Seis activistas son investigados por desórdenes públicos tras la protesta contra un mitin de Santiago Abascal en Granada, mientras la APDHA denuncia parcialidad policial y Vox defiende la legalidad del acto.
El mitin de Abascal y la denuncia de delito electoral
Según el relato de los manifestantes, la concentración, convocada de forma informal junto a la Catedral de Granada, transcurría de manera pacífica con cánticos como “no pasarán”. Sin embargo, desde el escenario, Santiago Abascal denunció que estaban cometiendo un “delito electoral” al impedir el desarrollo normal del mitin. El líder de Vox llegó a condicionar el inicio de su intervención al desalojo de los manifestantes, y avanzó hacia la calle donde se encontraban, lo que desencadenó el enfrentamiento.
Vox considera que el derecho a la libertad de expresión y de reunión ampara la celebración de sus actos políticos sin coacciones. Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com subrayan que la protesta fue deliberadamente disruptiva y que la actuación de los agentes fue necesaria para garantizar el orden público. “No se puede permitir que una minoría boicotee un acto legalmente convocado”, han señalado.
En el incidente participaron manifestantes, asistentes al acto, agentes de la Policía Nacional y personal de seguridad privada. El balance fue de un detenido —un escolta de Abascal acusado de golpear a un agente con un mástil— y la posterior apertura de diligencias contra varios manifestantes.
La investigación policial y la denuncia de la APDHA
La Policía Nacional ha imputado a seis personas por presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos tras las detenciones practicadas en comisaría. Uno de los investigados, que ha preferido mantener el anonimato, asegura que la manifestación fue pacífica y que hay numerosos vídeos que lo acreditan. “A mí me identificaron a un kilómetro de la protesta”, ha declarado.
La clave no es solo si hubo desórdenes, sino si el ejercicio del derecho de manifestación puede llegar a coartar la libertad de expresión de quienes acuden a un mitin.
La APDHA ha presentado una denuncia en la que solicita que se investigue también a varios asistentes al acto de Vox y al personal de seguridad. La organización sostiene que los manifestantes ejercían pacíficamente su derecho cuando fueron agredidos por simpatizantes del partido, y reclama que se incorporen todas las grabaciones.
Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación recuerdan que el mismo día se procedió a la detención de un escolta de Abascal por agresión a un agente, lo que contradice la acusación de parcialidad absoluta. “La Policía actúa con criterio técnico, no ideológico”, han manifestado desde el entorno de Vox.
La estrategia de Vox y el debate sobre la libertad de expresión
Para Vox, estos episodios refuerzan su discurso de que existe una “izquierda violenta” que pretende silenciar a la oposición. El partido ha convertido la defensa de la libertad de expresión en uno de sus ejes programáticos, y cada incidente de este tipo le sirve para movilizar a sus bases y tensar la cuerda ante el Gobierno.
Desde Moncloa.com observamos que la causa judicial, aún en fase de instrucción, será un termómetro de cómo se equilibran los derechos de manifestación y reunión. La decisión del juzgado —archivar o continuar— tendrá implicaciones políticas evidentes de cara al próximo ciclo electoral. Mientras, la Plataforma de Apoyo 16 de Abril denuncia que se está “amedrentando” a los manifestantes, pero omite que la seguridad de Vox tampoco salió indemne.
En un comunicado difundido en su web oficial, la formación de Abascal ha reiterado su compromiso con la libertad de expresión y ha calificado los hechos de “ataque a la democracia”.
