La ultraderecha suiza lleva a referéndum una propuesta para limitar la población del país a 10 millones de habitantes, lo que pondría en jaque el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea. La iniciativa, impulsada por el partido Unión Democrática de Centro (SVP), se vota mañana, 14 de junio, y amenaza con abrir un frente de tensión con Bruselas en un momento en que la UE estrena su nuevo Pacto de Asilo y Migración.
Bajo el título No a una Suiza de 10 millones, la propuesta recoge el malestar de una parte de la población por la presión creciente sobre la vivienda, las escuelas y la sanidad. Con más de 9,5 millones de habitantes, los suizos acuden a las urnas —unos 5,6 millones con derecho a voto— para decidir si el país alpino debe cerrar la puerta antes de alcanzar esa cifra redonda. De salir adelante, Suiza tendría que renegociar o incluso abandonar el principio de libre circulación, clave en sus relaciones con los Veintisiete.
Los argumentos de la SVP apelan a problemas cotidianos: encontrar un piso asequible en Zúrich o Ginebra se ha vuelto una misión imposible, las listas de espera en los hospitales se alargan y la criminalidad, según el partido, se ha disparado con la llegada de extranjeros. “No podemos seguir creciendo así”, repiten sus dirigentes, que también proponen limitar la reunificación familiar y la acogida de refugiados. Sin embargo, los datos contradicen parte del relato: los inmigrantes extracomunitarios ya están sometidos a un sistema de cuotas y contratos en origen muy estricto.
La radiografía de la Suiza cosmopolita desmonta el mito de una avalancha descontrolada. De los dos millones y medio de residentes nacidos en el extranjero, la mayoría son europeos: alemanes, italianos, portugueses y franceses encabezan la lista. Los salarios altos y las condiciones laborales favorables siguen siendo el principal imán. La colonia extracomunitaria —unas 700.000 personas— llega, en su mayor parte, por vías reguladas mediante acuerdos internacionales de asilo o permisos laborales limitados.
El rechazo institucional es casi unánime. El Consejo Federal suizo ha advertido de que limitar la inmigración no soluciona los problemas de vivienda ni el envejecimiento de la población, y aboga por más planificación urbana. La patronal química y farmacéutica, a través de su director Stephan Mumenthaler, calificó la iniciativa de “veneno” para la inversión, porque pondría en peligro la llegada de trabajadores cualificados y frenaría proyectos de innovación.
Las encuestas, no obstante, dejan margen para la sorpresa. Aunque el apoyo ronda el 30 % en los sondeos, alguna consulta ha llegado a registrar un empate técnico. El contexto juega a favor de los impulsores: la entrada en vigor del nuevo Pacto de Asilo y Migración de la UE, con sus centros de detención y procedimientos acelerados, está reavivando el debate migratorio en toda Europa y podría empujar a votantes indecisos hacia el sí.
De aprobarse, la iniciativa haría saltar por los aires el acuerdo de libre circulación, una de las piedras angulares de la relación UE-Suiza desde 2002.
Una iniciativa que choca con el establishment suizo
El SVP, acostumbrado a agitar las campañas electorales, ha encontrado esta vez un terreno abonado. El malestar por la pérdida de poder adquisitivo y la sensación de que los servicios públicos colapsan ha calado más allá de su electorado tradicional. Pero el contraataque del Gobierno y de los agentes económicos ha sido frontal: recuerdan que la economía suiza depende del talento exterior y que cerrar las puertas supondría un retroceso competitivo sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial.
La paradoja es que Suiza, sin ser miembro de la UE, está profundamente integrada: exporta más de la mitad de sus mercancías al mercado único y acoge sedes de multinacionales que operan en toda Europa. Romper la libre circulación de personas significaría, en la práctica, poner trabas a ese intercambio diario de trabajadores transfronterizos —más de 340.000 cada día— que sostiene sectores como la hostelería, la sanidad o la construcción.
El dilema: falta de vivienda, envejecimiento… ¿y una vuelta a las cuotas?
El argumentario de los defensores de la medida se centra en la crisis de la vivienda. En ciudades como Ginebra o Zúrich, los alquileres se han disparado y la construcción no sigue el ritmo del crecimiento poblacional. A eso se suma el envejecimiento de la población: Suiza necesitará más manos que nunca para cuidar a sus mayores, y la inmigración ha sido hasta ahora la válvula de escape.
Los críticos advierten de que la propuesta es una huida hacia adelante que no resolvería los problemas estructurales, sino que los agravaría al expulsar precisamente a los jóvenes que cotizan y consumen. Además, reintroducir cuotas migratorias nacionales violaría el espíritu de los acuerdos bilaterales y colocaría a Berna en una posición de aislamiento diplomático similar a la que vivió tras el referéndum de 2014, cuando el ‘stop mass immigration’ obligó a Bruselas a congelar otros expedientes.
El Eje del Poder Europeo
Para la Unión Europea, el respeto a la libre circulación de personas es una línea roja. Bruselas siempre ha vinculado el acceso al mercado único con la aceptación del acervo comunitario, y Suiza, pese a su estatus de país no miembro, ha sido tratada como un socio privilegiado gracias a los más de 120 acuerdos bilaterales. Una victoria del sí abriría una crisis institucional de consecuencias impredecibles: ¿retiraría la UE el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales? ¿amenazaría con expulsar a Suiza del programa Horizonte Europa? Las preguntas ya circulan en los pasillos del Berlaymont.
España observa la votación con la cautela de quien sabe que cualquier grieta en la arquitectura de la libre circulación puede acabar afectando directamente a sus ciudadanos. Aunque la colonia española en Suiza no es de las más numerosas —ronda los 100.000 residentes, según el INE—, el principio que está en juego es el mismo que permite a cientos de miles de españoles vivir y trabajar sin trabas en el país alpino. Madrid no se pronunciará antes del escrutinio, pero fuentes diplomáticas consultadas por este medio admiten que harán valer la defensa del acervo comunitario si la iniciativa triunfa.
El precedente histórico no invita al optimismo. Hace justo doce años, en 2014, una consulta similar sobre inmigración forzó a la UE a amenazar con revisar todos los pactos con Berna. Finalmente, el Gobierno suizo encontró una salida de compromiso que preservó la letra del acuerdo. Pero aquella crisis dejó claro que la voluntad popular puede chocar frontalmente con los intereses geoestratégicos de Europa. Mañana, los 5,6 millones de votantes suizos tienen en sus manos la posibilidad de desencadenar un terremoto político de alcance continental.
