La Generalitat ha presentado el Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, un plan que —según consta en la documentación oficial del Govern— movilizará 5.000 millones de euros en cuatro años para reforzar la competitividad del tejido industrial catalán. La firma, que tuvo lugar el pasado domingo en el Palau de la Generalitat, contó con el respaldo de sindicatos y patronales y marca la hoja de ruta económica del Govern de Salvador Illa.
Un plan alineado con Europa y la urgencia competitiva
Salvador Illa subrayó que la industria «forma parte de nuestra historia, nuestra manera de entender y de hacer empresa». Y añadió: «Los 5.000 millones de euros de inversión son una buena medida de la ambición que ponemos». Por su parte, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ahondó en el valor del sector: «La industria sigue siendo uno de los principales motores de progreso, prosperidad y cohesión. Cuando hablamos de industria, hablamos de innovación, de productividad, de exportaciones, de capacidad de competir en el mundo».
El nuevo pacto se inspira en los tres grandes ejes del informe Draghi sobre competitividad europea: aumentar la productividad para cerrar la brecha tecnológica, aprovechar las oportunidades de la descarbonización y hacer la industria más resiliente. Illa, además, aprovechó el acto para celebrar la reapertura del estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, una señal de que la estabilidad global es clave para la cadena de suministro industrial.
Las 190 medidas del plan se distribuyen en 5 ámbitos y 11 ejes: sostenibilidad y energía (incluyendo descarbonización y circularidad), ocupación de calidad (formación, orientación profesional y condiciones de trabajo), innovación y competitividad (I+D, financiación e internacionalización), infraestructuras y suelo industrial, y un quinto ámbito transversal de marco institucional y social.
190 medidas en 5 ámbitos para cambiar el tejido productivo
El Pacte fija 22 objetivos estratégicos concretos, entre ellos elevar el peso de la industria en el PIB catalán más allá del actual 20%, aumentar el valor añadido de las exportaciones y generar empleo de mayor calidad. La firma con CCOO, UGT, PIMEC y Foment del Treball escenifica un consenso social poco habitual y que Illa quiere convertir en activo político.
Con esta inversión, Cataluña no aspira solo a recuperar terreno perdido, sino a liderar la reindustrialización del sur de Europa.
Una industria que vale un 20% del PIB y que necesita más fuelle
Cataluña tiene argumentos sólidos. La industria representa alrededor del 20% del PIB, muy por encima de la media española, y entre 2013 y 2024 la productividad por hora trabajada creció un 25%, muy por encima de la del conjunto de la economía catalana (9,6%) y del raquítico 0,3% de España. Las exportaciones catalanas de bienes aumentaron un 71% en términos nominales entre 2013 y 2025, superando a la zona euro (62%).
El gasto en innovación industrial alcanza los 3.030 millones anuales, con cerca de 13.000 profesionales dedicados a I+D, y el 48% de los trabajadores del sector cuenta con estudios superiores. Además, desde 1990 las emisiones industriales se han reducido un 27%, lo que avala la viabilidad de una reindustrialización verde.
La continuidad respecto al plan 2022-2025 aporta un cierto grado de realismo: el anterior pacto ya había identificado cuellos de botella como la falta de suelo industrial y la lentitud en la concesión de licencias, problemas que ahora se pretenden abordar con partidas específicas. La sintonía con Bruselas puede abrir la puerta a fondos europeos adicionales, una vía que la Generalitat explora en paralelo a sus negociaciones con Moncloa sobre financiación autonómica, fuente última de buena parte de la inversión pública comprometida.
Sin embargo, el éxito del plan dependerá de la ejecución real. La inversión prevista —1.250 millones al año— supone un esfuerzo considerable para las arcas públicas, y el Govern necesitará atraer capital privado en sectores como las infraestructuras de suelo industrial y la transición energética. El texto no desglosa por sectores, lo que deja espacio para que cada área negocie su peso; el textil, por ejemplo, está incluido pero sin menciones explícitas, como señalan fuentes consultadas por Moncloa.com.
En Moncloa.com interpretamos que el consenso social es la gran baza política de Illa, pero la prueba de fuego llegará cuando se concreten las partidas presupuestarias. El próximo hito será la aprobación de los primeros presupuestos con cargo al plan, previsiblemente en la segunda mitad del año, momento en que se verá si los 5.000 millones superan el papel.
