El Gobierno de Ayuso votará en contra de la iniciativa de Vox que pide al Estado retirar la nacionalidad española a condenados por pertenencia a organización criminal. La propuesta, registrada esta semana en la Asamblea de Madrid, abre un nuevo frente entre los dos partidos que sostuvieron el Ejecutivo regional hasta la ruptura de 2024.
La proposición no de ley llega a la Cámara con un objetivo concreto: instar al Gobierno central a modificar el Código Civil para que los condenados con doble nacionalidad por delitos vinculados a bandas latinas o redes criminales pierdan la condición de españoles. Vox ha presentado la medida como respuesta al repunte de violencia atribuido a estas organizaciones en distritos como Usera, Villaverde o Carabanchel. El PP madrileño, sin embargo, no la apoyará.
Por qué Ayuso no acompaña a Vox en esta votación
Fuentes del Grupo Popular consultadas en la Asamblea explican que la dirección regional considera la propuesta jurídicamente inviable en los términos planteados. La Constitución española, en su artículo 11.2, prohíbe expresamente privar de la nacionalidad a los españoles de origen. La medida solo podría aplicarse, en su caso, a quienes obtuvieron la nacionalidad por residencia, lo que reduce drásticamente el universo de afectados que Vox plantea en su exposición de motivos.
Desde el entorno de la presidenta regional se subraya además que la nacionalidad es competencia exclusiva del Estado y que la Asamblea de Madrid no tiene capacidad ejecutiva sobre la materia. La iniciativa, por tanto, sería simbólica. Y ahí está el matiz: el PP rechaza ese simbolismo cuando entiende que choca con el marco constitucional.
El portavoz parlamentario popular ha avanzado que el grupo presentará una enmienda alternativa centrada en reforzar la cooperación con la Policía Nacional y en agilizar las expulsiones de extranjeros condenados, una vía ya prevista en la Ley de Extranjería. Vox ha respondido acusando al PP de tibieza y de plegarse al discurso de la izquierda en materia migratoria.
La votación, prevista para el pleno de mayo, se produce en un momento delicado para la relación entre ambos partidos. Desde la salida de Vox del Gobierno regional en julio de 2024, las iniciativas de la formación de Rocío Monasterio en la Cámara madrileña han ido subiendo de tono en materia migratoria y de seguridad. La de la nacionalidad es la cuarta proposición de este tipo registrada en lo que va de legislatura.
El PP gobierna en minoría con 71 escaños sobre 135. Sin Vox, depende de abstenciones puntuales o de no encontrar mayorías alternativas en su contra. En este caso, PSOE y Más Madrid también votarán en contra, aunque por motivos opuestos: consideran que la propuesta estigmatiza a la población migrante y vulnera derechos fundamentales. La iniciativa quedará así rechazada con holgura.
Los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid recogen un repunte del 12% en detenciones vinculadas a bandas latinas durante 2025, con especial incidencia en el sur de la región. La Comunidad ha pedido reiteradamente al Ministerio del Interior un refuerzo de efectivos que, según el último informe de seguridad pública, llegará parcialmente este verano con 300 agentes adicionales.
El precedente de 2023 y la estrategia de fondo del PP madrileño
No es la primera vez que la Comunidad de Madrid se desmarca de Vox en una iniciativa simbólica. En 2023, durante la coalición regional, ambos partidos chocaron por una propuesta similar relativa a menores extranjeros no acompañados. Aquel desencuentro no rompió el Gobierno, pero marcó la línea roja del PP: no acompañar a su socio en medidas que la dirección nacional considerase impugnables ante el Tribunal Constitucional.
La estrategia se repite ahora con un matiz importante. Génova ha pedido al PP madrileño contener el flanco derecho sin enrocarse en posiciones que dificulten futuros pactos en otras comunidades. Analizamos esta votación como un movimiento de equilibrio: Ayuso evita avalar una iniciativa débil jurídicamente, pero acompaña el rechazo con una enmienda que endurece la respuesta administrativa contra la criminalidad organizada. Es la fórmula con la que el PP intenta no quedar desplazado por Vox en el discurso de seguridad sin asumir su marco identitario.
Cabe recordar que la Comunidad publicó en febrero un plan regional contra las bandas juveniles dotado con 18 millones de euros y centrado en prevención, mediación y refuerzo policial municipal. Vox lo calificó entonces de insuficiente. La calle dice otra cosa: las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde han valorado positivamente el aumento de patrullas, aunque reclaman continuidad más allá del verano.
El próximo pleno de mayo será el termómetro. Si el PP saca adelante su enmienda con apoyos puntuales, el discurso de Ayuso saldrá reforzado. Si Vox consigue arrastrar el debate a su terreno, la presidenta tendrá que recalibrar antes del arranque del curso político.
