Cuatro personas de nacionalidad venezolana se sientan desde esta semana en el banquillo de la Audiencia de Madrid acusadas de integrar una red de explotación sexual que operaba en un chalet de Pozuelo de Alarcón, según informa El Periódico. La Fiscalía pide entre cinco y trece años de prisión para los acusados por delitos de organización criminal con fines de explotación sexual, inmigración ilegal y amenazas.
Así operaba la red de explotación en Pozuelo, según la investigación
Según las pesquisas recogidas por fuentes de la Audiencia de Madrid, la red captaba a mujeres en Venezuela y Ecuador desde 2020. Les prometían un trabajo bien remunerado en España y les decían que solo tenían que pagar el coste del vuelo. Una vez en el país, la realidad era muy distinta.
Una de las víctimas explicó durante el juicio que la trajeron engañada. Alojada en un sótano sin ventanas junto a otra mujer, declaró: «Dormíamos allí, tenía solo una hora libre al día y me obligaban a mantener relaciones sexuales cuando ellos decían. Ellos ponían la duración, el precio y yo no me quedaba nada, todo iba para descontar de la deuda».
El chalet, ubicado en Pozuelo de Alarcón, funcionaba como centro de la actividad delictiva. Cada habitación se alquilaba a las mujeres por 600 euros al mes o 150 euros a la semana, según declaró una testigo. Los pagos se hacían por bizum o transferencia. La deuda que las mujeres debían saldar ascendía hasta 5.000 euros, y eran explotadas sexualmente hasta que la cancelaban.
La organización criminal, liderada presuntamente por Gustavo —el arrendador del chalet—, controlaba cada detalle. «No obtenía ningún beneficio económico de esos servicios», aseguró él mismo ante el tribunal, una declaración que contrasta con el testimonio de las víctimas y los datos de la investigación.
La versión de los acusados en el juicio
Los cuatro procesados niegan los hechos. Gustavo, para quien el fiscal pide trece años de prisión, insistió en que desconocía el motivo real por el que se alquilaban las habitaciones. Melisa, otra de las acusadas y que, según fuentes del caso, había sido stripper reconocida en Venezuela,, admitió haber publicado perfiles de tres mujeres en una página de contactos, pero negó cualquier delito de inmigración ilegal o lesiones.
La tercera acusada reconoció haber alquilado una de las habitaciones para ejercer la prostitución, aunque precisó que ella no estaba sexualmente obligada: elegía a sus clientes y manejaba su dinero. La Fiscalía solicita para ella seis años de prisión. Zaida, la cuarta procesada, declaró que solo se dedicaba a la limpieza del inmueble y que ignoraba todo lo relacionado con la explotación. El Ministerio Público la acusa de pertenencia a la organización criminal y pide cinco años de cárcel.
La Fiscalía sostiene que las mujeres eran explotadas hasta saldar una deuda de hasta 5.000 euros, mientras los acusados niegan cualquier actividad delictiva.
Penas solicitadas y situación procesal
El juicio, que se celebra esta semana en la Audiencia de Madrid, continuará con la práctica de la prueba y las conclusiones. Las penas solicitadas oscilan entre los cinco años de prisión para Zaida, los seis para dos de las acusadas y los trece para Gustavo, considerado el presunto cabecilla de la trama. Los delitos imputados son organización criminal con fines de explotación sexual, inmigración ilegal y amenazas.
El tribunal deberá valorar los testimonios contradictorios. De momento, los cuatro acusados permanecen en libertad provisional durante la vista oral. La sentencia no será firme hasta que se agoten los posibles recursos, y todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
