El Govern ha conseguido arrancar a ERC el diseño definitivo de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya (AAC) que le permitirá participar —y, en la medida de lo legalmente posible, condicionar— la planificación de los aeródromos y las tarifas de Aena. La letra pequeña, pactada en las enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos, no otorga a la Generalitat un derecho de veto, pero sí una capacidad de propuesta formal que hasta ahora no existía.
La AAC, que se constituirá como empresa pública catalana bajo el paraguas de la Conselleria de Territori, tendrá entre sus funciones emitir informes y recomendaciones sobre los planes estratégicos quinquenales de Aena, los llamados DORA, y sobre los planes directores de cada aeropuerto. Además, podrá evaluar y efectuar propuestas en relación con el marco tarifario que la empresa semipública aplica a las aerolíneas, un asunto espinoso después de meses de pulso entre Aena y la patronal ALA.
Esa capacidad de opinar, aunque no sea vinculante, supone un salto cualitativo. Hasta ahora, la Generalitat solo participaba en comités de desarrollo de rutas y en órganos territoriales meramente informativos. La nueva autoridad aspira a coordinar todas las competencias que el Estatut atribuye a Catalunya en materia de aeropuertos: urbanismo, medio ambiente, accesibilidad, transporte y promoción económica, para ejercer una visión de conjunto que hoy no existe.
La estructura del ente, detallada en las enmiendas, incluye un consejo de gobierno con una presidencia, una vicepresidencia y trece vocales. Entre ellos habrá representantes de los departamentos de Transportes, Seguridad, Planificación Territorial, Medio Ambiente, Turismo y Economía y Hacienda, además de vocales de las entidades municipalistas, el Consell de Cambres, las organizaciones empresariales y sindicales, y dos del sector aéreo. Cada aeropuerto —Barcelona-El Prat, Girona, Reus, Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra-La Seu d’Urgell— podrá contar con un comité técnico propio.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subrayado que la nueva autoridad permitirá al Govern “incidir con voz propia” y que Aena “está perfectamente informada”. Paneque no oculta que la intención es que la posición catalana sea “escuchada, compartida y que tenga incidencia”. La fórmula es ambigua a propósito: ni coadministración ni silencio administrativo.
Las enmiendas pactadas por el Govern de Salvador Illa —del PSC— y ERC evitan cuestionar el papel central de Aena, cuyo 49% pertenece a inversores privados. La AAC no modifica la composición de su consejo de administración, lo que la aleja de la cogestión que otras comunidades reclaman. Sin embargo, el gesto tiene una lectura política innegable: el socio de investidura aprieta las tuercas de la carpeta infraestructural, y Moncloa observa.
El Govern consigue un avance sinromper el marco legal, pero la sombra de la cogestión que Aena tanto teme se alarga.
Por qué Aena se revuelve: del “imposible” de Lucena a la realidad pactada
El presidente de Aena, Maurici Lucena, antiguo diputado y portavoz del PSC en el Parlament, ya advirtió en la última junta de accionistas que la demanda de cogestión aeroportuaria que plantean territorios como Catalunya y Euskadi era “imposible” y podía acarrear “riesgos importantes”. Su oposición frontal responde a la estructura accionarial de la empresa: si se otorga a una comunidad autónoma capacidad de decisión sobre tarifas o inversiones, los accionistas minoritarios pueden ver afectada la rentabilidad de un negocio regulado pero con ánimo de lucro.
La Generalitat esquiva el choque frontal con una arquitectura institucional que, en la práctica, traslada la presión de la calle al despacho. Según fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com, el objetivo no es romper la unidad de mercado aeroportuario, sino “obligar a Aena a escuchar antes de decidir”. Sin capacidad de veto, la AAC será una máquina de generar informes y propuestas; si Aena las ignora sistemáticamente, la tensión política crecerá a cada DORA revisado.
El acuerdo con ERC llega, además, en un momento en que otras comunidades también han dado pasos para reclamar más peso en la gestión aeroportuaria. Euskadi, Navarra y Canarias llevan meses presionando. Catalunya, sin embargo, es la primera en traducirlo en una enmienda concreta con rango de ley, lo que puede crear jurisprudencia administrativa que otros territorios intenten replicar.
La lectura interna en el Parlament es que Illa necesitaba este guiño a los republicanos para garantizar la estabilidad presupuestaria. ERC, a su vez, se asegura una bandera de “soberanía aeroportuaria” sin los riesgos que supondría una transferencia plena que Moncloa nunca concedería. La AAC queda como un órgano de influencia, pero no de gestión. Por el momento.
El calendario inmediato pasará por la aprobación de la ley de acompañamiento en el pleno del Parlament, probablemente antes del paréntesis estival, y la posterior puesta en marcha de la autoridad, que debería estar constituida a finales de 2026. Aena, que ya ha sido informada, guarda silencio oficial pero sus movimientos en los próximos meses indicarán hasta qué punto el gesto de la Generalitat se queda en papel mojado o se convierte en una verdadera herramienta de presión.
