El Congreso de los Diputados ha liquidado, con los votos de Vox, PP, Junts y UPN, la moratoria antidesahucios que protegía a miles de familias desde 2020, y ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley del Partido Popular que acelera los desalojos y reduce las salvaguardas para inquilinos vulnerables. Las dos decisiones, separadas por apenas dos meses, dibujan un nuevo escenario en el que la derecha parlamentaria impulsa un vuelco en la política de vivienda.
Qué defiende Vox: seguridad jurídica y responsabilidad contractual
Para la dirección nacional de Vox, la moratoria antidesahucios era una medida de emergencia que, prolongada artificialmente durante seis años, había degenerado en un incentivo perverso. «Protegía a quienes incumplen sus obligaciones contractuales y desincentivaba que los pequeños propietarios pongan sus pisos en alquiler», resumen fuentes del partido consultadas por este medio. El Grupo Parlamentario VOX rechazó tanto el decreto ómnibus de enero, que incluía la prórroga de la moratoria, como el decreto monográfico que lo sustituyó en febrero, por considerar que el derecho a una vivienda no puede construirse a costa de la seguridad jurídica de los arrendadores.
La portavoz en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha insistido en que «el verdadero drama de la vivienda en España no es la falta de derechos de los inquilinos, sino la ausencia de oferta, provocada por un intervencionismo que asusta al ahorro familiar». Desde esta óptica, la proposición de ley del PP, admitida a trámite el 21 de abril con el apoyo de Vox, Junts y UPN, supone un primer paso para revertir las inercias de una legislación que, a juicio de la formación de Santiago Abascal, ha encarecido los alquileres y expulsado miles de viviendas del mercado.
De hecho, los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Vox ha manejado en sus argumentarios muestran que en 2025 se ejecutaron 24.540 lanzamientos, de los cuales el 74,6% fueron por impago de alquiler. La conclusión del partido es clara: las prórrogas indiscriminadas no resolvieron el problema de fondo, sino que simplemente pospusieron los desahucios mientras el parque de vivienda disponible seguía menguando: 14.391 inmuebles menos en alquiler en 2026, según los datos citados por el propio Observatorio del Alquiler.
Una familia fue expulsada de su arrendamiento cada 28 minutos en horario hábil judicial durante 2025.
Impacto parlamentario y reacciones: 70.000 procedimientos reactivados
Con la moratoria derogada, los juzgados han reactivado cerca de 70.000 procesos de desahucio que permanecían suspendidos, según las estimaciones de las organizaciones de vivienda. La cifra se solapa con la admisión a trámite de la ley de desalojos exprés, que permitirá a bancos y fondos de inversión acceder a los juicios rápidos hoy reservados a pequeños propietarios, rebajará el umbral de vulnerabilidad económica de 1.800 a 900 euros mensuales y derogará los mecanismos de contención de precios de la Ley de Vivienda de 2023.
Las críticas no se hicieron esperar. El relator de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, instó al Gobierno español a mantener la moratoria, advirtiendo de «consecuencias dramáticas para decenas de miles de personas». Vox rechazó de plano esa recomendación. Fuentes del GPVOX subrayan que «la ONU no tiene competencia para dictar nuestra política de vivienda, y menos cuando su modelo choca con la propiedad privada y la soberanía nacional».
En el plano estrictamente parlamentario, la proposición del PP no es todavía ley: debe superar el debate de enmiendas en comisión y la votación final en el Pleno. Su aprobación definitiva es incierta con la actual aritmética del Congreso, pero la tramitación ya envía un mensaje político rotundo: la mayoría que tumbó la moratoria quiere un regreso a la seguridad jurídica del propietario, y Vox ha sido pieza indispensable en esa mayoría.
La eliminación de la moratoria, unida a la admisión de una ley que facilita los desalojos, consolida un giro parlamentario que Vox venía reclamando desde el inicio de la legislatura.
La estrategia de Vox: perfil propio y presión al PP
El movimiento de Vox en vivienda no es improvisado. Responde a un cálculo de largo recorrido: marcar perfil frente a un Partido Popular que, en comunidades autónomas como Andalucía o Madrid, ha aplicado tímidas bajadas de impuestos pero mantiene fuertes dosis de intervencionismo. La formación de Abascal quiere ser percibida como la única que defiende sin matices la propiedad privada y que exige al PP definirse sin ambages en el Congreso.
Esa estrategia tiene riesgos. Forzar al PP a votar leyes que facilitan los desahucios exprés puede alejar a un electorado urbano más moderado, pero Vox apuesta por consolidar su base social—trabajadores autónomos, pequeños ahorradores y propietarios hastiados de una normativa que perciben como hostil—. «No se trata de ser anti-inquilinos, sino de poner fin a un sistema que premia el incumplimiento y castiga a quienes cumplen», resumen en la sede nacional.
El debate de las enmiendas a la proposición de ley será crucial. Vox ya ha anunciado que presentará enmiendas para reforzar aún más la protección del propietario, incluyendo plazos de desalojo aún más cortos para casos de ocupación, y previsiblemente tensará al PP para que no rebaje la ambición del texto durante la negociación. El próximo hito, la ponencia en la Comisión de Vivienda, ofrecerá la primera radiografía de hasta dónde está dispuesto el bloque de la derecha a llegar. Mientras, el partido de Abascal se consolida como el actor que marca los tiempos de la agenda de vivienda por la derecha.
