El Gobierno obligará a mantener la cobertura móvil 4 horas en caso de apagón: las claves del anuncio de Óscar López

El ministro Óscar López ha detallado que la obligación alcanzará al 75% de la población en tres años, con un calendario que comienza en 2027. La futura norma también refuerza las comunicaciones de los centros del 112 y fija plazos de autonomía para infraestructuras críticas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles 25 de junio durante el DigitalES Summit que el Gobierno aprobará un real decreto (norma reglamentaria aprobada por el Consejo de Ministros) que obliga a las operadoras de telecomunicaciones a mantener la cobertura de telefonía móvil durante al menos cuatro horas en caso de apagón eléctrico. La medida se implantará de manera gradual y aspira a convertirse en un nuevo derecho digital para los ciudadanos, según ha detallado el titular de la cartera.

Cuatro horas de cobertura para el 75% de la población en tres años

El texto del futuro real decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas fija que los operadores deberán garantizar servicio de voz y datos móviles al menos cuatro horas tras un corte total de suministro eléctrico. La obligación no será inmediata, sino que se introducirá de forma escalonada. Durante el primer año tras la entrada en vigor de la norma —prevista para antes de que finalice 2026— se exigirá una cobertura del 50% de la población, que crecerá al 65% en el segundo ejercicio y alcanzará el 75% de los ciudadanos a partir del tercer año.

Ese calendario, ha explicado López, está diseñado para facilitar a las compañías el esfuerzo inversor necesario sin rebajar la exigencia de protección a la ciudadanía. La medida obliga a las operadoras a instalar baterías y sistemas de redundancia en sus antenas y centros de comunicaciones.

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¿A quiénes afecta y cuáles son los umbrales?

La futura normativa afectará a los operadores de telecomunicaciones que prestan servicio en España, así como a los gestores de infraestructuras digitales críticas: cables submarinos, sistemas satelitales centros de datos y puntos de intercambio de internet. Quedan incluidos aquellos con más de medio millón de usuarios o una facturación superior a los 50 millones de euros, además de los que hayan sido designados operadores críticos o presten servicios de emergencia. Las redes vinculadas a la seguridad nacional y la defensa quedan expresamente excluidas.

Para las instalaciones de nivel intermedio —aquellas cuyo fallo puede afectar a varias comunidades autónomas— el decreto impone una autonomía mínima de 12 horas sin suministro eléctrico. Los centros de control esenciales, donde reside la inteligencia de la red, deberán permanecer operativos durante al menos 24 horas.

La nueva norma obliga por primera vez a los centros de control a soportar un día completo sin electricidad.

El blindaje de los centros de emergencias 112

Uno de los focos centrales del real decreto es reforzar la operatividad de los centros del 112. Los operadores que les prestan conectividad tendrán que elaborar y presentar por primera vez Planes de Seguridad y Resiliencia, además de disponer de canales de comunicación alternativos. La idea es que un centro pueda recurrir a varios proveedores o combinar redes fijas y móviles para no quedarse aislado ante cualquier incidencia puntual.

Óscar López ha enmarcado la medida dentro de una estrategia más amplia de “soberanía tecnológica”, que según ha recordado ha movilizado más de 10.000 millones de euros en estrategias de inteligencia artificial, computación cuántica y supercomputación en los últimos ejercicios.

Lo esencial

  • 📌 ¿Qué ha ocurrido? El ministro Óscar López ha anunciado un real decreto que obliga a las telecos a mantener la cobertura móvil 4 horas tras un apagón eléctrico.
  • 👤 ¿Quiénes están implicados? Los operadores de telecomunicaciones con más de 500.000 usuarios o 50 millones de facturación y los gestores de infraestructuras digitales críticas.
  • ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El real decreto se aprobará antes de final de 2026 y las obligaciones se implantarán de forma gradual en los tres años siguientes.