La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a un exmilitante de Jovent Republicà, las juventudes de ERC, por una presunta agresión sexual ocurrida en mayo de 2021 tras una fiesta en un piso de la capital catalana. La Fiscalía pide ocho años de prisión y 20.000 euros de indemnización para la víctima, también miembro de la organización en aquel momento.
Los hechos ocurrieron en el domicilio del procesado, donde varios militantes celebraron una comida. Según el relato de la Fiscalía, la víctima accedió a quedarse a dormir cuando el resto se marchó. Ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que ella manifestó su voluntad de detenerlas un requerimiento que el acusado «ignoró absolutamente», según el escrito de acusación.
El procesado, «con voluntad de satisfacer sus deseos libidinosos a través de su superioridad física», le introdujo los dedos en la vagina y en el ano. Posteriormente, le cogió la mano para forzarla a realizarle una masturbación. Al negarse ella, la agarró del pelo para inmovilizarle la cabeza y consiguió introducirle el pene en la boca.
Por estos hechos, la Fiscalía acusa al exmilitante de un delito de violación y solicita, además de los ocho años de cárcel, diez años de inhabilitación especial para cualquier actividad que comporte contacto con menores. También reclama una orden de alejamiento de 1.000 metros y prohibición de comunicación con la víctima durante una década. La indemnización por daños morales asciende a 20.000 euros.
El Jovent Republicà, consultado por este medio, ha explicado que la víctima puso los hechos en conocimiento de los órganos internos poco después de la agresión. El Comité de Garantías abrió una investigación inmediata y suspendió cautelarmente de militancia al presunto agresor. Según la organización, el acusado mostró «total predisposición a colaborar», aunque no detallaron si participó en los programas de rehabilitación del protocolo. En menos de un mes fue expulsado.
La expulsión fulminante —menos de un mes— demuestra que los mecanismos pueden funcionar. El verdadero test es si el partido consigue que ese relato se imponga al ruido mediático de un juicio que llega cinco años después.
La víctima, según ha podido saber este diario, abandonó la militancia en 2023. No fue por discrepancias con el procedimiento interno —que incluyó apoyo de todo tipo y que ella agradeció expresamente—, sino porque se trasladó al extranjero. Su salida voluntaria refuerza la versión de que el protocolo fue efectivo y respetuoso.
Un juicio que interpela a ERC en plena recomposición política
El juicio se celebra en un contexto político incómodo para Esquerra Republicana. La formación, que ha construido su identidad en torno a políticas feministas y de tolerancia cero contra las violencias machistas, se enfrenta a la exposición pública de un caso que, aunque resuelto internamente con celeridad, puede ser instrumentalizado por sus adversarios. La imagen de una agresión sexual en el seno de sus juventudes —en la intimidad de un piso privado— es un golpe simbólico difícil de gestionar en un escenario de redefinición de espacios a la izquierda del PSC. Sin embargo, el hecho de que el presunto agresor fuera expulsado en menos de un mes y que la víctima agradeciese el trato recibido ofrece a la dirección republicana un relato propio que explotar.
Hay precedentes similares en otras formaciones: Podemos, IU, PP o Ciudadanos han vivido crisis internas por denuncias de violencia sexual. En todos los casos, la rapidez de la respuesta marca la diferencia entre el escándalo y la ejemplaridad. La expulsión fulminante del acusado y la marcha voluntaria de la víctima colocan a Jovent Republicà en una posición atípica: la de una organización que actuó con determinación y acuerdo de la denunciante. El problema, como siempre, es la distancia entre los hechos y la Justicia, que tarda cinco años en sentar al acusado en el banquillo.
La celeridad del protocolo interno contrasta con la lentitud judicial. Para ERC, explicar ese contraste no será sencillo. «.
El juicio continuará en las próximas semanas y la sentencia tardará meses. Mientras, ERC intentará minimizar el impacto y esperar que el foco mediático se desplace. Pero la herida abierta en su relato feminista no cicatrizará con un simple auto de la Audiencia de Barcelona.
