Pese a la denegación judicial de febrero, el Gobierno Vasco ha concedido la semilibertad al etarra Asier Arzalluz, condenado por el asesinato del columnista José Luis López de Lacalle en mayo de 2000.
La resolución, firmada por la consejera de Justicia, María Jesús San José (PSE-EE), otorga el tercer grado penitenciario a Arzalluz por segunda vez en cuatro meses. En febrero, la Fiscalía y el juez de Vigilancia Penitenciaria rechazaron la semilibertad por considerar que no se apreciaba una «consistencia temporal» suficiente en su evolución, requisito establecido por el artículo 36 del Código Penal. La concesión del tercer grado requiere, de acuerdo con la Ley General Penitenciaria, un pronóstico favorable de reinserción y la satisfacción de la responsabilidad civil.
Un historial de sangre y la memoria de la víctima
Asier Arzalluz formó parte del comando Ttotto, responsable de múltiples crímenes. Además del asesinato del columnista de EL MUNDO López de Lacalle el 7 de mayo de 2000 —un simpatizante socialista y fundador de Comisiones Obreras en Gipuzkoa—, participó en los atentados contra dos guardias civiles en Huesca y contra el funcionario de prisiones Máximo Casado en Vitoria.
López de Lacalle es recordado cada año por el PSOE de Andoain en un acto al que acuden su viuda, Mari Paz Artolazabal, y sus hijos. En la última conmemoración, celebrada este mes, participó la viceconsejera de Derechos Humanos, Arritxu Marañón, número dos de la consejera San José.
Otros dos presos de ETA beneficiados
Junto al caso de Arzalluz, el Ejecutivo autonómico ha aprobado sendas medidas para otros dos reclusos. Óscar Cerain, condenado a 30 años de prisión por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (2002), ha obtenido el tercer grado. En aquella acción terrorista murieron la niña Silvia Martínez Santiago y el agente Cecilio Gallego Alaminos.
Por otra parte, Arantza Zulueta, antigua responsable del «aparato jurídico» de ETA llamado Halboka, se ha beneficiado del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen de cumplimiento. El Tribunal Supremo ratificó en enero de este año una pena de siete años y medio para Zulueta por organización terrorista y depósito de armas y explosivos.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado estos movimientos. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, afirmó que «se cumple la ley en apariencia, pero se traiciona por completo su espíritu». A su juicio, no existe una verdadera política de reinserción, sino «una política de excarcelación de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real».
Las decisiones del Gobierno Vasco han reavivado el debate sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo, en un contexto de gestión autonómica de las prisiones.
Covite subrayó que Zulueta fue «clave en el entramado que impedía el arrepentimiento de los presos de ETA» y calificó de «insulto a las víctimas» que su caso se presente como ejemplo de reinserción.
La gestión penitenciaria, bajo lupa
La transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco en octubre de 2021 ha sido un punto de fricción política. Desde entonces, la aplicación de los beneficios penitenciarios a etarras ha generado críticas recurrentes de las asociaciones de víctimas y de partidos como el PP y Vox, que acusan al Ejecutivo autonómico de laxitud. Mientras, el Gobierno central guarda silencio; fuentes del Ministerio del Interior consultadas por este diario han declinado valorar las resoluciones.
La decisión de la consejera San José podría ser recurrida nuevamente por la Fiscalía ante el juzgado de vigilancia. De producirse, sería la tercera vez que el caso Arzalluz llega a instancias judiciales superiores, lo que prolongaría la incertidumbre sobre la efectiva salida de prisión de uno de los terroristas más sanguinarios de la historia reciente.
