplan alguno de los siguientes criterios: Superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor; superficies que se encuentren en montes públicos; superficies que se encuentren en montes catalogados de utilidad pública, y superficies que se encuentren en montes situados en cualquier clase de dominio público».
Se apunta que la modificación se incluirá con efectos a partir del 17 de febrero de 2024. Este acuerdo entre la Junta y el Gobierno se cerró un día antes de que se reúnan Moreno y Teresa Ribera para abordar medidas para hacer frente al problema de la dura sequía que sufre Andalucía. La reunión se desarrollará este jueves por la tarde en el Palacio de San Telmo de Sevilla. El acuerdo se ha producido el mismo día en que el decreto de simplificación administrativa se convalidaba ante el Pleno del Parlamento (en virtud de la mayoría absoluta del PP-A). La Junta tendrá que abordar una «correción técnica» para incluir la nueva redacción del artículo que ha sido objeto de disputa entre ambas administraciones.
