La Audiencia Nacional ha determinado que el exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, es culpable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada. Prada ha sido condenado a siete años de cárcel por su implicación en las irregularidades cometidas durante la construcción del proyecto fallido del Campus de la Justicia entre 2005 y 2011, cuando este formaba parte del primer Gobierno de Esperanza Aguirre.
Además de Prada, otros cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto también han sido condenados. Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro han recibido penas de 3 años y 6 meses de prisión por los mismos delitos. Sin embargo, a todos los condenados se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas y han sido absueltos del delito de fraude contra las administraciones públicas.
Presuntas Irregularidades en la Adjudicación de Contratos
Según la sentencia, Prada y el resto de los acusados se pusieron de acuerdo con diferentes personas y empresas para adjudicarles de manera irregular diversos contratos del Campus de la Justicia, «corrompiendo sustancialmente el procedimiento de adjudicación». En total, se habrían adjudicado 24 contratos por un valor de 40 millones de euros.
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus. Dicho informe arrojaba diversas irregularidades en la ejecución de este proyecto.
Reacciones y Futuro del Caso
La sentencia de la Audiencia Nacional ha generado gran impacto en la opinión pública, ya que pone de manifiesto graves irregularidades en un proyecto de gran relevancia para la Comunidad de Madrid. Tanto el Ministerio Fiscal como la Comunidad de Madrid ejercieron acusaciones, si bien finalmente se absolvió a los condenados del delito de fraude contra las administraciones públicas.
Es importante destacar que esta no es la única investigación abierta en torno al Campus de la Justicia, y que es probable que surjan nuevas revelaciones en el futuro. La transparencia y el buen gobierno deben ser prioridades en la gestión de proyectos públicos de esta envergadura, a fin de evitar episodios como el ocurrido en este caso.
