EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los 42.000 estudiantes que se examinarán de las PAU en Cataluña en junio y septiembre de 2026, así como al personal de los institutos y sedes.
- ¿Cuándo ocurre? Desde la convocatoria ordinaria de junio de 2026, los detectores estarán activos en todos los centros.
- ¿Qué cambia hoy? Si llevas un móvil, reloj inteligente o cualquier dispositivo electrónico al examen, será detectado antes de entrar y la prueba quedará automáticamente anulada.
La Generalitat da un paso más en la lucha contra el fraude académico: instalará detectores de dispositivos electrónicos en en todas las sedes de la selectividad en Cataluña a partir de las próximas pruebas de junio de 2026. La medida, confirmada por el Departament d’Educació, busca cortar de raíz los intentos de fraude con tecnología, una preocupación creciente desde la generalización de los smartwatches y los auriculares invisibles.
Según las instrucciones de la Generalitat para las pruebas de PAU, los detectores portátiles se utilizarán en las puertas de cada aula, de forma que ningún alumno entre con un dispositivo prohibido. Hasta ahora, el control se limitaba a pedir a los estudiantes que depositaran sus teléfonos en una bolsa o los dejaran apagados, una supervisión que varios informes internos han calificado de insuficiente. ‘El objetivo es disuadir antes de que se produzca el intento’, señalaron fuentes del Consell Interuniversitari de Catalunya a Moncloa.com.
Un despliegue sin precedentes en los institutos catalanes
Los dispositivos de detección se instalarán tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria de septiembre. Cubrirán todos los institutos públicos, centros concertados y sedes externas habilitados para las pruebas, lo que supone cerca de 400 emplazamientos en toda Cataluña. Barcelona concentrará el mayor número de sedes, pero comarcas como el Vallès Occidental, el Baix Camp o el Segrià también contarán con equipos desde el primer día.
Los detectores, similares a los arcos de seguridad que se usan en aeropuertos, funcionan con un barrido magnético que identifica cualquier dispositivo electrónico, incluso si está apagado. No almacenan datos ni imágenes, según ha asegurado el Departament d’Educació, y el personal de vigilancia recibirá una formación exprés durante las semanas previas al examen. El coste del operativo no ha trascendido, pero fuentes del Govern lo incluyen dentro del presupuesto ya aprobado para las pruebas de acceso a la universidad.
Para muchos estudiantes, estos detectores serán la primera experiencia con un control de este tipo. La fecha límite para que los centros instalen el sistema es el 2 de junio, apenas unos días antes del inicio de la selectividad, lo que deja un margen ajustado para familiarizar a alumnos y profesores con el protocolo.
Dispositivos prohibidos y sanciones inmediatas
La lista de objetos vetados es amplia: teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, y cualquier aparato con conexión a internet o capacidad de almacenamiento. Si el detector emite una señal, el alumno será apartado y se le pedirá que vacíe los bolsillos. En caso de confirmarse la posesión, el examen en curso quedará anulado al instante y el caso se trasladará al tribunal de la PAU, que puede abrir un expediente disciplinario.
La orden es clara: tolerancia cero. Ningún alumno podrá acceder al aula con un teléfono inteligente o un reloj digital, ni siquiera apagado.
La anulación automática afecta solo a la prueba en la que el estudiante ha sido sorprendido, pero los tribunales podrán extender la sanción a toda la convocatoria si consideran que hubo intencionalidad. ‘No buscamos sancionar al despistado, sino al que pretende jugar con ventaja’, precisó un portavoz de la Secretaria d’Universitats i Recerca. Aun así, la advertencia es diáfana: cualquier dispositivo electrónico, aunque no se esté usando, supone la eliminación inmediata del examen.
Los docentes ven con buenos ojos la medida, aunque admiten cierta preocupación por la logística. El sindicato UGT de Enseñanza ha pedido que se refuercen los equipos de vigilancia para que el chequeo con detectores no retrase el inicio de las pruebas, algo que el Departament d’Educació se ha comprometido a garantizar con personal de apoyo.
¿Por qué ahora? El precedente de los fraudes detectados en otras autonomías
La decisión de la Generalitat no es improvisada. En los últimos tres años, comunidades como Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía han registrado un aumento de los intentos de fraude con microauriculares y relojes con pantalla táctil. En la EBAU de 2025, la policía incautó en una universidad valenciana un lote de dispositivos camuflados en gomas de borrar. Cataluña no ha sufrido un escándalo similar, pero el Govern prefiere actuar antes de que ocurra, sobre todo en un contexto en el que la nota de la selectividad define el acceso a grados muy demandados.
Además, las quejas de las familias por el supuesto uso de tecnología en exámenes han ido en aumento. Solo en 2025, el Síndic de Greuges recibió una docena de escritos solicitando mayor control. La respuesta, según analizamos en Moncloa.com, es proporcional al reto tecnológico: si un alumno quiere hacer trampa, hoy dispone de herramientas casi indetectables a simple vista. De ahí que el Consell Executiu haya autorizado un gasto extraordinario para cubrir los detectores, que en un primer momento se planteó solo para la convocatoria de septiembre.
No obstante, la medida no está exenta de críticas. Algunas asociaciones de estudiantes la consideran desproporcionada y estigmatizante, y temen que aumente el nerviosismo antes de una prueba ya de por sí tensa. La Generalitat responde que el control será silencioso, rápido y sin contacto físico, y que se trata de una medida de seguridad semejante a la que ya se aplica en oposiciones de Mossos d’Esquadra o en exámenes de certificación de idiomas.
La palabra final la tendrán los tribunales de la PAU, pero la hoja de ruta está marcada: los detectores funcionarán en todas las sedes a partir del 9 de junio. Si el operativo funciona, Cataluña podría convertirse en la comunidad con el control más estricto de todo el territorio nacional. Habrá que esperar al recuento de anulaciones para saber si el refuerzo sirvió para frenar a los tramposos o solo para recordarles que, en la selectividad, la vigilancia es ya infalible.
