El Congreso de los Diputados convalidará el decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para 2026, después de que PNV y Junts per Catalunya hayan confirmado su respaldo a un texto que eleva esos recursos hasta 157.731 millones de euros. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE, precisa el visto bueno de la mayoría de la Cámara Baja para seguir vigente, y los votos de ambas formaciones resultan determinantes para garantizarlo.
El decreto no se limita a las comunidades autónomas. Incluye también las entregas a cuenta a las entidades locales, que ascienden a 29.247 millones de euros, un 8,8 % más que en el ejercicio anterior. Junto a la previsión de liquidación de 2024, la financiación total que percibirán las autonomías alcanzará los 170.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto al año pasado.
Qué contiene el decreto de entregas a cuenta y por qué es relevante para ayuntamientos y autonomías
Según el texto del real decreto ley, la actualización de las entregas a cuenta se enmarca en el mecanismo ordinario de financiación autonómica y local. La cifra comunicada por el Ministerio de Hacienda incorpora las previsiones de ingresos tributarios del Estado para el próximo ejercicio y sirve de base para que las comunidades autónomas puedan elaborar sus presupuestos con certeza sobre los fondos que recibirán.
Además de esos recursos, la norma habilita una disposición específica para los ayuntamientos: aquellos que cerraron el ejercicio 2025 con superávit presupuestario podrán destinar ese remanente a inversiones financieramente sostenibles sin que compute a efectos de la regla de gasto. La medida afecta a más de 2.540 entidades locales y moviliza un volumen de recursos cercano a los 3.000 millones de euros, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Entre las inversiones permitidas figuran actuaciones en alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil e infraestructuras. De manera complementaria, se establece un régimen excepcional para que los consistorios que dispongan de ese remanente puedan destinarlo a políticas de vivienda, con un plazo de ejecución ampliado de cuatro años.
La actualización de las entregas a cuenta sitúa la financiación total de las comunidades en 170.300 millones y permite a los ayuntamientos movilizar hasta 3.000 millones de superávit.
Las posiciones de PNV y Junts, claves para la convalidación del decreto
Durante el debate parlamentario, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, avanzó el voto favorable del grupo vasco por “responsabilidad” con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. La diputada subrayó que la norma da continuidad al decreto ley aprobado en 2025 con idéntico objetivo y que su aplicación resulta imprescindible para la planificación presupuestaria de las haciendas territoriales.
Por su parte, Junts per Catalunya calificó el texto como “Real Decreto Junts” en un comunicado difundido antes del pleno. La formación independentista catalana destacó que la medida recoge las exigencias que había trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de financiación autonómica y local. “La aprobación de las medidas impulsadas por Junts en beneficio de los Ayuntamientos corresponde a esta realidad”, zanjó el comunicado de la formación.
El apoyo de ambas formaciones al decreto refleja la capacidad de incidencia de los grupos parlamentarios del arco nacionalista en la legislatura. Tanto el PNV, con cinco escaños en el Congreso, como Junts, con siete diputados, han sido socios habituales de las principales iniciativas legislativas del Ejecutivo durante el presente mandato.
Qué implica el decreto para el sistema de financiación y la gobernabilidad
El mecanismo de entregas a cuenta constituye uno de los pilares de la financiación autonómica ordinaria. Cada año, el Estado adelanta a las comunidades autónomas una estimación de los recursos tributarios que les corresponden, cifra que se ajusta posteriormente con la liquidación definitiva del ejercicio de referencia. La actualización aprobada para 2026 consolida el incremento de las transferencias en un contexto de crecimiento de la recaudación tributaria.
En el caso de Euskadi, el sistema de concierto económico establece un modelo singular de relación financiera con el Estado que no se rige por el régimen común de entregas a cuenta. No obstante, el respaldo del PNV al decreto ley se inscribe en la dinámica de cooperación con el Ejecutivo central que ha caracterizado la presente legislatura, y que se ha traducido en acuerdos sobre transferencias, el cupo y otras materias de alcance económico.
La convalidación del decreto, prevista para las próximas semanas, permitirá a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos cerrar sus previsiones presupuestarias con un marco financiero definido. La tramitación parlamentaria determinará si el texto se convalida en sus términos actuales o si se abre un proceso de negociación para incorporar eventuales modificaciones.
