Bruselas respalda esta semana los centros de retención de inmigrantes en terceros países, una medida que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha convertido en norma.
La victoria legislativa: centros fuera de la UE y deportaciones exprés
El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo cerraron un acuerdo definitivo sobre el reglamento de retornos, la pieza que faltaba del Pacto Migratorio. La nueva legislación, a la que ha tenido acceso Moncloa.com, legaliza la construcción de instalaciones de detención fuera del territorio comunitario —los llamados ‘centros Meloni’— y endurece las condiciones de estancia de los migrantes irregulares. Según la nota de prensa del Consejo de la UE, el texto amplía la lista de países considerados seguros y permite deportar a personas a Estados como Egipto o Túnez aunque no tengan vínculo alguno con esos territorios.
Los plazos de internamiento se alargan hasta los dos años y, a partir de ahí, se prorrogan de seis meses en seis meses, lo que convierte la detención administrativa en prácticamente indefinida. Solo los menores no acompañados quedan excluidos de los centros. Además, la normativa habilita a las autoridades a investigar y confiscar documentos y efectos personales a cualquier persona considerada migrante irregular, una práctica que recuerda a los operativos del ICE estadounidense. La UE justifica estas medidas con el bajo porcentaje de deportaciones efectivas —apenas el 29%—, pero organizaciones como Amnistía Internacional ya han advertido de que varios aspectos chocan con el derecho comunitario.
La votación en el Consejo evidenció una mayoría aplastante. Varias fuentes diplomáticas esperaban que las discusiones se alargasen horas, pero se cerraron en en poco tiempo. Apenas un puñado de países, entre ellos España, votó en contra.
El reglamento no contempla una partida presupuestaria para construir ni gestionar estos centros; se limita a darles cobertura legal. Sin embargo, cada vez más Estados miembros —Austria, Dinamarca o entre otros, Grecia—, bajo el liderazgo de Meloni, estudian instalarlos. Incluso Alemania, que en 2015 fue el abanderado de la acogida de refugiados, coquetea ahora con el modelo.
De la oposición de Bruselas al consenso forzado por Roma
Hace apenas tres años, la propia Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos calificaban los centros de retención en terceros países de inviables y contrarios al derecho internacional. El Tribunal de Justicia de la UE y los tribunales italianos habían bloqueado proyectos similares. La llegada de Giorgia Meloni al poder en 2023, coincidiendo con el auge de la extrema derecha en las elecciones europeas de 2024, reconfiguró por completo el tablero.
La primera ministra italiana no solo normalizó sus propuestas más restrictivas, sino que logró construir una mayoría transversal. A su lado se alinearon la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen, los Países Bajos, Polonia, la República Checa y los Estados bálticos. De repente, los países que exigían medidas extremistas en migración pasaron de ser una minoría ruidosa a convertirse en el centro de gravedad político.
El paquete legislativo pactado esta semana es la culminación de ese proceso. Durante la negociación del último tramo del Pacto Migratorio, las divergencias que solían eternizar los debates prácticamente desaparecieron. “Ya no había división; una gran mayoría quería un endurecimiento extremo”, resume una fuente diplomática consultada por Moncloa.com.
Lo que vemos es una UE que ha internalizado la hoja de ruta de Meloni y la ha revestido de legalidad comunitaria con la velocidad de quien sabe que cuenta con una mayoría sólida.
El Eje del Poder Europeo
El acuerdo sobre los centros de retención consagra un cambio de paradigma que apenas se habría imaginado durante la gran crisis migratoria de 2015. Entonces, Angela Merkel abrió las puertas de Alemania a cientos de miles de refugiados sirios y Bruselas impulsó un sistema de cuotas que acabó traspasando la línea roja de los países del Este. Una década después, el péndulo ha oscilado hacia el otro extremo: la disuasión prevalece sobre la acogida y el código de valores humanitarios queda supeditado al control de flujos.
En este nuevo tablero, la geometría de alianzas es clara: el eje Roma-Copenhague-Varsovia-Amsterdam marca la pauta, mientras que París y Berlín oscilan entre el seguidismo táctico y el silencio incómodo. La Comisión, que en 2022 aún rechazaba por contrarias al derecho comunitario las propuestas de externalización, ha terminado por bendecirlas con la firma de su presidente, Ursula von der Leyen.
Para España, el impacto es doble. Por un lado, el Gobierno de Pedro Sánchez queda señalado como uno de los pocos que votó en contra, lo que le aísla en el Consejo y debilita su capacidad de negociar cláusulas de flexibilidad a futuro. Por otro, la mera existencia legal de los centros empuja a todos los Estados miembros a alinearse, porque nadie quiere convertirse en el destino preferente de los migrantes que sean rechazados por sus vecinos. Las ONG y los servicios jurídicos del Tribunal de Justicia de la UE ya preparan recursos, pero el recorrido judicial será lento y, mientras tanto, la norma despliega sus efectos.
La lectura a medio plazo es inquietante: la UE está interiorizando una doctrina migratoria que diluye el principio de no devolución y convierte la detención administrativa en un castigo sin horizonte temporal definido. Si los tribunales terminan por avalarla, quedará poco margen para que un futuro Ejecutivo comunitario de signo opuesto pueda desmontarla. El próximo capítulo se escribirá ante el TJUE, pero la partida ya la ha ganado Meloni.
