La Xunta de Galicia ha publicado este miércoles las instrucciones para el curso escolar 2026/27, un documento que refuerza el control ideológico en las aulas y limita a una sola por trimestre las salidas sobrevenidas. Pese a las críticas de la comunidad educativa, el Gobierno gallego insiste en la exigencia de “neutralidad ideológica” y añade nuevas restricciones a las actividades complementarias que organizan los centros.
Las instrucciones repiten la redacción del curso anterior en lo relativo al control ideológico. Todas las actividades complementarias deberán desarrollarse “con sujeción a los principios constitucionales, garantizando la neutralidad ideológica”. Además, deberán estar incluidas en la programación general anual del centro. Solo de forma “muy excepcional” se permitirán actividades sobrevenidas, siempre que cuenten con la aprobación del equipo directivo y se informe al consejo escolar y a la Inspección educativa.
La gran novedad de este año es el límite cuantitativo: solo se autorizará una salida sobrevenida por trimestre. Hasta ahora, la norma no fijaba un número máximo. La Xunta justifica la medida por la necesidad de evitar que estas actividades alteren el desarrollo de la actividad lectiva, especialmente durante los periodos de evaluación y los finales de trimestre. También se prohíbe que los mismos grupos participen de forma reiterada y se establece que las salidas ordinarias no podrán ser más de tres por trimestre.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió el curso pasado que la “neutralidad ideológica” no incluye la religión. “Estamos hablando de otra cosa”, dijo entonces, y vinculó el concepto a lo que denominó “ideologización desde un punto de vista casi político”. Las nuevas instrucciones mantienen esa línea y otorgan a la Inspección educativa la función de velar por la “adecuación pedagógica y organizativa” de todas las actividades complementarias.
La Confederación de ANPAS Galegas ha tachado las normas de nuevo intento de “censura”. Aseguran que las restricciones “suplantan” la función del Consello Escolar, ya que dejan en manos del equipo directivo la aprobación de las actividades. Las familias denuncian “una clara tendencia al autoritarismo” y lamentan la deriva de la enseñanza pública gallega.
La acumulación de requisitos, límites y autorizaciones previas convierte la ‘neutralidad ideológica’ en un filtro que ahoga la capacidad de los centros para aprovechar oportunidades educativas imprevistas.
Más allá de las cifras, la preocupación de las ANPAS nace de la ambigüedad del término “neutralidad ideológica”. Para la comunidad educativa, esta exigencia se ha traducido ya en vetos a charlas sobre igualdad, feminismo o memoria histórica. Los sindicatos han advertido de que la Inspección podría usar su nuevo papel fiscalizador para limitar la autonomía de los centros y la participación de entidades externas, como ayuntamientos u ONG.
La comunidad educativa denuncia ‘censura’ y ‘tendencia al autoritarismo’
Las críticas no solo apuntan al fondo ideológico, sino también a la forma. Las instrucciones obligan a que todas las actividades complementarias estén programadas al inicio del curso, algo que los centros consideran “irrealizable” porque muchas invitaciones y propuestas surgen a lo largo del periodo lectivo. La limitación a una sola salida sobrevenida por trimestre encorseta aún más esa planificación. “Difícilmente se puede responder a oportunidades educativas que aparecen en el curso con tantas trabas”, subrayan desde las ANPAS.
El PPdeG mantiene que la norma busca garantizar la calidad y el orden en las aulas y rechaza que se trate de un control político. Sin embargo, la oposición —BNG y PSdeG— ya ha anunciado que llevará el debate al Parlamento de Galicia. Ambas formaciones consideran que la Xunta está imponiendo un “modelo educativo propio del ideario ultra” y que utiliza el concepto de “neutralidad ideológica” como caballo de Troya para excluir contenidos que resultan incómodos a la derecha.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva décadas siendo un campo de pruebas para el PP nacional. La política educativa de la Xunta, con sus sucesivas mayorías absolutas, ha servido en más de una ocasión como modelo para las propuestas del partido en el resto de España. La insistencia en la “neutralidad ideológica” y el endurecimiento del control sobre las actividades complementarias no son una excepción. De hecho, el PP ha incluido en sus programas nociones similares, aunque todavía no las ha aplicado con la misma contundencia en comunidades como Madrid o Andalucía.
Lo que se observa en Galicia es un movimiento progresivo: primero se introduce el concepto de “neutralidad ideológica”, se le da cobertura legal mediante instrucciones y se refuerza la figura de la Inspección educativa para vigilar su cumplimiento. Cuando el mecanismo está engrasado, se añaden límites cuantitativos que restringen aún más la actividad de los centros. Este esquema podría replicarse de manera casi idéntica en otras autonomías gobernadas por el PP si la experiencia gallega resulta “exitosa” —es decir, si consigue limitar el acceso de entidades críticas a las aulas sin un coste electoral significativo—.
El contexto político gallego es clave: el PPdeG conserva una mayoría absoluta que le permite legislar sin necesidad de pactos, y la fragmentación de la oposición —con el BNG al alza y el PSdeG en recomposición— no parece amenazar ese dominio a corto plazo. Mientras tanto, la comunidad educativa se siente cada vez más arrinconada. La proyección es clara: si el curso 2026/27 transcurre sin grandes sobresaltos, el modelo se habrá consolidado y podrá exportarse.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta de Galicia publica las instrucciones para el curso escolar 2026/27, reforzando el control ideológico en las aulas y limitando a una las salidas sobrevenidas por trimestre, pese a las críticas de la comunidad educativa.
- Datos importantes: Las instrucciones repiten la exigencia de “neutralidad ideológica”; limitan a una las salidas sobrevenidas por trimestre y a tres las ordinarias; la Inspección educativa velará por su cumplimiento.
- Resumen: La medida, defendida por Alfonso Rueda, es vista por las ANPAS y la oposición como un nuevo intento de censura y podría servir de modelo para otras comunidades gobernadas por el PP.
