El Parlamento Vasco aprobó este miércoles la reforma de la ley de empleo público que blinda los requisitos de euskera, con 27 votos a favor del PNV y la abstención de EH Bildu, y el rechazo frontal del PSE-EE, en una sesión que ha puesto de manifiesto la división en la coalición de gobierno.
La aprobación de la norma, que afecta a unos 120.000 empleados públicos en Euskadi, supone un acontecimiento inédito en la década de gobierno bipartito entre jeltzales y socialistas, ya que los dos socios han votado en sentidos opuestos por primera vez en una cuestión de calado.
La abstención de EH Bildu evidencia la división en el Gobierno
El acuerdo, alcanzado tras meses de negociación, permitió al PNV sacar adelante su propuesta inicial con tres enmiendas de última hora, mientras EH Bildu, pese a calificar la iniciativa como un “parche”, optó por la abstención para evitar que decayera.
“No era una opción que el debate se cerrara con todas las propuestas decaídas”, declaró el líder de EH Bildu, Pello Otxandiano, quien ejerció como portavoz en el pleno. Otxandiano calificó el resultado de “salto” comparable a los acuerdos alcanzados en Iparralde y Nafarroa, y subrayó que se había superado “la política de bloques”. Según él, el texto incluye el compromiso de revisar la ley si no funciona, una interpretación que el PNV no comparte.
Por su parte, Markel Olano, del PNV, defendió que la reforma no incrementa las exigencias lingüísticas, sino que da “seguridad jurídica” ante la “ofensiva judicial”. Subrayó que la norma agrupa a una “amplia mayoría” de más de dos tercios de la Cámara, aunque en puridad solo contó con el sí de los 27 escaños nacionalistas.
La reforma de empleo público se aprobó con 27 votos del PNV y la abstención de EH Bildu, frente a los 21 votos en contra de PSE-EE, PP, Sumar y Vox.
El rechazo del PSE-EE y del resto de la oposición
El portavoz socialista, Pau Blasi, acusó al PNV de “deslealtad” al pacto de Gobierno y lamentó que se hubieran abandonado “los consensos y las lealtades”. En una intervención bilingüe, Blasi calificó la tramitación de “mala” y la reforma de “peor”, y retó al PNV a garantizar que todos sus consejeros sean bilingües, en referencia a que algunos no dominan el euskera.
Sumar, por boca de Jon Hernández, criticó la falta de consenso y el “apaño” que, a su juicio, deja “fuera del euskera a muchos trabajadores”. El PP, mediante Santiago López Céspedes, calificó la ley de “atropello” y advirtió de que utilizará “todas las herramientas legales” para recurrirla. Vox despachó la iniciativa como un “pacto entre separatistas” y un “Lizarra lingüístico”.
Las claves de la reforma: perfiles y diferimiento
El texto aprobado incorpora tres enmiendas transaccionales del PNV. La primera obliga a las administraciones a “determinar con el máximo rigor” los perfiles lingüísticos y la fecha de preceptividad en cada plaza. La segunda elimina los índices generales de referencia hasta ahora usados para fijar el porcentaje de puestos con exigencia de euskera, y encomienda al Gobierno Vasco la aprobación de un nuevo decreto que actualice el de 2024. La tercera habilita al Ejecutivo para regular el “diferimiento” de las fechas y las posibles excepciones, con apoyo institucional para quienes necesiten capacitarse.
La reforma nace condicionada por el ámbito judicial: el Tribunal Constitucional tiene pendiente una cuestión elevada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la normativa anterior, y el PP ya ha anunciado que la llevará a los tribunales, mientras Vox ha recurrido medidas similares en el pasado.
