Benahavís opera bajo una dinámica inmobiliaria compleja. Su término municipal combina mansiones millonarias con una acuciante falta de suelo residencial asequible para los jóvenes autóctonos. En este escenario, la convocatoria para acceder a una de las 30 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra se presentaba como la única oportunidad para decenas de familias trabajadoras. Sin embargo, el resultado del proceso de baremación ha quebrado la confianza de los administrados en sus instituciones locales.
La polémica estalló al comprobarse la identidad de las personas que encabezan la lista de seleccionados. Los apellidos de los beneficiarios coinciden de forma reiterada con los de la cúpula del Partido Popular del municipio. Familiares directos de concejales de áreas clave y parientes de asesores municipales han obtenido las calificaciones más altas en el sistema de puntos, superando a perfiles en situaciones de vulnerabilidad económica acreditada.
La coincidencia ha dejado de ser interpretada como una casualidad estadística para convertirse en el epicentro de un debate sobre la ética en la gestión de los recursos públicos. Los colectivos vecinales denuncian que los baremos establecidos en las bases del concurso —que primaban de forma determinante el arraigo, los años de empadronamiento continuo y determinados tramos de renta ponderada— parecían diseñados para favorecer de manera directa a un entorno social muy específico y cercano al consistorio.
La defensa técnica frente a la acusación de clientelismo
Ante la gravedad de las acusaciones, el Ayuntamiento de Benahavís ha cerrado filas en torno a la legalidad administrativa del proceso. Fuentes oficiales del consistorio insisten en que la adjudicación se ha realizado mediante un programa informático que aplica de forma automática los criterios aprobados en el pleno, sin margen para la discrecionalidad política o el favor personal. Desde el equipo de gobierno se recuerda que tener vínculos familiares con un cargo público no exime ni priva a ningún ciudadano de sus derechos constitucionales para optar a una vivienda protegida, siempre que cumpla con los requisitos económicos y administrativos exigidos por la ley autonómica.
Esta explicación técnica no ha sido suficiente para aplacar a la oposición ni a las plataformas ciudadanas. Los partidos de la minoría argumentan que el problema no radica en el funcionamiento del software de baremación, sino en la redacción previa de las bases del concurso. Según sus portavoces, la asignación de puntuaciones extraordinarias por conceptos difíciles de justificar de forma equitativa permitió que perfiles con ingresos estables e inmuebles indirectos en el entorno familiar desplazaran a familias con menores a cargo y recursos económicos severamente limitados.
La tensión política amenaza con trasladarse a los tribunales. Varios de los solicitantes excluidos, respaldados por equipos jurídicos de la oposición, están recopilando la documentación necesaria para interponer recursos de alzada y, en última instancia, solicitar la suspensión cautelar de las adjudicaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Exigen que se revisen uno a uno los expedientes de idoneidad y las declaraciones de bienes de los familiares de los ediles populares para garantizar que no se ha producido un falseamiento de datos u ocultación de patrimonio.
El coste político de un beneficio bajo sospecha
Más allá del recorrido judicial que pueda tener el caso, el impacto en la opinión pública ya es evidente. Benahavís se enfrenta a una crisis de reputación que cuestiona la transparencia de su modelo de gestión. Para una formación política que ostenta el control absoluto de la corporación local, la gestión de esta crisis pone a prueba su capacidad de rendición de cuentas en un asunto de máxima sensibilidad social como es el acceso a un techo digno.
El goteo de informaciones sobre el grado de parentesco de los adjudicatarios con la estructura local del PP ha transformado lo que debía ser un acto de entrega de llaves institucional en un fortín de resistencia política. Con el verano de 2026 en marcha, las llamadas a la movilización ciudadana y las peticiones de comisiones de investigación extraordinarias auguran que el caso de las VPO de Benahavís no se cerrará con la firma de los contratos de alquiler, sino que marcará el ecuador de la legislatura municipal bajo la persistente sospecha del clientelismo.
