El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, no está logrando encauzar la situación política tras relevar en el cargo a Carlos Mazón. Entre el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante, la ofensiva ideológica de Vox y el retorno político de Francisco Camps, el equilibrio del PP valenciano atraviesa uno de sus momentos más delicados.
El último frente lo ha abierto Vox con una proposición no de ley registrada en Les Corts en la que reclama instaurar el principio de la xenófoba «prioridad nacional» en el acceso a ayudas sociales, vivienda, servicios públicos y prestaciones.
La iniciativa va más allá de lo simbólico: plantea restringir el acceso a determinados derechos a personas extranjeras en situación irregular e incluso impulsar su repatriación. La formación de Santiago Abascal sostiene que este principio ya forma parte de los acuerdos de investidura que permitieron al PP gobernar en la Comunidad Valenciana, una afirmación que los populares han evitado confirmar con claridad.
De hecho, el propio PP se desmarcó recientemente de una propuesta similar en el Congreso, donde Vox se quedó solo defendiendo esta idea. La propuesta de Vox incluye medidas concretas: priorizar a ciudadanos españoles en el acceso a vivienda protegida, limitar el uso del sistema sanitario público por parte de inmigrantes en situación irregular —salvo en casos de urgencia— y restringir prestaciones no contributivas.
También plantea revertir normas recientes sobre acceso a la sanidad y regularización de extranjeros, endureciendo el marco legal en materia migratoria. Este giro coloca al PP en una posición incómoda. Por un lado, necesita el apoyo de Vox para mantener la gobernabilidad. Por otro, asumir plenamente estas propuestas podría alejarlo de posiciones más moderadas y generar fricciones tanto internas como externas.
A esa presión política se suma el escándalo de las viviendas de protección oficial (VPO) en Alicante, que afecta directamente al entorno del alcalde Luis Barcala. La investigación judicial sobre la adjudicación de pisos en el residencial Les Naus ha puesto en el punto de mira a cargos públicos, técnicos municipales y perfiles vinculados a la administración.
Entre los investigados figura la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió tras conocerse que había sido beneficiaria de una vivienda protegida. También han sido citados responsables técnicos y administrativos, así como el arquitecto municipal y familiares de altos cargos que accedieron a estas viviendas.
La causa, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, apunta a posibles irregularidades en un proceso que debería haber garantizado el acceso a vivienda asequible para personas con menos recursos. La oposición ha sido contundente. Desde el PSPV, se denuncia que el caso evidencia un uso indebido de recursos públicos en beneficio de perfiles que no cumplían el espíritu de las VPO. Compromís, por su parte, ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades políticas.
El término «pelotazo» ha vuelto al debate público valenciano, evocando prácticas que el PP ha intentado dejar atrás tras años marcados por casos de corrupción. Este escándalo no solo afecta a la gestión municipal en Alicante, sino que debilita la posición del PP en toda la Comunitat. La imagen de rigor y estabilidad que intenta proyectar se ve erosionada por investigaciones judiciales que afectan a su entorno directo.
Vuelve Camps
En paralelo, un tercer factor añade incertidumbre: el regreso de Francisco Camps. El expresidente valenciano ha vuelto a la escena política reclamando la celebración de un congreso en el partido y dejando abierta la posibilidad de impulsar un nuevo proyecto político si no encuentra espacio dentro del PP.
Su eventual candidatura en las próximas elecciones municipales, especialmente en Valencia, podría fragmentar el voto conservador. La figura de Camps sigue generando división. Para algunos sectores, representa una etapa de hegemonía electoral; para otros, está asociada a un pasado que el partido no quiere reabrir. Su reaparición, en cualquier caso, introduce un elemento de inestabilidad en un momento ya de por sí complejo.
La combinación de estos factores pone en cuestión la capacidad del partido para mantener el control del relato político en la Comunidad Valenciana. Mientras intenta consolidar su gobierno, se ve obligado a gestionar crisis simultáneas que afectan tanto a su credibilidad como a su cohesión interna.
