Según datos publicados por el Diari ARA, a finales de 2024 solo 38 municipios catalanes carecían por completo de acceso a servicios bancarios. 11.381 personas viven en esas localidades, el 0,14% de la población catalana. La cifra contrasta con los 503 municipios desatendidos que había en 2021, cuando la exclusión financiera afectaba a más de 305.000 habitantes. El descenso ha sido del 92% en apenas tres años.
De 503 a 38: el retroceso de la exclusión financiera
La crisis financiera de 2008 vació las sucursales rurales. En 2021, más de la mitad de los pueblos catalanes no tenían oficina, cajero ni servicio móvil. Ahora la situación ha cambiado radicalmente. La mayoría de los municipios afectados se encuentra en zonas de montaña o con poca actividad económica, pero el despliegue de oficinas móviles ha permitido revertir el problema. En apenas tres años, 464 localidades han recuperado algún tipo de servicio financiero, según los datos recopilados por el diario.
Este avance no hubiera sido posible sin la presión de administraciones como la Generalitat, que impulsó compromisos con las entidades bancarias para garantizar cobertura en todo el territorio. Las oficinas móviles, autobuses equipados con cajero y gestor, han resultado la herramienta clave: llegan donde no hay suficiente demanda para abrir una sucursal fija. A diferencia de los cajeros automáticos aislados, ofrecen atención personalizada una o dos veces por semana.
La banca móvil como tabla de salvación
Desde 2022, los bancos y las diputaciones provinciales han coordinado rutas que cubren centenares de pueblos. El modelo no es nuevo (en la comarca del Priorat ya funcionaba una experiencia piloto), pero su extensión masiva es reciente. “En muchos casos, el bus se ha convertido en la única cita semanal que tienen algunos vecinos”, señalan fuentes del sector a Moncloa.com. La Generalitat ha reforzado esta estrategia con ayudas a los ayuntamientos para adaptar espacios donde el vehículo pueda estacionar y operar con seguridad.
Menos de 12.000 personas. Ese es el censo de los 38 municipios que aún quedan sin cobertura. La cifra es baja, pero revela una fractura difícil de cerrar: se trata de aldeas diseminadas, con pocos habitantes y unas comunicaciones muy precarias. En algunos casos, el coste de enviar una oficina móvil supera los beneficios potenciales para la entidad financiera. Aquí es donde el sector público tendrá que intervenir si quiere evitar que estos pueblos desaparezcan.
La mayoría de los municipios afectados se encuentra en zonas como el Pirineo leridano o las Terres de l’Ebre, donde la despoblación avanza. La ausencia de banco es un síntoma más de un problema estructural: sin servicios básicos, es muy difícil fijar población joven o atraer negocios. La leyenda de que en muchos pueblos “solo queda la gente mayor” empieza a ser una realidad medible: en varios de esos 38 municipios la media de edad supera los 55 años.
La exclusión financiera no es solo un problema de acceso al dinero: es una barrera para fijar población en el territorio.
Los últimos bastiones sin banco: el Pirineo y el Ebro
La banca no volverá a esos pueblos si no cambian las condiciones demográficas. Y las condiciones demográficas no cambiarán si no hay servicios. El círculo es vicioso y se repite en otras comunidades con despoblación rural, como Castilla y León o Aragón. En Cataluña, la Generalitat ha aprobado ayudas para incentivar la implantación de cajeros automáticos municipales, pero la medida aún no ha llegado a todos los puntos críticos.
Un ejemplo: en el municipio de la Vall de Boí, una de las joyas turísticas del Pirineo, no hay sucursal fija desde 2015. El bus financiero pasa dos veces al mes, pero en invierno puede quedar aislado por la nieve. Situaciones similares se dan en pequeñas poblaciones del Ripollès o el Berguedà. Los alcaldes de estas localidades llevan años reclamando soluciones permanentes, pero la baja rentabilidad económica desanima a las entidades privadas. Según datos de IDESCAT, la renta familiar disponible en estas zonas está por debajo de la media catalana, lo que reduce aún más el atractivo comercial.
El Govern mantiene abierta una línea de diálogo con las principales entidades financieras –CaixaBank, BBVA, Sabadell y Banco Santander– para que no abandonen los pueblos más pequeños. Durante la presentación del informe, la consejera de Economía de la Generalitat recordó que “la digitalización no puede ser una excusa para dejar a nadie atrás”. Sin embargo, los datos muestran que más de un 30% de los habitantes de esos últimos 38 municipios no utiliza habitualmente la banca online, ya sea por edad, falta de formación o conectividad deficiente.
El reto no es solo llevar un cajero. Implica asegurar que los vecinos puedan sacar dinero, pagar recibos y recibir atención sin depender de un coche para desplazarse 20 kilómetros. La administración catalana ha anunciado que, antes de finales de 2026, pondrá en marcha un plan específico para estos 38 enclaves, que podría incluir incentivos fiscales a los bancos que se instalen, o la creación de plataformas digitales de gestión municipal que suplan algunas funciones bancarias. Pero de momento, mientras el bus no llegue, 11.381 catalanes siguen viviendo en el siglo XX financiero.
