EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha rechazado las acusaciones de Víctor de Aldama contra Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, en el caso de las mascarillas. La sentencia concluye que no hubo soborno de 25.000 euros ni se aplazó la deuda de la empresa del comisionista.
- ¿Quién está detrás? La Sala de lo Penal del alto tribunal, con el magistrado Manuel Marchena entre sus integrantes, ha desmontado el relato de Aldama y ha validado la versión de Moreno, quien siempre defendió que solo derivó la petición a otro departamento.
- ¿Qué impacto tiene? El fallo blinda al equipo de Hacienda y desactiva las acusaciones del PP, que utilizó este asunto para cuestionar a la entonces ministra. La vicepresidenta Montero, que puso “la mano en el fuego” por su colaborador, ve refrendada su confianza.
El Tribunal Supremo ha derribado una de las patas más mediáticas del caso de las mascarillas. La sentencia que condena a José Luis Ábalos impone más de 24 años de cárcel, pero no da por buenas todas las confesiones del empresario Víctor de Aldama. Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, queda exculpado del cobro de un soborno de 25.000 euros que Aldama afirmó haberle entregado a través de Koldo García. Los magistrados consideran que no hubo delito: la deuda de la empresa Pilot Real Estate nunca se aplazó, Moreno carecía de competencias para hacerlo y la reunión entre ambos no constituye por sí sola un acto ilícito.
El alto tribunal subraya que “no todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, apuntala la defensa de Hacienda y desmonta la versión de Aldama, que durante la fase de instrucción y en el juicio oral había asegurado que pagó 25.000 euros a Moreno para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de su empresa. La realidad, según acredita el tribunal, es que Pilot Real Estate seguía figurando como morosa en la lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria a cierre de 2021. La gestión de Moreno se limitó a trasladar la petición a otro alto cargo del Ministerio.
El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno en septiembre del año pasado, cuando el juez instructor Leopoldo Puente partió el caso en dos e investigó aparte los amaños de obra. Aquel auto apuntó a una reunión que habría tenido por objeto procurar el aplazamiento de la deuda tributaria de una empresa del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de Hacienda. Montero fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”. La sentencia del Supremo le da ahora la razón.
Un relato sin pruebas materiales
La declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, que le permitió recuperar la libertad tras mes y medio en prisión por el fraude de IVA en el caso Hidrocarburos, había incluido un relato detallado. Aseguró que Koldo García le pidió “un detalle” para Moreno, que se concretó en 25.000 euros, y que ambos le entregaron un sobre en un bar cercano al Ministerio. Sin embargo, los jueces no han encontrado “ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental” que respalde esa acusación.
La Sala recuerda que Moreno ni siquiera tenía “competencias directas” sobre el aplazamiento de deudas. La reunión de junio de 2020 existió, pero no tuvo consecuencias prácticas: “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”. El tribunal subraya que no es lo mismo conseguir una entrevista personal que obtener una resolución favorable. Para reforzar el argumento, la sentencia recupera un antecedente de 2008, cuando el alto tribunal rechazó imputar a la expresidenta del Constitucional María Emilia Casas por una conversación con una abogada que luego fue condenada; ya entonces se estableció que no todo consejo de una autoridad es delito.
El Tribunal Supremo desmonta el relato de Aldama y refrenda la honorabilidad de los cargos públicos que solo cumplieron con su deber de atender a un ciudadano.
La oposición, sin munición judicial contra Hacienda
La sentencia llega en un momento en que el PP había enarbolado este episodio para acosar a Montero en el Congreso. El grupo popular incluyó la acusación en sus preguntas de control y trató de vincular al Ministerio con las tramas de Ábalos. Sin embargo, la resolución del Supremo deja sin base judicial las insinuaciones. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad es susceptible de persecución penal”, zanja el fallo.
La dirección socialista recibe con alivio el carpetazo a esta línea de ataque. Fuentes de Ferraz consultadas por esta redacción subrayan que el fallo demuestra que “el ruido mediático no siempre se corresponde con la verdad judicial” y que la estrategia del PP de utilizar el caso mascarillas para erosionar al Gobierno choca ahora con una realidad tozuda: el soborno no existió y la gestión de Hacienda fue correcta.
En el entorno de Montero se respira tranquilidad. La vicepresidenta siempre defendió la honestidad de su jefe de gabinete y ahora tiene un respaldo judicial de primer orden. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya había decidido no acusar por estos hechos, lo que anticipaba la debilidad del relato de Aldama.
La sentencia, no obstante, mantiene el rigor con el comisionista en otros aspectos de la causa. Aunque los jueces no le acusan abiertamente de mentir, sí descartan su versión sobre Moreno y lo desplazan al terreno de los hechos no probados. Las diligencias han demostrado su habilidad para llegar a todo tipo de despachos, pero eso no convierte en delincuentes a quienes le recibieron.
El Eje del Poder Socialista
La decisión del Supremo refuerza la solidez institucional del equipo de Hacienda, una de las carteras con mayor peso en la coalición. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía, ha capeado estos meses el temporal con serenidad, y el auto judicial confirma que su confianza en Carlos Moreno no fue un gesto de lealtad ciega, sino una certeza basada en los hechos.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, el fallo supone un argumento sólido frente a los intentos de la oposición de desgastar al Gobierno a golpe de sospecha. El portavoz en el Congreso, Patxi López, ya ha replicado en privado que “se demuestra que la política de tierra quemada no funciona”. En clave territorial, el blindaje de una figura andaluza como Moreno —jefe de gabinete que ascendió con Montero desde la Junta— tiene también una lectura interna: fortalece la cohesión del partido en un momento en que el PSOE andaluz se prepara para la próxima cita electoral.
El precedente que el Supremo evoca —el caso Casas de 2008— es un recordatorio de que la justicia separa el ruido mediático de los hechos probados. La sentencia sobre Ábalos, que juzgaba hechos anteriores al actual mandato, no ensucia la gestión del Ejecutivo de Sánchez. Más bien, al descartar lo que no era delito, aísla la corrupción en los límites estrictos de la responsabilidad individual y preserva la honorabilidad de quienes solo cumplieron con su deber.
El próximo hito en este ámbito será la publicación íntegra de la sentencia en el portal del Consejo General del Poder Judicial, que permitirá analizar con detalle los fundamentos jurídicos. Mientras, el Partido Popular se queda sin una de sus bazas preferidas en la sala de máquinas parlamentaria.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El Tribunal Supremo ha desacreditado las acusaciones de soborno contra un alto cargo de Hacienda, blindando la honorabilidad del Gobierno frente a la estrategia de desgaste de la oposición.
- Protagonista: María Jesús Montero (vicepresidenta primera y ministra de Hacienda).
- Próximo hito: Publicación de la sentencia completa del Supremo y eventual reacción del PP en la próxima sesión de control al Ejecutivo.
