EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha exigido a la fiscal general Teresa Peramato que aclare quién autorizó las dos reuniones de la cúpula de la Fiscalía con Leire Díez, la presunta ‘fontanera’ del PSOE.
- ¿Quién está detrás? La organización profesional de fiscales, con un comunicado titulado «NO ES SUFICIENTE», y el Partido Popular, que ha calificado la situación con sarcasmo: «Para ser Antoñita la fantástica, se confirman reuniones».
- ¿Qué impacto tiene? Aumenta la presión sobre la Fiscalía General y alimenta el relato del PP sobre una institución politizada al servicio del Gobierno, justo cuando el Senado podría activar la comisión de investigación sobre el ‘caso cloacas’.
La Asociación de Fiscales (AF) ha elevado este miércoles el tono contra la cúpula de la Fiscalía General del Estado. En un comunicado de dureza inusual, la organización mayoritaria en la carrera fiscal expresa su «profunda indignación» ante lo que considera una «insuficiente respuesta» de la institución sobre las dos reuniones que mantuvo el fiscal Diego Villafañe, estrecho colaborador de Álvaro García Ortiz, con Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE.
El documento, titulado «NO ES SUFICIENTE», pide claridad: «La Fiscalía General del Estado debe ofrecer una respuesta completa sobre cómo se produjo esta actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios». La exigencia va dirigida directamente a Teresa Peramato, máxima responsable del organismo.
La indignación de los fiscales y su exigencia de respuestas
La AF subraya que los encuentros con la presunta fontanera no fueron un trámite menor: «No se trata de una comparecencia ante cualquier fiscalía: la reunión tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, fuera del horario ordinario de atención al público y con una intervención directa de responsables de primer nivel de la institución». La propia Fiscalía, a petición del juez Santiago Pedraz, ha admitido este miércoles que Villafañe mantuvo dos reuniones con Leire Díez en la sede de Fortuny durante la primavera de 2025.
El comunicado va más allá: «Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables de la institución». Y si merecían atención —se pregunta—, «¿por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación?».
La asociación insiste en que la respuesta institucional hasta ahora es «genérica e insuficiente». Y plantea interrogantes que ningún miembro del Gobierno ni del Ministerio Fiscal ha despejado: «Si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características? ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?».
El PP se suma a la crítica y exige la comparecencia de Peramato
En paralelo, el Partido Popular ha recogido el guante de inmediato. Fuentes de la dirección nacional responden con un tono que mezcla la sorna y la exigencia: «Para ser Antoñita la fantástica, se confirman reuniones», en alusión al apelativo con el que el Gobierno despreció las informaciones iniciales sobre los contactos de la Fiscalía con personas vinculadas a la trama de espionaje político.
El grupo parlamentario popular en el Senado ya ha anunciado que solicitará en las próximas horas la comparecencia de Teresa Peramato para que explique con detalle quién autorizó las reuniones, por qué se celebraron en un horario y un lugar reservado y por qué no se activaron los protocolos internos de la Fiscalía. «La institución no es un club privado para recibir a presuntos miembros de un grupo criminal», ha señalado un portavoz autorizado de Génova 13.
La estrategia del PP, según las fuentes consultadas por esta redacción, es doble: por un lado, mantener la presión institucional en el Senado —donde la mayoría absoluta popular permite forzar comparecencias y comisiones de investigación—; por otro, ligar este escándalo a la larga serie de decisiones de la Fiscalía que, a juicio de los populares, han beneficiado al Gobierno de Pedro Sánchez.
La Fiscalía no es un club privado para recibir a presuntos miembros de un grupo criminal; la institución debe ofrecer explicaciones completas y no genéricas.
El comunicado de la Asociación de Fiscales, que agrupa a la mayoría de los profesionales de la carrera, añade un respaldo de peso a ese argumentario. No es solo la oposición política: son los propios fiscales quienes cuestionan la actuación de la cúpula.
El Eje del Poder Popular
La crisis de la Fiscalía General encuentra al PP en un momento de reorganización estratégica. La dirección de Alberto Núñez Feijóo lee este escándalo como una oportunidad para consolidar su discurso de defensa de las instituciones frente a lo que consideran un Gobierno que las instrumentaliza. En las últimas semanas, Génova 13 ha intensificado su presencia en el Senado, con comisiones sobre cloacas y la utilización de medios públicos. La comparecencia de Peramato sería la pieza siguiente.
El pulso no es solo político, sino también territorial. Los barones populares, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, llevan años denunciando la politización de la justicia, y esta nueva revelación les proporciona munición para sus discursos autonómicos. De hecho, en la Comunidad de Madrid ya se ha anunciado que se personará como acusación particular en cualquier causa que se derive de estos hechos, una medida que otras comunidades gobernadas por el PP podrían imitar.
La lectura a medio plazo es clara: si la Fiscalía no ofrece una explicación convincente, el PP trasladará el debate a la calle durante el próximo ciclo electoral, asociando al PSOE con la falta de transparencia y el uso partidista de las instituciones. El coste reputacional para la Fiscalía y para el Gobierno sería enorme. Y, mientras tanto, los fiscales de base ya han marcado el camino: su indignación es el primer paso de una tormenta política que apenas comienza.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La Fiscalía debe restaurar la confianza ciudadana aclarando de inmediato quién autorizó los encuentros con la fontanera del PSOE. La opacidad ya no es una opción.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) ha respaldado la exigencia de transparencia y apoyará la comparecencia en el Senado.
- Próximo hito: La solicitud de comparecencia de la fiscal general registrada por el GPP en el Senado; previsiblemente se debatirá en la próxima sesión de control.
