El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el pasado 24 de junio una operación financiera para inyectar 588 millones de euros adicionales al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Para hacer frente a parte de esa necesidad, la Consejería de Hacienda recurrió a un mecanismo excepcional: transferir a la tesorería del SERMAS los saldos líquidos inactivos de siete organismos públicos, con un importe total de 262,13 millones de euros. La mayor parte, 124 millones, procede del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). El resto corresponde, entre otros, a la Agencia de Contratación Sanitaria (59,9 millones), la Agencia Madrileña de Atención Social (32,1 millones) y la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (17,5 millones).
El Grupo Parlamentario Socialista considera que este trasvase equivale a un recorte encubierto en transporte, emergencias y residencias de mayores. Su diputada Sara Bonmatí obtuvo el expediente a través de una petición de información, y el PSOE-Madrid ha hecho público el desglose este 11 de agosto. La formación liderada por Juan Lobato sostiene que recurrir a este procedimiento urgente para financiar la actividad corriente del SERMAS demuestra que el presupuesto de 2026 nació infradotado y que arrastra una acumulación de facturas impagadas de ejercicios anteriores.
Desde la Consejería de Hacienda subrayan que la maniobra se ampara en el artículo 80.2 de la Ley 5/2025 de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Los informes técnicos de Intervención General y de la Dirección General de Presupuestos avalan la legalidad del proceso: las disponibilidades líquidas transferidas no estaban afectadas a cotizaciones sociales ni a gastos ya comprometidos. En otras palabras, se trata de dinero sin uso inmediato en los organismos de origen que, según el Ejecutivo, permite evitar tensiones de tesorería y cumplir con los plazos legales de pago a los proveedores de los hospitales públicos.
¿Un mero ajuste contable o un recorte encubierto?
La clave del enfrentamiento político radica en si los fondos transferidos eran realmente excedentes o si, por el contrario, su desvío va a restar capacidad operativa a los servicios afectados. El PSOE pone el foco en dos partidas sensibles: los 32,1 millones de la AMAS, organismo que gestiona las residencias públicas de mayores, y los 17,5 millones de ASEM 112, el servicio de emergencias. Aseguran que, aun sin tratarse de dinero finalista, su retirada obligará a los gestores a apretar contratos o a ralentizar inversiones previstas en equipamiento.
Los números que maneja Hacienda y los que señala la oposición
El expediente, fechado el 24 de junio, detalla que la solicitud original del SERMAS ascendía a 588 millones de euros para cubrir facturas de bienes y servicios corrientes (capítulo II) de hospitales y centros de atención primaria. De esa cantidad, 262,13 millones se cubren con la reasignación aquí cuestionada. Los 325,8 millones restantes procederán del programa de «Gestión Centralizada», una bolsa presupuestaria compartida por varias consejerías.
La legalidad de la operación está fuera de duda, pero la controversia política apunta a si el presupuesto sanitario de 2026 estaba bien dimensionado desde el principio.
Lo que dice el reglamento y lo que anticipa tras la maniobra
El artículo 80.2 de la Ley 5/2025 permite al Consejo de Gobierno ordenar la transferencia de remanentes líquidos entre organismos autonómicos cuando concurren circunstancias excepcionales. La figura no es nueva en Madrid: ya se recurrió a mecanismos similares durante la pandemia para reforzar la sanidad y en 2024 para cubrir déficits de tesorería del propio SERMAS. El debate no es la forma, sino el fondo: la oposición interpreta que acudir a este instrumento para pagar facturas corrientes es la admisión implícita de que las cuentas de 2026 no cuadran.
En esta redacción entendemos que la polémica se va a recrudecer en septiembre, cuando la Asamblea retome las comisiones de control presupuestario. El PSOE ya ha anunciado que pedirá la comparecencia de la consejera de Hacienda y del gerente del SERMAS. Mientras, la tensión financiera sobre los contratos de limpieza, alimentación y material sanitario de los centros públicos sigue ahí. El tiempo dirá si esta inyección de liquidez basta o si el Gobierno regional necesitará una nueva ampliación de crédito antes de que acabe el año.
