La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló 19.850 euros en efectivo en el domicilio del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías durante un registro autorizado por la Audiencia Nacional. La cantidad, repartida en un baúl del salón y un sobre del vestidor, eleva la presión sobre uno de los abogados que el PSOE contrató para investigaciones relacionadas con el denominado caso Leire. Una sacudida que, pese al ruido mediático, la dirección federal aborda con la cautela de quien sabe que el proceso judicial apenas comienza.
El hallazgo, detallado en el acta de entrada y registro a la que ha tenido acceso Europa Press, se produjo en la misma jornada en que los agentes registraron también la vivienda del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, donde se incautaron dos teléfonos, un ordenador y varias carpetas. Ambos dirigentes están imputados —junto a la exmilitante Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del partido, Ana María Fuentes— en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por presunta creación de una red para condicionar procesos judiciales sensibles para el Gobierno y el PSOE.
El botín en el baúl: 200 billetes de 50 y 305 de 20
Según el acta notarial incorporada al sumario, los investigadores encontraron 200 billetes de 50 euros y 305 billetes de 20 euros dentro del baúl situado en el salón principal de la vivienda. En un vestidor anexo, un sobre contenía otros 75 billetes de 50. El montante total suma los 19.850 euros, prácticamente el mismo importe —cifra redonda mediante— que Zarrías declaró haber pagado en su día a Leire Díez para que indagara sobre el supuesto papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la instrucción de los ERE de Andalucía. Un paralelismo numérico que, sin ser prueba de delito, los investigadores no han pasado por alto.
La entrada y registro se llevó a cabo con todas las garantías procesales, ordenada por el juez Pedraz y ejecutada por agentes de la UCO. Zarrías, que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves, compareció voluntariamente y ha mantenido siempre que los pagos a Díez obedecían a un encargo profesional lícito, enmarcado en la estrategia de defensa del PSOE frente a lo que la formación califica como “persecución judicial” en el caso de los ERE.
La raíz del caso: un pago de 16.000 euros y la sombra de Villarejo
El núcleo de la investigación que afecta a Zarrías radica en un pago de 16.000 euros que el exdirigente andaluz realizó a Leire Díez, exmilitante socialista, para que investigara la presunta influencia de Villarejo sobre la causa de los ERE. Zarrías testificó ante un juzgado de Plaza de Castilla en abril de 2026 y reconoció la transferencia, insistiendo en que se trataba de un encargo de asesoramiento externo, no de una maniobra de obstrucción. La Audiencia Nacional, sin embargo, investiga si esa contratación formaba parte de una red más amplia destinada a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
La investigación ha puesto el foco en el uso de fondos del partido para sufragar este tipo de servicios. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también imputada, habría participado en en el seguimiento de esos encargos según el sumario. Fuentes de Ferraz insisten en que la ejecutiva federal siempre ha actuado dentro de la legalidad y que cualquier gasto se ajustó a los controles internos del partido.
El Eje del Poder Socialista
La noticia del efectivo incautado a Zarrías no es un contratiempo menor. Pone a prueba la capacidad del PSOE para gestionar un nuevo capítulo de lo que algunos barones territoriales empiezan a leer como una ofensiva judicial sostenida contra la formación. “Vamos a respetar escrupulosamente los tiempos de la justicia, pero no vamos a aceptar que se criminalice a un partido por hechos individuales aún no juzgados”, trasladan desde la dirección federal.
En el plano interno, la sombra del caso Leire obliga a una reordenación del discurso en un año que el secretario general, Pedro Sánchez, quiere dedicar a la agenda social. Cargos autonómicos como el castellano-manchego Emiliano García-Page o la navarra María Chivite han evitado pronunciarse, pero la inquietud es palpable en los gobiernos territoriales, que temen que el ruido judicial desplace el debate de la vivienda, la financiación autonómica o la transición ecológica. El Grupo Parlamentario Socialista ha optado por una estrategia de perfil bajo, remitiéndose a la presunción de inocencia de los imputados.
La lectura a medio plazo pasa por la capacidad del partido para mantener la cohesión territorial mientras avanza la instrucción. Si el juez Pedraz eleva la causa a juicio oral, la dirección socialista se verá obligada a deslindar responsabilidades orgánicas sin fracturar a las federaciones. En el horizonte inmediato, la Audiencia Nacional deberá decidir en las próximas semanas si amplía la lista de investigados o si archiva alguna de las piezas.
La oposición, con el PP al frente, ha pedido explicaciones directas a Sánchez. “Estamos ante un goteo de escándalos que manchan las instituciones”, afirmó este miércoles el portavoz popular. Moncloa replica que el Ejecutivo no interviene en procesos judiciales y que cualquier intento de politización de la justicia perjudica la calidad democrática. El choque de relatos, lejos de aclararse, alimenta un ambiente de constante crispación.
La partitura judicial se escribe en los juzgados, pero la melodía política resuena en las urnas.
Los sindicatos y colectivos sociales afines al partido observan con preocupación el desgaste. “No se puede trabajar por el blindaje del Estado del bienestar cuando cada dos días un titular descorazona a la ciudadanía”, confió a esta redacción un dirigente territorial que pide el anonimato. Ferraz, mientras tanto, apuesta por la paciencia táctica y por mantener el foco en las medidas del Gobierno: la ley de vivienda, la subida del salario mínimo y los pactos de legislatura siguen siendo el parapeto.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Respeto absoluto a la instrucción judicial y confianza en la legalidad de las actuaciones del partido. Distinción clara entre la conducta individual de un imputado y la línea ética del PSOE.
- Protagonista: Gaspar Zarrías (exvicepresidente de la Junta de Andalucía y abogado en el caso Leire). La dirección nacional no lo ha defendido públicamente, pero subraya la presunción de inocencia.
- Próximo hito: La Audiencia Nacional debe resolver en las próximas semanas si las piezas separadas siguen adelante o se archivan. Los plazos de instrucción son inciertos, pero el juez Pedraz podría citar a nuevos declarantes antes de que acabe el verano.
