José María Figaredo, número dos del Grupo VOX en el Congreso, acumula denuncias tras llamar a «cazar» y «pescar» a los inmigrantes de Ceuta.
La postura de Vox y el contexto de las declaraciones
La crisis migratoria que vivió Ceuta a finales de julio, la mayor de la última década, fue el detonante. Cientos de personas lograron acceder a la ciudad autónoma de forma irregular, trepando la valla fronteriza en una avalancha que colapsó los servicios de acogida y reavivó el debate sobre la presión migratoria. Figaredo, en declaraciones a la televisión, no dudó en señalar: «Había que cazar a todos, uno por uno, a los migrantes llegados a Ceuta». También utilizó el verbo «pescar», en un tono que para muchos resultó inaceptable. El diputado empleó estos términos en el marco de una entrevista en la que reclamaba una actuación contundente de las fuerzas de seguridad.
Para Vox, estas palabras no son un exabrupto. La posición oficial del partido es clara: España no puede ser un país de acogida masiva. En su programa electoral, Vox aboga por la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y por reforzar la cooperación con los paises de origen. No en vano, el Grupo Parlamentario VOX ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Extranjería y agilizar las devoluciones. Así, las palabras de Figaredo no se consideran una incitación a la violencia, sino una descripción gráfica de lo que, según el partido, debería ser una actuación policial decidida para hacer cumplir la ley. Fuentes del grupo parlamentario consultadas por Moncloa.com subrayan que el diputado no llamó a la agresión, sino a la aplicación del ordenamiento jurídico.
Las denuncias: del Foro de Abogacía a Sumar
La polémica ha dado paso a las acciones legales. Este lunes, el Foro de Abogacía y Democracia registró una denuncia ante la Fiscalía General, dirigida al fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación. La organización, que ya ha llevado a los tribunales a otros políticos por discursos de odio, considera que Figaredo vulnera el artículo 510 del Código Penal. El escrito se apoya en precedentes judiciales en los que declaraciones similares fueron consideradas delito de odio. Consideran que las declaraciones de Figaredo incitan al odio y a la violencia.
La semana pasada, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, integrado en Sumar, ya había remitido un escrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo con la misma finalidad. Ibáñez, conocido por sus posiciones progresistas, ha sido especialmente beligerante con Vox en el Parlamento. Ha solicitado a la Fiscalía que investigue a Figaredo como posible inductor de un clima de violencia, esgrimiendo que sus palabras no pueden ampararse en la libertad de expresión. Sostiene que las palabras de Figaredo pueden suponer un «acompañamiento a la acción de la violencia» y fomentan una cultura de enfrentamiento civil ligada al terrorismo.
Cada vez que un diputado de Vox emplea un lenguaje contundente sobre inmigración, la izquierda y ciertas asociaciones reaccionan con denuncias judiciales que el partido considera una forma de censura.
Estrategia y libertad de expresión: por qué Vox no retrocede
Para Vox, esta situación es un arma de doble filo. Por un lado, las denuncias pueden reforzar el discurso victimista que tanto rédito electoral le ha dado, máxime cuando la formación se presenta como la única que se atreve a «decir la verdad» sobre la inmigración. Por otro lado, una eventual condena podría erosionar la imagen parlamentaria del partido y dar munición a sus adversarios. No obstante, la dirección de Vox parece dispuesta a asumir el riesgo. Santiago Abascal no ha censurado las palabras de Figaredo; al contrario, le ha mostrado su apoyo en privado, según fuentes del entorno del presidente consultadas por Moncloa.com.
De hecho, el episodio encaja en una estrategia más amplia de diferenciación frente al PP. Mientras Alberto Núñez Feijóo evita pronunciarse sobre términos polémicos y opta por un tono institucional, Vox se apropia del discurso más duro para arañar votos en el flanco conservador. La disputa por el espacio de la derecha es cada vez más intensa, y cada gesto simbólico cuenta. El movimiento de Figaredo, aunque arriesgado, puede resultar rentable electoralmente si logra que la derecha se movilice en torno al discurso de la mano dura. La Fiscalía tiene ahora la palabra; si las denuncias prosperan, Figaredo podría convertirse en un mártir político para los suyos y la tensión dialéctica se dispararía aún más. El veredicto, en cualquier caso, se escribirá tanto en los tribunales como en la opinión pública.
