El conflicto fotovoltaico de la uva de Nochevieja: agricultores del Vinalopó exigen alternativas

Asaja Alicante presenta alegaciones contra 340 hectáreas de regadío destinadas a 'La Balsa' y 'La Cascada' y denuncia el fraccionamiento del proyecto para eludir una evaluación ambiental más rigurosa.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Agricultores del Vinalopó, a través de Asaja Alicante, se oponen frontalmente a dos macroplantas fotovoltaicas que ocuparían 340 hectáreas de regadío donde se cultiva la uva de Nochevieja.
  • ¿Quién está detrás? Los proyectos ‘La Balsa’ y ‘La Cascada’ los promueve la empresa Chopo Desarrollos España S.L. en los términos de Novelda, Monforte del Cid, Aspe y Agost.
  • ¿Qué impacto tiene? Los productores advierten de un daño irreparable al tejido agrícola familiar y al producto más emblemático de la comarca, y presentarán alegaciones por presunta división artificial de un único proyecto para eludir una evaluación ambiental más rigurosa.

Los productores de la uva embolsada del Vinalopó han plantado cara a dos macroplantas fotovoltaicas que, en su opinión, amenazan la continuidad del cultivo más simbólico de la Comunitat Valenciana: la uva de Nochevieja. Los proyectos, bautizados como La Balsa y La Cascada, suman 340 hectáreas de suelo agrícola de regadío repartidas por los municipios de Novelda, Monforte del Cid, Aspe y Agost, y los impulsa la mercantil Chopo Desarrollos España S.L.

La organización agraria Asaja Alicante lidera la oposición y considera que la transición energética «no puede hacerse en contra de la actividad agraria». Su secretario técnico, Ramón Espinosa, lo resumió en la reunión celebrada ayer en la Casa de Cultura de Novelda: «Estamos a favor de las renovables, pero no sobre suelo agrícola productivo de alto valor. La entidad ya ha informado de que se personará en el procedimiento y utilizará todos los instrumentos legales y administrativos a su alcance para impedir la desaparición de explotaciones familiares que viven de la uva de mesa embolsada.

El desencuentro reproduce un dilema que recorre la España rural: cómo hacer compatible la expansión de las energías limpias con la protección de un sector primario que fija población y modela el paisaje.

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Dos proyectos bajo sospecha: La Balsa y La Cascada

Las dos plantas suman 340 hectáreas y se sitúan sobre parcelas de regadío que han sido calificadas por Asaja como «suelo estratégico y esencial para la producción primaria». La uva de Nochevieja no es un cultivo cualquiera: se trata de un producto con indicación geográfica propia, que cada 31 de diciembre protagoniza la tradición más multitudinaria del país y que genera un volumen de negocio muy relevante para la comarca del Vinalopó. La pérdida de esas hectáreas, advierten los agricultores, supondría un daño irreparable para decenas de familias.

Detrás de las dos macroplantas está la sociedad Chopo Desarrollos España S.L., que ha presentado los expedientes de autorización administrativa ante la administración autonómica. Asaja Alicante sostiene que los proyectos carecen de una valoración adecuada del impacto agrario y que no se ha acreditado suficientemente «la inexistencia de alternativas menos lesivas», como suelos forestales, eriales o terrenos de secano improductivos, que permitirían idéntica producción energética sin hipotecar campos fértiles.

Además, la organización agraria denuncia que, a efectos prácticos, «La Balsa» y «La Cascada» configuran un único proyecto que ha sido troceado de forma artificial para sortear una evaluación de impacto ambiental más exigente. La fragmentación de grandes instalaciones renovables para eludir controles ambientales rigurosos es una práctica que el sector agrícola viene denunciando con insistencia en distintas zonas de España, y que en este caso Asaja llevará a los tribunales si es necesario.

La batalla del Vinalopó no es solo por 340 hectáreas: es la defensa de un modelo agrícola que da sentido económico y social a toda una comarca.

La respuesta jurídica y la presión sobre los ayuntamientos

El departamento jurídico de Asaja Alicante ya ha redactado dos borradores de alegaciones que presentará ante la administración autonómica. El primero se opone a la autorización administrativa con argumentos de defensa del suelo agrario y de falta de justificación real sobre la inexistencia de ubicaciones alternativas. El segundo se centra en la supuesta división ilegal del proyecto, exigiendo que ambos expedientes se tramiten de manera conjunta y se sometan a una única evaluación ambiental «completa y real», en palabras de Espinosa.

La entidad agraria también ha reclamado un papel activo a los consistorios afectados. «Los ayuntamientos deben ejercer un papel activo en la defensa de los intereses de sus vecinos y de su principal patrimonio económico», señaló Asaja en un comunicado. La petición va dirigida a los municipios de Novelda, Monforte del Cid, Aspe y Agost, a quienes se insta a escuchar a los agricultores y a liderar una posición común que proteja el sector primario frente a actuaciones que, en su opinión, comprometen el futuro de la agricultura comarcal.

Mientras tanto, la tramitación administrativa sigue su curso y los productores se preparan para una guerra legal que podría demorarse meses o incluso años. El conflicto evidencia, una vez más, la tensión entre dos pilares de la agenda verde española: la necesidad urgente de desplegar renovables y la obligación de preservar un suelo agrícola que, además de alimentos, produce cultura, tradición y economía local.

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El Escenario Valenciano

El pulso del Vinalopó trasciende lo local y se enmarca en un debate nacional sobre la ordenación del despliegue renovable. La Comunitat Valenciana, con más de 3.000 horas de sol al año, es uno de los territorios más codiciados por los promotores fotovoltaicos, y el Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros) ha aprobado en los últimos meses varias declaraciones de interés regional para grandes plantas solares. Sin embargo, la oposición de PSPV y Compromís ha puesto el foco en la falta de una planificación territorial que proteja el suelo agrario fértil, y este caso podría convertirse en un precedente incómodo para el pacto PPVox que gobierna la Generalitat.

La Conselleria de Agricultura, que dirige el popular José Luis Aguirre, aún no se ha pronunciado de forma específica sobre los proyectos de Novelda y su entorno, pero fuentes del departamento trasladan que la Generalitat «velará por el equilibrio» entre la transición energética y la protección de los cultivos emblemáticos. Mientras, en Madrid, el Ministerio para la Transición Ecológica de Pedro Sánchez mantiene sin cambios los objetivos de implantación renovable del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé alcanzar los 76 GW de potencia fotovoltaica en 2030. La colisión entre esa meta y la agricultura de alto valor se repetirá, previsiblemente, en otras comarcas españolas.

La proyección inmediata pasa por la presentación de alegaciones en las próximas semanas y por la posición que adopten los ayuntamientos. Si los cuatro consistorios se alinean con los agricultores, la autorización autonómica podría retrasarse o endurecerse. Si no lo hacen, Asaja judicializará el caso y la lucha de los productores de la uva de Nochevieja se trasladará a los tribunales. Sea como fuere, el Vinalopó ha abierto un frente que muchas otras zonas rurales seguirán con atención.

Ficha del Caso

  • El caso: Dos macroplantas fotovoltaicas proyectadas sobre suelo de regadío en el Vinalopó amenazan cultivos emblemáticos de uva de mesa embolsada, la misma que millones de españoles consumen en Nochevieja. Los agricultores, agrupados en Asaja Alicante, exigen alternativas viables y denuncian fraccionamiento ilegal del proyecto.
  • Datos importantes: 340 hectáreas de regadío afectadas en Novelda, Monforte del Cid, Aspe y Agost. Empresa promotora: Chopo Desarrollos España S.L. Asaja presentará alegaciones por falta de evaluación de impacto agrario y por división artificial del proyecto.
  • Resumen: El conflicto refleja la tensión entre la expansión fotovoltaica y la preservación del suelo agrícola de alto valor. La decisión final de la administración autonómica y la respuesta de los ayuntamientos marcarán un precedente para futuros casos en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de España.