Las tres capitales vascas han iniciado la tramitación de sus ordenanzas municipales para aplicar el impuesto turístico que gravará las pernoctaciones a partir del 1 de enero de 2027. Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz trabajan contrarreloj para tener listos los textos en los próximos meses, una vez que la norma foral —idéntica en los tres territorios históricos— recibió la luz verde definitiva de las respectivas Juntas Generales.
El nuevo tributo, de carácter municipal, nace con un amplio margen de decisión para los ayuntamientos. La horquilla de tarifas por noche oscila entre los 0,5 euros de los agroturismos y los 7 euros para los cruceristas, pero cada consistorio podrá modular los importes en función de la intensidad turística que soporte. La recaudación quedará íntegramente en las arcas locales.
Un calendario exigente con la vista puesta en enero
La norma foral concede seis meses a los municipios para adaptar sus ordenanzas fiscales. Con la fecha de entrada en vigor fijada en el 1 de enero de 2027, las administraciones locales han acelerado los trabajos técnicos. Donostia-San Sebastián lleva la delantera: este mismo viernes —según fuentes municipales recogidas por elDiario.es— celebró una reunión interdepartamental para perfilar el borrador, que espera tener listo en septiembre.
En Bilbao la previsión es iniciar la tramitación oficial el mes que viene, con el objetivo de que el pleno municipal apruebe la ordenanza antes de diciembre. Vitoria-Gasteiz, por su parte, arrancará en breve un proceso que incluye la redacción de la ordenanza fiscal, la definición de los modelos de declaración para los establecimientos turísticos, el desarrollo de la plataforma tecnológica de autoliquidación y la comunicación con el sector.
La capital guipuzcoana había reclamado sin éxito que se permitiera adelantar la aplicación del impuesto en aquellos municipios que lo decidieran. Finalmente, la entrada en vigor será simultánea para todos los ayuntamientos vascos.
Unas tarifas que van de 0,5 a 7 euros por noche
Las tablas aprobadas por las Juntas Generales establecen una escala progresiva según el tipo de alojamiento y su categoría. Los hoteles de cinco estrellas y los pisos turísticos se sitúan en la franja más alta, con entre 4,5 y 6,5 euros por persona y noche. Los cruceristas pagarán entre 6 y 7 euros por día de amarre, una de las cuantías más elevadas del esquema.
Los establecimientos de cuatro estrellas tributarán entre 2 y 4 euros; los de tres, entre 1,5 y 3; y los de dos, entre 1 y 2. Para los hoteles de una estrella, la horquilla es de 0,7 a 1,5 euros. Las pensiones, campings y albergues se igualan a estos tramos. Los agroturismos quedan en la banda más reducida, de 0,5 a 1,25 euros por persona. El gravamen se aplicará durante los seis primeros días de estancia en Euskadi.
El impuesto es municipal, de modo que cada ayuntamiento puede decidir si aplica las cuantías máximas o mínimas, e incluso si lo exige o no, en función de la presión turística. El concepto de ‘intensidad turística’ —definido como la ratio entre plazas alojativas y habitantes empadronados— se convierte en la herramienta clave para modular la tasa.
Los ayuntamientos dispondrán de margen para rebajar hasta el 100% la cuota o recargarla hasta un 50% según la presión turística que soporten.
La flexibilidad municipal, clave para adaptar el tributo
La norma introduce la posibilidad de bonificaciones del 100% en municipios con hasta 25 plazas alojativas o con una intensidad turística inferior al 1% y un máximo de 75 plazas. En el extremo opuesto, los consistorios con más de 750 plazas o con más de 5.000 habitantes y una intensidad turística igual o superior al 10% podrán aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota base.
Este esquema dota a los ayuntamientos de un instrumento para responder tanto a la saturación turística como a la protección de pequeños municipios con escasa actividad. La decisión final sobre las tarifas concretas se plasmará en cada ordenanza municipal.
El calendario es ajustado. Los equipos técnicos trabajan para que los borradores se ultimen durante el verano y las aprobaciones plenarias se sucedan en el último trimestre de 2026. De cumplirse las previsiones, el impuesto comenzará a cobrarse en todo Euskadi el 1 de enero de 2027.
La puesta en marcha supone el primer tributo de estas características en la comunidad autónoma y llega tras un intenso debate político. Su tramitación en las Juntas Generales contó con el respaldo de PNV y PSE-EE, que en Gipuzkoa y Álava pactaron enmiendas con Podemos para sacarlo adelante. Ahora son los ayuntamientos quienes tienen la última palabra.
