El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este 18 de junio de 2026 el nombramiento del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, como magistrado encargado de la autorización y supervisión de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que puedan afectar a derechos fundamentales. El relevo se produce ante la inminente jubilación de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, quien ha desempeñado esta función desde su designación y cesará el próximo 13 de julio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el CGPJ? El Pleno nombra a Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda, como magistrado competente para autorizar las actuaciones del CNI que incidan en derechos como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones.
- ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 18.2 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial exigen un control judicial previo y un magistrado de la Sala Segunda o Tercera con al menos tres años de antigüedad.
- ¿Qué impacto tiene? El cambio garantiza la continuidad del filtro judicial sobre las medidas del CNI a partir del 13 de julio, bajo la presidencia de la Sala Segunda, y designa a Eduardo Calvo Rojas como suplente.
La función de autorización judicial ex ante
La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a un magistrado del Tribunal Supremo la competencia exclusiva para conceder o denegar las autorizaciones de aquellas operaciones del CNI que supongan una injerencia en derechos constitucionales. El precepto legal exige que el titular pertenezca a la Sala Segunda —especializada en materia penal— o a la Sala Tercera —de lo contencioso-administrativo—, cuente con una antigüedad mínima de tres años en la categoría y sea designado por el Pleno del CGPJ a propuesta de su presidente para un mandato de cinco años.
El Pleno ha designado asimismo a Eduardo Calvo Rojas, magistrado de la Sala Tercera, como sustituto. Calvo Rojas asumirá las compentencias del cargo si el titular se ve impedido, una función que ya ejercía Martínez Arrieta desde 2017, cuando fue nombrado suplente tras el pase de Julián Sánchez Melgar a la Fiscalía General del Estado.
El relevo en el control del CNI: Martínez Arrieta asume el cargo
Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Segunda desde el año 2020, se hará cargo de una de las responsabilidades más sensibles del sistema judicial español a partir del 13 de julio. Sustituye al también presidente de sala Pablo Lucas Murillo de la Cueva, quien ha ocupado la función de forma ininterrumpida durante los últimos años. La jubilación de Murillo de la Cueva, prevista para esa fecha, ha activado el mecanismo de nombramiento que corresponde al Pleno del CGPJ.
El nuevo magistrado de control cuenta con una dilatada carrera en el Tribunal Supremo y en la jurisdicción penal. Su designación como titular responde a los requisitos que exige la LOPJ: pertenencia a la Sala Segunda o Tercera y más de tres años de antigüedad en la categoría. El mandato de cinco años del que gozaba el saliente se extingue, abriendo ahora un nuevo periodo.

El Pleno del CGPJ refuerza la continuidad del filtro judicial sobre las operaciones del CNI con un magistrado de la Sala Segunda y un sustituto de la Tercera.
La Doctrina del Tribunal
La configuración del control judicial sobre los servicios de inteligencia constituye una pieza central en la salvaguarda de los derechos fundamentales. El artículo 18.2 de la Constitución protege el domicilio y el secreto de las comunicaciones frente a injerencias de los poderes públicos, pero habilita la limitación de estos derechos mediante autorización judicial, siempre que esté prevista por la ley. La LOPJ materializa esa habilitación al designar a un magistrado del alto tribunal como garante único.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha subrayado que cualquier restricción de derechos constitucionales debe someterse a una intervención judicial autónoma, efectiva y previa. Aunque el acto de autorización no adopta formalmente la estructura de un proceso contradictorio, reviste naturaleza materialmente jurisdiccional y se sitúa en el núcleo de la tutela judicial efectiva. La designación de un magistrado de la Sala Segunda, que además preside dicha sala, fortalece la vertiente penal de ese control, en sintonía con las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Desde la perspectiva procesal, el cambio de titular no altera el marco normativo ni los parámetros de enjuiciamiento. El nuevo magistrado deberá seguir aplicando los criterios consolidados sobre proporcionalidad, necesidad y motivación de las medidas. La continuidad del suplente, Eduardo Calvo Rojas, asegura la disponibilidad permanente de la función. El pleno del CGPJ, al elegir a Martínez Arrieta, ha optado por un perfil de probada experiencia penal, lo que puede traducirse en un escrutinio más intenso de las injerencias que afecten a la libertad personal o al secreto de las comunicaciones.
FICHA DEL CASO
- El caso: Nombramiento del magistrado encargado del control judicial de las actividades del CNI que pueden afectar a derechos fundamentales, en sustitución del titular jubilado Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
- Datos importantes: El nuevo titular es Andrés Martínez Arrieta (Sala Segunda); el suplente, Eduardo Calvo Rojas (Sala Tercera). Mandato de cinco años. El cargo exige pertenencia a la Sala Segunda o Tercera y tres años de antigüedad.
- Fecha de los juicios: No aplica. El acuerdo del Pleno del CGPJ se adoptó el 18 de junio de 2026; la toma de posesión efectiva del nuevo magistrado tendrá lugar el 13 de julio de 2026.
- Personas acusadas y por qué: N/A.
