Álvaro García Ortiz se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana tras exigir a los fiscales de todos los casos que afectan a independentistas catalanes que acepten la malversación como uno de los delitos exonerados con la amnistía. Todos los fiscales menos cuatro han considerado que la malversación es una de las excepciones que contempla la medida de gracia y por tanto no van a exonerar a los encausados. No obstante, estos cuatro fiscales se inhibirán en estos casos antes que seguir las órdenes del fiscal general del Estado.
No obstante, este es el menor de los problemas de Álvaro García Ortiz, que ha tratado de tapar con la amnistía el caso de la filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien interpuso una querella y ha tenido de aliados inesperados, como los fiscales jefe de Madrid, cuyos testimonios apuntan directamente al fiscal general del Estado, quien dio órdenes directas a los subordinados y hacerlo además de forma imperativa a la hora de difundir el comunicado de prensa con datos que jamás debieron salir de la Fiscalía.
García Ortiz ha tratado de zafarse de ese caso, pero las fintas han sido del todo insuficientes debido a los mensajes de whatsapp y los correos electrónicos enviados durante la filtración. El caso podría llegar al Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del fiscal general del Estado.
DOLORES DELGADO Y EL VARAPALO DEL SUPREMO
No es el único caso que cerca a García Ortiz. El Tribunal Supremo frenó en seco a su antecesora y pareja del exjuez Baltasar Garzón, Dolores Delgado, en el intento de obtener una plaza ad hoc que no le correspondía.
El Gobierno promovió y aprobó el ascenso de Delgado a fiscal de sala y se la nombró fiscal de Sala de la Fiscalía togada del Tribunal Supremo. «Dejando al margen el carácter francamente irrespetuoso de algunas de las expresiones empleadas en el escrito por el que se promueve este incidente de nulidad de actuaciones, la verdad es que ninguna de las alegadas vulneraciones de derechos fundamentales puede sostenerse», apuntó el Alto Tribunal. García Ortiz fue quien la propuso, pero se saltó los pasos requeridos para el procedimiento, entre ellos la consulta al Consejo Fiscal.
García Ortiz deberá conocer la opinión del órgano de los fiscales para conocer si la pareja del exjuez Baltasar Garzón cumple con los requisitos establecidos para el cargo o bien tiene una incompatibilidad manifiesta, dado que Garzón preside una fundación que se encarga de esos mismos asuntos.
Asimismo, el propio fiscal general del Estado trata de desmontar la acusación de terrorismo en el caso ‘Tsunami Democràtic’. El ponente Álvaro Redondo cambió de opinión ante los suyos tras reunirse con Álvaro García Ortiz. De haber indicios de terrorismo y la implicación de Carles Puigdemont a ver solo una algarada, disturbios y poco más durante los graves hechos de octubre de 2019, cuando una horda de cientos de separatistas irrumpieron en el aeropuerto e impidieron el cambio de turno en la torre de control de Aena, obligando a cancelar cientos de vuelos.
EL TERRORISMO EN TSUNAMI DEMOCRÁTIC
Los fiscales del Tribunal Supremo consideraron que hubo terrorismo, en concreto 12 de los 15. Once, además, apuntaron directamente al expresidente de la Generalitat como líder de la plataforma creada para movilizar a miles de separatistas. En el Ministerio Público no se entendió este cambio de criterio y se exigieron explicaciones a García Ortiz, que mantuvo el silencio durante todo el proceso. No obstante, los fiscales se han hartado ahora de seguir órdenes polémicas, algunos de ellos llegan a asegurar que son «ilegales» y acusan al fiscal general del Estado de complacencia con el Gobierno, manteniendo en todo momento su criterio, sin centrarse en los hechos que se juzgan.
La Fiscalía, claramente jerarquizada, corre ahora el riesgo de ser una institución en declive y de entrar en una espiral de desprestigio como ha ocurrido en otras, como el CIS o las Cortes Generales con una guerra continúa. Cuatro fiscales se niegan a acatar las órdenes sin pelear sus criterios. «Está en juego su independencia», destacan las fuentes.
EL RIESGO DEL DESPRESTIGIO
Entre los fiscales que dejarán los casos para evitar las instrucciones de García Ortiz se encuentran Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, todos ellos con renombre en la carrera fiscal al ser protagonistas en las acusaciones de casos considerados mediáticos.
Sus percepciones sobre los asuntos que están inmersos se darán a conocer el próximo martes en la Junta fiscal, que deberá decidir si se siguen las órdenes de la jerarquía o se impone el sentido del criterio seguido en cada acusación hasta ahora. El cisma está servido en la carrera, aunque el fiscal general tiene la última palabra. Eso sí, su criterio quedará ahora en el escrutinio de la sociedad y lejos de salvaguardar la independencia en la Fiscalía, se impondrá el mismo que se apunta en el Consejo de Ministros. Cabe señalar, además, que una de las asociaciones fiscales le ha denunciado al no tener los méritos suficientes para estar en el cargo. De hecho, aún está a la espera de resolución.
