Más Madrid ha puesto sobre la mesa un plan para imponer nuevos impuestos a la segunda vivienda en Madrid y abrir la puerta a expropiar pisos vacíos, una propuesta que choca de frente con el Gobierno regional del PP y reabre la batalla por el alquiler en plena precampaña autonómica.
La formación que lidera Manuela Bergerot ha presentado un paquete que combina fiscalidad agresiva sobre los grandes tenedores, recargos al IBI para las viviendas no habituales y un mecanismo de expropiación temporal del uso en zonas declaradas tensionadas. La medida, según fuentes de la propia formación recogidas por La Razón Madrid, busca movilizar el parque de pisos vacíos y cerrados al mercado tradicional. El choque con la Puerta del Sol está servido.
Qué propone exactamente Más Madrid sobre la segunda vivienda
El plan se articula en tres patas. La primera, un recargo en el IBI de hasta el 150% para viviendas vacías de grandes tenedores, en línea con lo que ya permite la Ley estatal de Vivienda de 2023 y que algunos ayuntamientos catalanes han empezado a aplicar. La segunda, un nuevo gravamen autonómico sobre quien posea más de una vivienda en la región, con tramos según número de inmuebles y valor catastral.
La tercera es la más polémica: la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda expropiar el uso temporal de pisos vacíos durante un máximo de siete años en municipios con mercado tensionado, un instrumento que se ha usado en País Vasco con resultados modestos. La formación calcula que en Madrid hay en torno a 150.000 viviendas vacías, según datos del INE de 2021, aunque la cifra real disponible para el alquiler es muy inferior.
El portavoz de Vivienda del grupo en la Asamblea ha defendido que se trata de una herramienta legal, encajada en el artículo 33.3 de la Constitución, y que ya existe jurisprudencia favorable en el Tribunal Constitucional sobre la función social de la propiedad. La oposición jurídica del Ejecutivo regional discrepa.
Por qué el PP madrileño habla ya de ataque al patrimonio
La reacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue inmediata. Desde la Consejería de Vivienda se ha calificado la propuesta de confiscatoria y se ha avanzado que cualquier intento de tramitarla en la Asamblea se topará con la mayoría del PP, que rechaza tanto el recargo fiscal como el mecanismo expropiatorio. La consejera ha recordado que la Comunidad lleva años apostando por el modelo opuesto: incentivos al propietario, avales públicos como los del Plan Vive y el Plan Alquila para movilizar oferta sin coacción, y bonificaciones fiscales.
El argumento del Ejecutivo regional se apoya en una idea: castigar al propietario reduce la oferta porque retrae al pequeño tenedor. La izquierda madrileña responde que la oferta lleva años cayendo precisamente con el modelo actual, y que el precio medio del alquiler en la capital, según el último informe del Observatorio de Vivienda del Ayuntamiento, ha subido por encima del 35% desde 2019. Los datos no ayudan a ninguno de los dos relatos por completo.
Observamos un patrón conocido: cada vez que el alquiler vuelve al debate, la izquierda propone gravar y la derecha propone incentivar, y el inquilino madrileño sigue pagando más que el año anterior.
La calle dice otra cosa. Las plataformas de inquilinos llevan meses denunciando subidas de hasta el 20% en renovaciones de contrato en barrios como Tetuán, Carabanchel o Vallecas, donde el precio medio del metro cuadrado ronda ya los 17 euros mensuales según portales inmobiliarios. Y el debate político no consigue traducirse en alivio.
Lo que este pulso recuerda al fracaso del Plan Alquila de 2008
Analizamos esta propuesta con un precedente claro: el Plan Alquila lanzado en 2008 por Esperanza Aguirre se vendió como la solución definitiva al desencaje entre oferta y demanda en la región y, casi dos décadas después, su impacto ha sido limitado. Lo mismo cabe decir del Índice de Referencia del Precio del Alquiler aprobado a nivel estatal: en Cataluña, donde sí se aplica con tope obligatorio en zonas tensionadas, el precio medio bajó un 5% en 2024 según datos de la Generalitat, pero la oferta también cayó un 17%. Ningún modelo ha resuelto el problema de fondo.
El plan de Más Madrid tiene una debilidad evidente: necesita una mayoría parlamentaria que hoy no existe. El PP gobierna con holgura tras las elecciones de 2023 y Vox ha rechazado por completo cualquier intervención fiscal sobre la propiedad. Sin votos, la propuesta es testimonial. Pero pone al PP en la incómoda posición de explicar por qué, con todos los datos en contra, el precio del alquiler sigue disparándose. Y eso, a un año vista de las próximas autonómicas previstas para la primavera de 2027, pesa.
El próximo pleno de la Asamblea, convocado para mediados de mayo, incluirá un debate específico sobre vivienda solicitado por el grupo socialista. Allí se verá si Más Madrid registra ya su propuesta como proposición de ley en la Asamblea de Madrid o si la deja como documento de presión política. La diferencia, en términos legislativos, es enorme. En términos de titular, ninguna.
